martes, octubre 14, 2008

Detenidos 3 franceses en Palmira, Valle
El Gobierno impide la libre información sobre el paro de corteros. Continúa persecución contra comunidad internacional
Por organizaciones sociales

La Asociación Nomadesc, la Campaña Prohibido Olvidar y todas las organizaciones miembros de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, denunciamos los graves hechos de persecución contra la comunidad internacional y en particular contra la labor de veeduría y observación internacional, mediante la cual se pretende anular el derecho a la información, a la solidaridad y a estar informados e informar.

Estos hechos se presentan justo en momentos en que el gobierno anuncia endurecer las medidas de orden público contra los trabajadores de la industria de la caña de azúcar que se encuentran en asamblea permanente con cese de actividades desde el 15 de septiembre de 2008.

También contra los trabajadores de la Rama Judicial que iniciaron su paro el 1 de septiembre pasado y en momentos en que los indígenas y campesinos del Cauca, se encuentran reunidos en la María Piendamo, en la Minga por la Vida desde el 12 de octubre de 2008, en donde han convocado al presidente Álvaro Uribe, por las graves amenazas y crímenes de lesa humanidad de los que vienen siendo victimas por parte de paramilitares y fuerza pública.

A las 12:45 aproximadamente del 13 de Octubre de 2008, los ciudadanos franceses Damián Fellous, identificado con pasaporte 07CI42976, Julián Dubois, identificado con pasaporte 05EI56809 y Joris Prot, identificado con pasaporte 07CP21469, fueron detenidos por efectivos del DAS, cuando se encontraban realizando una labor periodística en los sitios de concentración de los trabajadores de la industria de la caña de azúcar.

Los periodistas habían efectuado la verificación de las condiciones de los trabajadores en los Ingenios Manuelita y Providencia. Situación de la cual portaban fotos e información.

Damián Fellous, de profesión periodista, quien se desempeñara como fotógrafo y en la actualidad se encuentra en el país como cooperante con el Instituto Nacional Sindical, con el fin de efectuar una investigación sobre los impactos de las violaciones de derechos humanos en varias regiones del país.

Los tres ciudadanos extranjeros fueron detenidos en el ingenio Central Tumaco, que esta ubicado en la vía Palmira, al lado de la sede de la Universidad Nacional, y obligados a abordar el vehículo Nissan, de placas CND 094 de color gris tipo cuatro puertas y trasladados a la sede del DAS en la Ciudad de Santiago de Cali, sin permitir que los trabajadores o directivos sindicales que se encontraban con ellos los acompañaran.

Los directivos nacionales del Sindicato de la Industria de Alimentos, Sinaltrainal, Diego Rodríguez, Gonzalo Quijano y Edgar Paez, debieron seguir el carro del DAS, en un esquema de seguridad asignado a ellos por el Ministerio del Interior y estando en el DAS, Cali, quisieron indagar en compañía de un abogado defensor de derechos humanos por la suerte de los tres ciudadanos franceses sin obtener ningún resultado.

De la misma manera las organizaciones firmantes intentamos ponernos en comunicación con el DAS, y se nos negó totalmente la información, otras autoridades como el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, no atendieron, ni los números de contacto de emergencia que se aspira funcionen las 24 horas.

Hasta esta hora los ciudadanos franceses se encuentran aislados, y desconocemos la suerte que corran.

Este caso y el ocurrido con la ciudadana alemana Friederike Müller, expulsada del país hace unos días, muestran claramente la política del gobierno en el sentido de impedir a nacionales e internacionales verificar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante este gobierno.

Por lo anterior, los llamamos con urgencia, a dirigirse a las autoridades colombianas, cancillerías en cada país, organismos intergubenarmentales de derechos humanos y representaciones diplomáticas de Colombia en el exterior, a fin de que se exija al gobierno de Uribe, respeto por las libertades civiles.

Como es de conocimiento público, nuestras organizaciones sociales y sus integrantes que tienen sede en el país, desarrollamos labores de promoción, defensa y protección de los derechos humanos, labores que por iniciativa propia realizamos en todo el territorio nacional amparados por el régimen constitucional y legal, y se constituye en un esfuerzo de hombres y mujeres por lograr una vida digna para todos los colombianos y colombianas.


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