Gobierno colombiano, culpable
Por: Alfredo Molano Bravo

Hace pocos días en una calle populosa que ya no frecuento, me encontré de manos a boca con un viejo amigo. Abrazo, golpecitos en la espalda y el tradicional “¿cómo andas?”.

“Bien, alegre”, me respondió sonriente. Uno suele pasar inadvertido sobre los cumplidos, pero a veces, como para alargar el encuentro, vuelve a la carga: “¿Alegre?”.

“Sí, me dijo, acaban de encontrar el cadáver de mi hermano”. “¡¿Cómo?!”. “Sí, tenía seis tiros en la cabeza y pudimos hallarlo, gracias a las declaraciones de H.H”. Silencio. Dos palabras más, y un cobarde, “suerte, hermano”.

A dónde hemos llegado, quedé preguntándome, cuando alguien se alegra por haber encontrado el cadáver de un ser querido. Y en esa condición hay miles y miles de colombianos. Para ser exactos: desde 1985, han hecho desaparecer a 25.000 ciudadanos y sólo unos pocos han sido hallados en fosas comunes. Los gobiernos se alzan de hombros y sin más se confiesan impotentes.

Contados con los dedos de una mano han sido los condenados por estos crímenes. ¿¡Quién, si no el Estado, puede blindar estas violaciones sistemáticas a la vida!? ¿A quién esconde bajo el manto de tan repugnante impunidad? Entre 2002 y 2007 han sido asesinadas o desaparecidas 11.292 personas y 955 han sido ejecutadas extrajudicialmente, según el Tribunal de los Pueblos que sesionó en Bruselas esta semana.

El Tribunal Permanente de los Pueblos es el heredero del célebre Tribunal Russel, que juzgó a EE.UU. por los crímenes cometidos en Vietnam y condenó las dictaduras de los setenta en América Latina.

Es una especie de conciencia mundial de la humanidad. El Tribunal juzga y condena con base en los tratados internacionales vigentes de DD.HH., así sus fallos no impliquen más que una condena moral.

En Colombia se han llevado a cabo durante varios meses tribunales internacionales especializados que han examinado la violación al Derecho Internacional Humanitario, escuchado cientos de testimonios sobre la complicidad de las empresas multinacionales en los crímenes, y en Bruselas la máxima instancia del Tribunal ha condenado al Gobierno actual de Colombia por crímenes de lesa humanidad y encontrado responsables de complicidad a las grandes multinacionales que negocian en el país con las necesidades de nuestra gente.

En buena medida el Tribunal no ha hecho más que confirmar a un alto nivel las denuncias diarias que vienen haciendo desde hace muchos años Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Wola y una extensa y perseguida red de ONG nacionales.

El Gobierno se reirá de lado cuando conozca la sentencia. No así Pachito Santos cuando deba responder azorado los cuestionamientos que le harán en las oficinas de Cooperación Internacional de la Unión Europea.

Allí no estará hablando con un reportero de El Tiempo ni con su ejército de escoltas sino con ejecutivos bien informados y nada pendejos que querrán poner en negro sobre blanco la relación entre los delitos cometidos por el Estado que el Tribunal condenó y los programas que la Unión Europea financia.

Porque Pacho ha logrado amarrar toda la ayuda de la Cooperación a los planes clientelistas Familias en Acción o guerreristas Cooperantes y Guardabosques que el Gobierno lleva a cabo bajo el logo de Acción Social.

Tarde o temprano los gobiernos europeos y sus electores comenzarán a sentir el peso de las acusaciones de complicidad de las grandes transnacionales europeas con los crímenes que el Tribunal ha fundamentado, y entonces, Pachito saldrá de las oficinas de Cooperación mirándose la punta de sus relucientes florsheim shoes.

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Nota: escrito lo anterior se conoció la expulsión de Vivanco, director de Human Rights Watch, de Venezuela. Inadmisible. Ni que fuera embajador de Bush.

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