Nariño
Terror paramilitar genera grave crisis humanitaria en Satinga
Múltiples Asesinatos, desplazamientos masivos, mujeres violadas, desapariciones forzadas y persistentes amenazas, son algunos de los flagelos que padece este departamento del sur de Colombia
Por Camilo Raigozo. Voz

Solo comparable a lo ocurrido en Urabá a finales de la década de los 90 y comienzos de esta, cuando la alianza entre autoridades civiles, militares y paramilitares, bañaron de sangre y dolor esa región del país, en un holocausto vergonzoso en la historia de Colombia, es lo que ha estado ocurriendo en el departamento de Nariño durante los últimos meses.

Asesinatos, desapariciones forzadas, accesos carnales violentos, amenazas de muerte, saqueos, hurtos de bienes y desplazamientos forzosos, son parte de las técnicas de terror que el Estado viene ejecutado con la estrategia paramilitar ahora con nombres tales como “Autodefensas Campesinas de Nariño”, "Águilas Negras", “Los Rastrojos” y otros más, según se necesite.

Como en Urabá, el Magdalena Medio, Cordoba, el Catatumbo y otras regiones de dolorosa recordación, en Nariño las actuaciones paramilitares se desarrollan en medio de fuerte presencia de tropas del Ejército Nacional.

Es así como en el municipio Olaya Herrera, más conocido como Bocas de Satinga, exactamente en el sitio La Cuneta en el caserío El Cande, entre la base que unos 500 paramilitares tienen allí y una base de control permanente de la Infantería de Marina, no hay más de cinco minutos de distancia en embarcación, según lo denuncian varias organizaciones defensoras de derechos humanos y la misma comunidad.

Sin embargo, los criminales ejecutan sus actos atroces a su antojo, sin que los uniformados regulares intervengan en la protección de la población civil inerme.

Con el pretexto uribista de perseguir a la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, las estructuras paramilitares han recrudecido sus crímenes contra la población civil, en medio de una significativa presencia militar sobre el río Sanquiangua.

Según la ONG defensora de derechos humanos, Justicia y Paz, las desapariciones forzadas, la violación a las mujeres, las amenazas, las torturas, los saqueos y tratos crueles, además de los asesinatos, ha provocado el desplazamiento masivo de varias veredas.

Según un comunicado enviado por la diócesis de Tumaco a este medio, hasta el pasado 26 de junio se habían reportado un total de 256 familias desplazadas, es decir unas 1200 personas, de las cuales 482 son menores de edad.

Estas personas están temporalmente ubicadas en hacinamiento en casas de familias que los han acogido, dice el comunicado de la diócesis.

Por las mismas causas se desplazaron también pobladores de San José de la Turbia, Bajito Soledad, Herradura, Guavillares y Bocas del Canal, entre otros.

En el último año el ejército ingresó a la región y sus hombres saquearon bienes de la población, amenazaron de muerte a pobladores en los límites con el río Patía, en las 31 comunidades afrodescendientes del Consejo Comunitario del río Sanquianga y el resguardo indígena Eperara Siapidara.

En todos los lugares, según lo denuncia Justicia y Paz, los mismos uniformados del Estado anunciaron el ingreso de los paramilitares del “Bloque Libertadores del Sur”. Dos meses después de salir el ejército se realizó la primera incursión paramilitar a la región de Satinga.




Realizaron una masacre y se quedaron en una base ubicada en el casco urbano del municipio, donde además de controlar a la población, también controlan el tráfico de drogas ilícitas.


“Hasta el día de hoy el río Sanquianga permanece bajo el control de la Infantería de Marina y los paramilitares al mismo tiempo. El desplazamiento masivo, el familiar y el gota a gota, están dejando el territorio sin los legítimos habitantes ancestrales”, afirma Justicia y Paz en un completo informe.



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