Diálogos de pazPor: Semanario Voz
El comandante Timoleón Jiménez está en las montañas de
Colombia, bajo el ruido de los aviones y los helicópteros de combate de la
Fuerza Pública que lo buscan con afán. Quieren exhibir otro trofeo de guerra.
Se cuida lo necesario pero está al frente de las tropas
insurgentes y en permanente comunicación con los miembros del Secretariado, del
Estado Mayor Central, de los Bloques y frentes.
Conoce a diario la situación y, en los últimos días, de
cómo transcurrió la tregua unilateral, decretada por las FARC desde el mes de
noviembre con vencimiento el 20 de enero.
Está informado al dedillo de todos los incidentes de la
Mesa de Diálogos de La Habana. La comunicación con Iván Márquez y los miembros
de la Delegación de Paz de las FARC-EP es fluida.
Es necesaria para mantener
informada a toda la organización, clave de su cohesión y decisiones colectivas.
Como lo asegura en la entrevista, todas las FARC-EP están
comprometidas con el proceso de paz y la orientación política y militar.
Desmiente lo de supuestas divisiones por los lados del
Bloque Sur, porque no hay una sola declaración, un solo pronunciamiento, de
Joaquín Gómez o Fabián Ramírez en que rechacen los diálogos de paz. “No hay
divisiones ni nada que le parezca”, dice sin ambages.
Es una sola política y una sola orientación a toda la
guerrillerada, se desprende de sus palabras. Advierte de la existencia de un
comunicado reciente del Estado Mayor del Bloque Sur a sus unidades en que las
orienta al respecto.
Acepta como obvio que existan opiniones tan dispares
entre las partes. Para eso es el diálogo, si pensaran igual no habría conflicto
ni necesidad de sentarse en una mesa a buscar acuerdos políticos y sociales.
“Por eso, dice Timoleón Jiménez, creemos que dicha
posición está sujeta a cambios en el curso de las conversaciones”, refiriéndose
al inamovible de no aceptar discutir el modelo económico y social.
Se ha cumplido lo
que podríamos llamar el “arranque” de la Mesa de Diálogos de La Habana, que
culminó el pasado 21 de diciembre,
¿qué balance se
podría hacer? ¿Pinta bien el proceso o la perspectiva es de otro fracaso como
lo anuncian los pesimistas?
Me parece que la expresión el arranque, que ustedes usan,
es apenas la más apropiada para describir lo cumplido hasta ahora.
Se han producido anuncios, actos formales de instalación,
ruedas de prensa y múltiples declaraciones, pero la verdadera discusión de los
temas de la agenda apenas comienza.
El Foro sobre desarrollo agrario integral abrió la puerta
a la participación de la población colombiana en el proceso.
También han llegado a la Mesa por otros conductos
innumerables propuestas sobre la materia. Se ha empezado a hablar en la Mesa
con distintos sectores vinculados al problema de la tierra.
Todo eso tiene gran importancia, es indicativo de que las
cosas marchan bien, sobre todo porque como informan los delegados nuestros
desde La Habana, esa oleada de voces coincide en un auténtico clamor por
cambios estructurales.
La posición del Gobierno ha sido pública y enfática, en
el sentido de no admitir debates sobre modelos de desarrollo en ninguno de sus
aspectos.
Pero bueno, es su
posición, la posición de una de las partes que se sienta con otra a buscar la
solución política al conflicto. Por eso creemos que dicha posición está sujeta
a cambios en el curso de las conversaciones. Para eso es una mesa de diálogo.
Nosotros podríamos partir de exigir el poder o la
extinción total de la gran propiedad rural, que siguen siendo parte de nuestras
metas, pero sabemos que de ese modo no llegaríamos a ningún lado.
El Gobierno debe tener compromisos políticos y pactos de
lealtad con intereses muy poderosos en el campo, sin embargo, ellos no pueden
constituir la exclusiva guía para su conducta.
La dinámica política puede conducir a la prevalencia de
otros intereses. Al respecto somos optimistas. No cabe duda que las
movilizaciones sociales que seguramente se producirán este año tendrán grandes
repercusiones en todo esto.
Respecto a la
duración de este proceso que es complejo y difícil, ¿cuál es el “tiempo
razonable” para las FARC-EP, porque el Gobierno Nacional tiene un plazo hasta
noviembre del presente año?
Lo razonable es no comprometer plazos, aunque voces
interesadas interpreten esto como la eternización de unos diálogos inocuos. Los
enemigos de la paz y de este proceso siempre se hallan prestos a las
exageraciones y distorsiones. Se trata es de partir de realidades.
En mayo cumpliremos 49 años de confrontación armada, que
se prolongarán quizás cuántos más si no se logra un acuerdo de reconciliación.
Frente a esto ¿qué sentido tiene armar un escándalo por
unos meses más o un par de años más de diálogos, cuando de lo que se trata es
de consolidar la terminación del conflicto y la paz en nuestro país?
Tras uno o más lustros de guerra siempre se volvería a
una Mesa, así que es mejor, sin afanes, ahorrarle toda esa sangre a Colombia.
La participación
social y popular ha sido uno de los temas de debate. Es evidente que el
Gobierno Nacional prefiere un proceso aislado de la realidad nacional, sin
“ruido” como dice con desprecio.
¿Cree que la
positiva experiencia del Foro Agrario debe repetirse en los siguientes puntos
de la Agenda contenida en el Acuerdo de la “fase exploratoria”?
Le decía que la experiencia del Foro Agrario Integral
abrió la puerta a la participación popular en el proceso. En adelante, esta
debe crecer como una bola de nieve que rueda nevada abajo.
El pueblo colombiano no necesita permisos del gobierno
para pronunciarse y movilizarse. En gran medida esa es la paz que buscamos, la
de la participación decisoria de la nación en las grandes definiciones que
atañen a su futuro. Eso ya no se puede seguir prohibiendo en Colombia.
El Gobierno al
parecer tiene dos discursos respecto al proceso de paz. Algunos voceros
gubernamentales dicen que el Ministro de Defensa suele salirse del “libreto”,
pero nadie lo pone en cintura.
¿Será una táctica
del Gobierno en el sentido de que unos hagan de “buenos” y otros de “malos”? ¿O
es abierto desafío al presidente Santos del sector ultraderechista y
guerrerista en el Gobierno?
No creemos que se trate de tácticas o desafíos de la
extrema derecha al Presidente Santos. Más bien es el reflejo político de los
distintos intereses económicos que bullen en las alturas.
El actual gobierno es heredero de la seguridad
democrática, un practicante devoto del credo neoliberal, desempeña a cabalidad
su papel de agente del imperio en el sur del continente, confía ciegamente en
la Espada de Honor, su plan militar de
exterminio.
Su apuesta a la paz por vías del diálogo pone de
manifiesto la fuerza que en el interior de su coalición toman determinadas
conveniencias de momento, pese a la tozudez de algunos contradictores internos.
Lo que está claro es que su idea de paz no coincide con
la de las grandes mayorías desfavorecidas, y ese es el verdadero debate.
A propósito de
este tema, algunos “analistas” de la derecha le atribuyen la misma conducta a
las FARC-EP (la de los dos libretos) y ponen como ejemplo la ausencia del
Bloque Sur en la delegación de Paz que está en La Habana. ¿Qué opina al
respecto?
Gran parte de la intelectualidad y la academia cooptadas
por el unanimismo neoliberal desde los
años 90, se especializó, no sabemos de qué modo, en el estudio de las FARC.
Ustedes los escuchan o leen todo el tiempo pontificando sobre nosotros.
En realidad todos ellos son agentes a sueldo del gran
capital, cumpliendo con su deber de satanizar las alternativas políticas y
sociales al modelo depredador, cuando no hacen parte de las operaciones
sicológicas desarrolladas por la inteligencia militar.
No hay una sola declaración de Joaquín Gómez o Fabián
Ramírez que exprese algún tipo de discrepancia con el resto del Estado Mayor
Central de las FARC.
En aras de la información objetiva, podemos entregarles
para su publicación, la circular emitida por el Bloque Sur de las FARC a todos
sus combatientes con relación al actual proceso de paz. Ella sola pone en su
lugar toda esa charlatanería barata.
En las
organizaciones sociales y populares existe una preocupación, porque el Gobierno
Nacional mientras hace presencia en La Habana, en Colombia tiene una agenda
antipopular, neoliberal y reaccionaria,-
como el fuero
militar (ya aprobado), la reforma tributaria (ya aprobada), la reforma
pensional en camino y otras medidas para descargar el peso de la crisis sobre
los trabajadores.
Son mensajes
equívocos gubernamentales. ¿Cómo hacer para que ello no le quite legitimidad y
peso a la Mesa de La Habana?
La Mesa de La Habana está muy lejos de ser la Notaría
encargada de avalar las antipopulares y antipatrióticas políticas del gobierno
de Juan Manuel Santos.
Precisamente allá estamos sentadas también las FARC con
el propósito indeclinable de denunciar y contradecir esas políticas que por
servir de modo exclusivo a unas élites se convierten en combustible permanente
del conflicto.
La Mesa es una conquista del pueblo colombiano, una
ventana a la verdad, una puerta que se le abre a la muralla de la intolerancia
y la violencia, para luchar por grandes transformaciones en el país.
Su legitimidad y peso real se encuentra en el
protagonismo que el movimiento popular y social de Colombia asuma por la
conquista de una nueva patria.
En esa lógica, las políticas neoliberales de Santos sólo
podrían fortalecer la importancia de la Mesa de La Habana como instrumento de
lucha para combatirlas.
¿Están las FARC
dispuestas a mantenerse en la mesa, hasta el final, cuando haya un acuerdo de
paz estable y duradera?
Eso está fuera de toda duda.
El ELN y el EPL
están planteando la decisión de abrir el diálogo con el Gobierno, ¿cómo lo ven
las FARC-EP y cree que en algún momento esos procesos puedan encontrarse?
Nos parece un planteamiento correcto, la guerra no puede
ser el destino de esta nación. De hecho en el primer punto del Acuerdo General
quedó planteada la invitación a los demás grupos insurgentes a sumarse a este
proceso.
Guardamos el más absoluto respeto por las decisiones de
las direcciones de esas organizaciones revolucionarias, lo que no nos impide
considerar que en una sola Mesa la unidad del movimiento popular tendría mucha
mayor relevancia.
Sobre todo cuando voceros de la oligarquía, como Enrique
Santos Calderón, se han expresado en términos tan despectivos con relación a la
importancia de esas organizaciones.
Para algunos
partidos y sectores de la izquierda, los procesos de paz de las guerrillas
deben ser útiles para estimular la unidad popular, para una nueva realidad
democrática y social que le dé al pueblo colombiano la opción de poder. ¿Cree
usted eso posible?
No solamente es posible, sino absolutamente necesario y
urgente.
