Terrorismo de Estado/Por Camilo Raigozo
La Corte Constitucional pidió la creación de una comisión
especial para agilizar las investigaciones sobre las denuncias de las comunidades,
informó El Espectador.
Ante las continuas agresiones de militares y paramilitares
contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de los señalamientos
perversos del Gobierno contra esa comunidad a la que le han asesinado más de
200 personas, la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno “la presentación oficial de la retractación frente a las acusaciones
realizadas contra la Comunidad”.
Para los habitantes es claro que se trata de los
señalamientos generalizados que se hicieron en contra suya particularmente
durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez.
Como se recuerda, el 21 de febrero de 2005 el Ejército,
conjuntamente con paramilitares, masacraron a tres niños y cinco adultos, miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Luego de la masacre los altos mandos castrenses y el
presidente Uribe, con la complicidad de los medios de comunicación, trataron de
convencer a la opinión pública de que los autores de la demencial barbarie
habían sido las FARC.
Sin embargo las valientes denuncias de la comunidad
desmintieron a unos y a otros y desde un principio sostuvieron que los
responsables eran el Ejército y los paramilitares.
Cuando ya les fue imposible sostener las falacias, el
presidente Uribe justificó la acción criminal del Ejército y los ‘paras’, con
el argumento de que parte de la comunidad pertenecía a la guerrilla.
La Corte le ordenó al Ministerio del Interior coordinar
que dicha retractación pase y presente junto con la Defensoría del Pueblo, antes
de tres meses, un plan de prevención y protección colectivo que contribuya a la
protección de la vida, integridad, seguridad, y libertad de la comunidad de paz.
Igualmente el alto tribunal instó a la Fiscalía para que
conforme en un mes o menos, una comisión con funcionarios de alto nivel y
capacidad de decisión, para que examine a profundidad las denuncias que han
interpuesto los miembros de la comunidad y para identificar los obstáculos que
han contribuido a la impunidad.
Así mismo –menciona El Espectador- el Ministerio del
Interior y el Ministerio de Defensa deberán establecer “un procedimiento de
revisión de la aplicación de los principios del Derecho Internacional
Humanitario que faciliten el cumplimiento del deber constitucional de la Fuerza
Pública y el respeto de los derechos de la Comunidad de Paz”.
Voceros de la Brigada 17 sostienen que las medidas que se
han tomado para respetar los derechos de la comunidad han sido suficientes. Sin
embargo la comunidad de San José, desmiente esas versiones. “Más que promesas,
la Comunidad quiere hechos concretos de verdad y justicia”.
Según las denuncias constantes de la Comunidad de paz de
San José de Apartadó, el Ejército, la Policía y los paramilitares, continúan
actuando conjuntamente en la comisión de crímenes contra los pobladores,
mientras los gobiernos local, departamental y nacional, miran para otro lado.
