Parauribismo/A continuación transcribimos apartes de un artículo del periodista Alfredo Molano Jimeno publicado en El Espectador. Com, donde se recrea uno de los cientos de miles de casos similares o iguales de despojo que suceden en el país bajo la estrategia paramilitar:
Histórico proceso de restitución en Villavicencio
Por: Alfredo Molano JimenoLitigio de tierra entre un narcotraficante preso en EE.UU. y la familia de un exmilitante de la UP.
El Meta fue uno de los departamentos donde el despojo
agrario alcanzó niveles escandalosos. Así lo ha venido probando la Unidad de
Tierras del Ministerio de Agricultura, que documentó un episodio en el que un
exmilitante de la Unión Patriótica fue obligado a entregar sus predios a un
narcotraficante de la región.
Después de 20 años
de sucedidos los hechos, que albergan desplazamiento, persecución, despojo y
hasta la desaparición de la víctima, el organismo oficial recopiló las pruebas
y puso en manos de los jueces agrarios la información por la que solicita
declarar nulo el negocio y ordenar la restitución de las tierras a sus
legítimos dueños.
El caso refiere al exmilitante de la Unión Patriótica
Epimenio Velasco, quien en mayo de 1986, junto a sus hijos, adquirió cuatro
lotes en la vereda Servitá, municipio de Villavicencio, por valor de $800.000
cada uno.
Cuatro años más tarde, un extraño personaje, de nombre
Dago Enrique Rodríguez Bejarano, se presentó ante la familia Velasco y expresó
su deseo por comprar los predios. La respuesta de la familia fue un no rotundo.
Entonces comenzaron las amenazas. Cada tanto aparecían en
la finca hombres armados. La situación se volvió tan crítica que el dirigente
político tuvo que radicarse en Bogotá con su familia, que desde ese entonces no
volvió a ser la misma.
Fue tal la presión ejercida por las armas al servicio de
Dago Rodríguez, que finalmente Epimenio Velasco y una de sus hijas tuvieron que
suscribir una escritura pública para trasladar el dominio de sus tierras a
Rodríguez Bejarano.
Y fue con tal grado de intimidación que hasta se vieron
obligados a falsificar la firma de una de las hijas de Velasco.
Aunque el negocio se cerró en abril de 1991, por $10
millones, en la práctica la familia Velasco no recibió un solo peso. Sin
siquiera sonrojarse, los despojadores protocolizaron los documentos en la
Oficina de Instrumentos Públicos de Villavicencio.
“En esos años, ser campesino y militante de un partido de
izquierda era suficiente razón para ultrajarlo, con el agravante de que no
podría denunciar lo ocurrido, porque sería peor para la víctima”, anota uno de
los familiares de Velasco.
El 24 de mayo de 1992, un año y medio después del
fraudulento negocio, Epimenio Velasco, quien oficiaba como inspector de Policía
del municipio de San Carlos de Guaroa, fue desaparecido. La última noticia que
se tuvo de él fue que lo bajaron de un bus en un retén paramilitar entre
Villavicencio y San Carlos.
Entre tanto, Dago Rodríguez Bejarano adoptó una decisión
estratégica para consolidar el dominio de los predios. Como cada lote tenía una
matrícula inmobiliaria independiente, procedió a englobar los terrenos y formar
una sola unidad que denominó “Villa Diana”.
Para darle validez a su actuación, en septiembre de 1999
promovió una escritura pública y matriculó el nuevo bien en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio.
Hasta ese momento todo parecía favorecer a Rodríguez
Bejarano. Sin embargo, las autoridades constataron que detrás de sus negocios
escondía labores de narcotráfico. Por eso la Policía lo detuvo en 2006.
De inmediato el gobierno de Estados Unidos lo solicitó en
extradición. El 26 de septiembre de 2007 la Corte Suprema de Justicia conceptuó
la procedencia del envío de Dago Rodríguez a una cárcel norteamericana y en
noviembre del mismo año la extradición se hizo efectiva.
A partir de entonces, el hijo de Dago Rodríguez,
valiéndose de un poder otorgado por su padre, empezó a mover sus fichas. En
mayo de 2008 transfirió el dominio de la propiedad a Pablo Ramírez Piñeros a
través de una escritura en la que fijó el valor del predio en $50 millones.
No obstante sucedió algo más increíble. Dos años después,
nuevamente negociaron los terrenos por el mismo valor, pero esta vez Ramírez
Piñeros como vendedor y el hijo de Dago Ramírez como comprador.
El caso llegó a la Unidad de Tierras, cuyo director
territorial en el Meta, Rubén Darío Revelo, optó por tomar cartas en el tema.
Lo primero que hizo fue advertir que el asunto en
discusión era un claro episodio de violencia, recordando que el líder y activista
de la Unión Patriótica fue desaparecido y que además los negocios respecto a
sus propiedades privaron arbitrariamente a sus hijos y su cónyuge del derecho
de propiedad que ostentaban.
En consecuencia, Rubén Darío Revelo concluyó que el
actual poseedor de los bienes, en calidad de opositor del litigio planteado por
la familia Velasco, tiene la carga de probar la buena fe.
Es decir, que Dago Yesid Rodríguez, hijo del extraditado
Dago Rodríguez, no obró de buena fe pues sabía que los bienes provenían de una
venta fraudulenta.
La petición del director territorial de la Unidad de
Tierras al juez agrario es que se declare inexistente la compraventa de los
cuatro predios que hoy hacen parte de “Villa Diana”, que se adopte la misma
determinación con todos los negocios celebrados con posterioridad por el
despojador y que se desenglobe el bien inmueble para que vuelva a ser como era
antes.
Adicionalmente la Unidad de Tierras solicita que se
ordene la restitución de los predios a la familia Velasco y cancelar todo
antecedente de títulos, falsas tradiciones o medidas cautelares que tengan que
ver con los lotes y le pide a la Fuerza Pública que acompañe la entrega
material del predio.
Sin embargo, el intento de la familia Velasco por
recuperar sus tierras ha sido motivo de nuevas angustias. Desde que el proceso
empezó a andar, los hijos de Velasco han recibido amenazas para que desistan de
su pretensión.
La Unidad de Protección de Personas ya tiene conocimiento
del caso, pero hasta ahora sólo les ha entregado un celular como medida de
protección. El proceso ya está en manos de los jueces agrarios y, como advirtió
la familia Velasco, la vida de las víctimas de este despojo está en manos del
Estado.
