Baraya, HuilaPor Camilo Raigozo
La Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila
denunció los atropellos a los que son sometidas las comunidades por parte de militares
pertenecientes a la Brigada 9 del Ejército, con sede en Neiva.
“Denunciamos las graves violaciones a los derechos de
libre movilidad, al debido proceso, a la vida y a un trato respetuoso y digno, sufren
los habitantes de las veredas Nueva Reforma, Versalles, Río Blanco, por parte
de autoridades civiles y militares”, expresa la asociación.
En la primera semana de septiembre del año 2012, el sargento
Hernández, perteneciente al Batallón Tenerife, quien está a cargo de las tropas
que ocupan la zona norte del municipio de Baraya,-
llegó a la vivienda de Sandra
Milena García, quien forma parte de la asociación campesina y secretaria de la junta
de acción comunal de la vereda Nueva Reforma.
El sargento Hernández le exigió el listado de socios de
la vereda con sus respectivos números de cedula.
Ella se negó, a lo que el militar respondió que tenía
autorización de la presidenta de la junta de la vereda, María Inés Ayala, lo
cual era falso.
Hernández adujo que él era la ley por lo tanto podía
acceder a esos datos y obligó a Sandra Milena a entregarle todo el listado de
socios de la vereda Nueva Reforma, con sus respectivos números de cedula.
El 18 de octubre del año 2012, cuando los campesinos que
regresaban a las veredas Nueva Reforma, Versalles y Rio Blanco, tras haber
participado de la Semana de la Indignación, fueron abordados por militares al
mando del sargento Hernández en el sitio El Rocío, vereda Nueva Reforma.
Los uniformados obligaron a los labriegos bajar de las
chivas y les solicitaron las cedulas de todos. Posteriormente anotaron todos
los datos de las cedulas en un cuaderno,-
argumentando que todos los que habían
participado en la movilización estaban de parte de la guerrilla y aquellos que
no participaron apoyaban el Ejercito.
“Estas actuaciones violan flagrantemente el Principio
Humanitario de Distinción, base del derecho internacional humanitario que exige
a los actores armados no vincular a los civiles al conflicto, y establecer una
distinción entre combatientes y no combatientes
“También infringen el Artículo 3 común a los Convenios de
Ginebra, el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, los artículos 21
y 29 de la Constitución Política de
Colombia,-
"la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de
Derechos Humanos de la OEA, entre otros”, advierten los campesinos en su denucia. Foto: Carlos Murcia.
