domingo, noviembre 25, 2012

Anzorc propone un programa nacional de Zonas de Reserva Campesina y pide que sea escuchada en la mesa de diálogos de La Habana
Por Cesar Jerez

La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, denunció el 24 de Noviembre en el Congreso de la República de Colombia, que el Ministerio de Defensa y la cúpula militar ejercen una especie de veto sobre el proceso de constitución de Zonas de Reserva Campesina en Colombia.

Anzorc reclamó su participación en el proceso de paz, en el primer punto de la agenda sobre desarrollo agrario especial y específicamente en el tema de "Protección de Zonas de Reserva Campesina"-
 
y anunció que si no se atiende su solicitud de participación en el proceso de manera formal, enviará una delegación de dirigentes campesinos de las ZRC a La Habana para radicar en la mesa sus propuestas de construcción de un sistema y un programa nacional de ZRC.

El siguiente es el texto completo de la intervención de Anzorc  en la sede del Congreso, durante la sesión de las Mesas de trabajo regionales para contribuir al fin del conflicto del Congreso de la República:

Las ZRC son una iniciativa agraria de paz. Anzorc propone un programa nacional de Zonas de Reserva Campesina y reclama su participación en la mesa de diálogos de paz.

Anzorc representa 36 procesos organizativos, sociales, que en el país construyen ZRC. Somos más de un millón de colombianos y colombianas los que habitamos en unas seis millones de hectáreas dentro de las Zonas de Reserva Campesina constituidas y de hecho de Colombia.

Las ZRC somos un proceso político y social acumulado en la lucha por la tierra. Somos hijos e hijas resistentes del despojo, del desplazamiento forzado, de la violencia política, de la guerra.

Las ZRC son hoy parte fundamental de un movimiento campesino que se reconstruye y se reconfigura en el contexto de un prolongado proceso de persecución política y de exterminio contra el campesinado colombiano.

Las ZRC son también un fiel indicador de que pese a todos los empeños para desalojar el campo y descampenizar al país, finalmente no lo lograron, resistimos, pervivimos y aquí estamos.

Hoy podemos decir desde acá con tranquilidad y con mucha responsabilidad que el conflicto por la tierra en nuestro país está abierto, que es un conflicto todavía irresuelto, que es un conflicto estructural ubicado en la génesis de la guerra y que las ZRC pueden ser el comienzo de su solución. Si nos ponemos de acuerdo entre todos.

Las ZRC son, en resumen, el resultado de la lucha histórica del campesinado colombiano por el acceso y el derecho a la tierra y el territorio.

Es necesario recordar que las ZRC están consagradas en la ley 160 como figura de ordenamiento territorial con la finalidad contener la extensión de la frontera agrícola; para corregir los fenómenos de inequitativa concentración de la tierra, evitar la fragmentación antieconómica de la propiedad, para crear las condiciones para la consolidación de la economía campesina;-

para regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos; para crear y constituir una propuesta integral de desarrollo rural, de ordenamiento territorial, de gestión pública y política;-

para facilitar la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural, fortalecer los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural entre el Estado y las comunidades rurales, garantizando la adecuada participación del campesinado en las instancias de planificación y toma de decisiones. Todo esto está en el papel que pueden llegar a jugar las ZRC.

El actual gobierno de Santos, finalmente, ha reconocido que Colombia ha vivido durante las últimas décadas un conflicto político, social y armado, prolongado e intenso, que ha afectado principalmente a la población rural,-

ocasionando entre muchas otras violaciones y vulneraciones, el asesinato de decenas de miles de campesinos y el desplazamiento forzado de millones de pobladores rurales y un cuantioso despojo de tierras a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, estimado en seis millones de hectáreas.

Partiendo de este reconocimiento y después de 8 años de oscurantismo en los que se considera que el país retrocedió 30 años en materia de desarrollo e institucionalidad rural, el gobierno se ha propuesto construir una política pública agraria-

y de tierras que eventualmente buscaría restituir las tierras despojadas, cerrar la frontera agrícola e introducir enfoques e iniciativas de desarrollo territorial y rural que superen la pobreza y la marginalidad social que caracterizan al mundo rural colombiano.

Sin embargo, llama la atención que las aparentes buenas intenciones del discurso institucional chocan con el modelo de desarrollo y las iniciativas centrales del gobierno, como lo son la concesión de los territorios para la explotación energética, petrolera, minera y la agroindustria a gran escala.

Actividades que claramente configuran un escenario del campo sin campesinos y una depredación ambiental sin precedentes en la historia del país. En este complejo marco actual, el gobierno ha decidido, en respuesta a la presión del campesinado organizado, reactivar e impulsar las Zonas de Reserva Campesina (ZRC).

El anuncio gubernamental realizado durante el primer encuentro nacional de ZRC llevado a cabo en Barrancabermeja en Agosto de 2010, suscitó primero muchas inquietudes y después una gran expectativa.

Empero, el proceso de reactivación de las ZRC y la constitución de nuevas ZRC se ha encontrado con múltiples obstáculos que es imprescindible superar, si se quiere, de manera compartida y concertada, realmente reactivar e implementar efectivamente las ZRC, como parte de la política pública de tierras del actual gobierno.

Los obstáculos son claramente los siguientes:

1. Se intenta a como dé lugar relativizar el papel fundamental que juegan las Unidades Agrícolas Familiares en el establecimiento del límite de la propiedad y el freno al latifundio (La reglamentación de los artículos 61 y 62 del Plan Nacional de Desarrollo afortunadamente fue declarada inconstitucional por la corte).

2. No se ha avanzado en la reglamentación de las ZRC, lo que impide que estas tengan un marco jurídico que garantice y consolide su reactivación e implementación. Se requiere de manera urgente una reglamentación que proteja a las ZRC de los intereses empresariales y que las ponga acorde con otras figuras de ordenamiento territorial y ambiental.

3. La formulación de la gubernamental Ley general agraria y de desarrollo rural no contó con la participación de las organizaciones campesinas. Esto indica que las ZRC no cuentan en esta ley con el enfoque de ordenamiento ambiental, territorial y de desarrollo rural de las organizaciones sociales del campo.

4. La reactivación de las ZRC y su implementación en otras regiones del país se ha encontrado con la debilidad o la ausencia institucional, la lentitud burocrática y a veces la desidia de los funcionarios de la institucionalidad del sector.

5. En los Montes de María, el campesinado ha planteado una mayor socialización de la figura de la ZRC y mayor autonomía en la toma de decisiones sobre las ZRC sin que hasta el momento se haya garantizado un real proceso de participación de los beneficiarios directos de las ZRC, quedando latente el riesgo de legalizar el despojo en los Montes de María.

6. En el Cauca es necesario incluir al campesinado y las negritudes en la construcción de las políticas de desarrollo rural, de tierras y territorio que lleven a la solución, de manera concertada y colectiva, de los conflictos interculturales originados-

por las políticas estatales de discriminación positiva, como lo es el denominado Plan Cauca o los eventuales acuerdos bilaterales entre gobierno y la dirigencia del CRIC, acuerdos que podrían desconocer al campesinado y a las negritudes como sujetos políticos de derechos territoriales.

7. En grandes extensiones de territorios campesinos en los que impulsamos la construcción de ZRC, los campesinos han sido despojados de sus tierras y se ha violado el límite de la propiedad de las ZRC, para instalar cultivos de palma aceitera, de agrocombustibles y ganadería extensiva, aumentando la ya dramática concentración de la tierra. Es indispensable la recuperación de estas tierras para los campesinos y la producción de alimentos.

8. Existe una sobreposición de figuras territoriales de ordenamiento territorial, ambiental, de desarrollo rural y empresarial que conflictúan la implementación de las ZRC. A este panorama se suma que la mayoría de los territorios de las ZRC han sido titulados a empresas mineras para la prospección y el desarrollo de macroproyectos minero - energéticos.

9. No existe disponibilidad presupuestal para la ejecución de los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de las ZRC, lo que genera incertidumbre frente al futuro de las ZRC y desconfianza frente a las propuestas gubernamentales.

10. No existe ninguna articulación interinstitucional que impulse las ZRC. Las instituciones y las administraciones nacionales, departamentales y municipales están de espaldas a las ZRC y en muchas ocasiones promueven el estigma sobre las ZRC.

El gobierno no ha desarrollado acciones de promoción favorable de las ZRC ni ninguna acción contra la estigmatización a la que permanentemente son sometidas las ZRC.

11. Perdura un doble discurso institucional frente a las ZRC. De un lado el discurso oficial público, mediático de algunos funcionarios que reconocen y eventualmente impulsan las ZRC. De otro lado, avanza el discurso perverso que antepone la seguridad y la consolidación militar al desarrollo de las ZRC.

Altos funcionarios, generales y asesores desarrollan una campaña taimada contra las ZRC, promueven el estigma contra las ZRC y sus organizaciones, proponen poner a las ZRC como moneda de cambio a la guerrilla en una eventual "negociación" del conflicto armado o destinar las ZRC a jugar un papel de campos de confinamiento de guerrilleros desmovilizados, otros afirman que el desarrollo de las ZRC oxigenaría a la guerrilla de las FARC y la impulsaría en un nuevo ciclo de la guerra.

Existe un ultimátum del Ministerio de Defensa hacia el Ministerio de Agricultura y el Incoder que paraliza la misión y el trámite administrativo de impulso y constitución de nuevas ZRC.

Los generales y el Ministro de Defensa argumentan un asunto de "seguridad nacional" al justificar su posición contra las ZRC Desde acá queremos hacer un llamado de atención al señor ministro de defensa, a la cúpula militar,-

a los funcionarios de consolidación territorial, basta ya de señalar y estigmatizar, basta de perseguir, basta de intoxicar, basta ya de presionar, intimidar y condicionar para que los funcionarios del sector agropecuario no cumplan con sus funciones misionales,-

con ustedes hablaremos de derechos humanos y de las normas de la guerra, del DIH, ustedes no serán deliberantes con nosotros sobre el desarrollo rural o el futuro de las ZRC. Ese no es su papel.

Iniciamos la segunda fase de un proceso de paz en la ciudad de La Habana, las partes han acordado abordar en primera instancia el crucial tema del desarrollo agrario integral, haciendo referencia directa en uno de los literales de la agenda a las ZRC.

Entendemos claramente el enorme desafío que para el gobierno y la guerrilla de las FARC implica abordar este punto desde posturas y enfoques tan distintos y distantes.

Se sientan a conversar dos modelos, dos propuestas antagónicas de país. Pero no perdemos la esperanza, estamos, seguimos convencidos de que el diálogo es la ruta. Un tema tan trascendental para el futuro del país, como lo es el desarrollo rural, tan determinante para el logro de la paz o para la continuidad de la guerra.

Un tema de tal magnitud no puede discutirse sin sus protagonistas, las campesinas, los campesinos, sin las organizaciones campesinas en la mesa.

Así como hace dos años una de las organizaciones de Anzorc, la ACVC, al merecer el Premio Nacional de Paz, les solicitó sentarse en una mesa a hablar, así como hace un año 30 mil campesinos, indígenas y afro-descendientes, convocados también por la ACVC,-

reunidos en el encuentro nacional por la tierra y la paz de Barrancabermeja, les exigieron iniciar un proceso de paz, así mismo hoy, en este espacio de Mesas de trabajo regionales para contribuir al fin del conflicto convocado por las Comisiones de Paz del Congreso de la República, les reclamamos nuestra presencia en la mesa de conversaciones.

Nuestras propuestas son construir:
Un nuevo modelo de desarrollo incluyente
Un nuevo modelo de ordenamiento territorial para el país
Un plan de desarrollo rural con enfoque territorial
Un sistema nacional de ZRC
Un programa nacional de Zonas de Reserva Campesina, con destinación presupuestal, que garantice su efectiva reactivación.

Para avanzar en la los contenidos de nuestras propuestas, Anzorc  realizó el seminario nacional programático los días 30 y 31 de Octubre, que recogió los insumos centrales, que ahora se encuentran en proceso de elaboración y redacción.

Nuestras propuestas son de desarrollo rural, de ordenamiento territorial, de reforma agraria y de paz, serán fundamentales para la discusión de la problemática que nos convoca y de sus soluciones.

Reclamamos ser parte del diálogo fundamental que nos acerque a la convivencia, a la reconciliación, ser parte de la ruta nos saque de la guerra. El día lunes oficiaremos formalmente a las partes de la mesa de diálogos para que se nos atienda y se atiendan nuestras propuestas en materia de ZRC campesina.

De no recibir respuesta satisfactoria, queremos anunciar aquí que Anzorc, enviará a La Habana una delegación de dirigentes campesinos que de manera pública radicará sus propuestas ante la mesa de diálogos. Nuestro aporte programático es sencillo y será fácilmente entendido por la sociedad colombiana.

Las ZRC son capaces de garantizar el acceso a los alimentos de las poblaciones urbanas, de proteger el medio ambiente, de mejorar el ordenamiento territorial del país y de prevenir el desplazamiento forzado en condiciones de conflicto armado.

Estamos seguros de que las ZRC en los campos de Colombia son el primer paso en el largo camino del reconocimiento del campesinado, como sujeto político promotor de la justicia social, la vigencia plena de los derechos humanos, el desarrollo rural y la paz.


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