Graves atropellos del Ejército contra la población de los municipios de Campamento, Anorí, Guadalupe y TarazáCon información de Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
El día 10 de
Septiembre de 2012, en la cabecera del municipio de Campamento, Antioquia, se
llevó a cabo la audiencia social del proceso de garantías.
Este evento, fue
convocado por la Asociación Campesina del Norte de Antioquia, Ascna, la
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos Nodo Antioquia,-
y el Proceso Social
de Garantías Antioquia, debido a la grave situación de derechos humanos de los
territorios de Campamento, Anorí, Guadalupe y Taraza.
En esta
actividad hicieron presencia campesinos y campesinas de las diferentes regiones
del norte del departamento, así mismo funcionarios de la alcaldía de Campamento,
secretaría de gobierno y representantes del Ministerio Público.
Durante la
audiencia se reiteró por parte de las y los asistentes la grave situación de
derechos humanos, que se expresa en diferentes violaciones entre ellas:
los continuos
señalamientos y hostigamientos (fotografías) de parte de la Brigada XIV del
Ejército contra miembros la Ascna, expresando que estos hacen parte de la
insurgencia-
o que son pirámides (captadoras de recursos), vulnerando no solo el
derecho a la libre asociación, sino también la labor de defensa de los derechos
humanos.
De igual manera
se visibilizó como a través de la emisora del Ejercito Nacional, se ha señalado
a líderes que asistieron a la marcha realizada en Bogotá-
y convocada por el Movimiento
político y social de Marcha patriótica, de ser colaboradores de la guerrilla,
poniendo en grave riesgo la vida de estos pobladores.
A esto se suma,
que presuntos miembros de la fuerza pública (Ejército) han comentado en la
vereda San Basilio que si los campesinos salen al paro programado para octubre
de 2012, les van a quemar sus viviendas.
A través de esta
misma emisora el Ejército saluda a campesinos y campesinas que han sido
críticos con las acciones de la fuerza pública por sus violaciones de derechos
humanos en el territorio de Taraza,-
pretendiendo con ello poner en el escenario
público una membresía que no existe, lo cual pone en grave riesgo la vida de
los pobladores, pues estos viven en una zona de conflicto donde hacen presencia
paramilitares y guerrillas.
En este marco de
agresiones, es constante del accionar de la fuerza pública, los
empadronamientos, hostigamientos, restricción a la movilidad, restricción de
alimentos y confinamientos a población campesina.
Se han
presentado casos donde presuntos miembros del Ejército, solicitan a campesinos
de Taraza, información de donde está la insurgencia, y a cambio se les
permitiría pasar alimentos,-
lo cual es una acción no solo de hostigamiento sino
de involucramiento de población civil en acciones propias de inteligencia
militar, vulnerando el principio de distinción.
Se denunció así
mismo durante el evento, como en la zona de Guadalupe, Campamento, Raudal, Raudal
Viejo, Taraza y Valdivia, el Ejército Nacional ha acampado y utilizado bienes
civiles, incurriendo en infracciones al DIH.
El hecho más
reciente fue en de agosto pasado, cuando tropas de la Brigada XIV acamparon en
la casa comunal de la vereda de San Basilio,-
donde miembros de la fuerza
pública expresaron que para llevarse a cabo reuniones comunitarias organizadas
deben estar autorizadas por parte de ellos, violando el derecho a la libre
asociación.
En este contexto
de violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario, se
denunció frecuentes disparos por parte del Ejército en medio de caseríos en el
punto Las Torres, Vereda La Colmena y San Roque.
En cuanto al
tema de infracción al DIH, por parte de la insurgencia, se denunció la muerte
de tres campesinos a causa de unas explosiones en mediaciones de Teresita y
Montebello.
Respecto a los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, también se expresó la
preocupación por las propuestas de “desarrollo sostenible” ejecutadas-
por la
administración municipal, las cuales desconocen la realidad campesina de auto
sostenimiento, y por el contrario profundizan las condiciones de vulnerabilidad
y pobreza de la población.
A esto se añade
las preocupaciones del campesinado por la imposición de las mediadas fito-
sanitarias que se están exigiendo a la producción de la panela y la leche.
Se denunció
durante la actividad que desde el año 2002, cuando el Ejército Nacional
bombardeo el centro de salud de la vereda San Pablo, este no ha sido
reconstruido,-
lo que afecta la vida de los pobladores y en especial el derecho
a la salud, ya que no existe las condiciones para responder a una urgencia, ni
prestar los servicios integrales a la comunidad.
Se llama la
atención sobre la necesidad de tomar medidas de mitigación del riesgo en la vereda
San Roque, ya que el invierno se llevó parte del trapiche comunitario.
Finalmente, se
denuncia el hecho ocurrido el 9 de septiembre de 2012, un día antes de llevarse
a cabo la Audiencia Regional de Garantías, en Campamento,-
cuando en medio de
las requisas realizadas por la Policía Nacional en el parque del municipio, se
tomaron fotografías de manera ilegal a los campesinos que llegaron de Taraza.
El hecho que fue
constatado por el representante de Ministerio Público y los delegados
internacionales de IPO, a quienes durante el hecho les fue requerido sus
documentos de identidad y les fue indagado por sus nombres,-
cargo, organización
y funciones laborales (empadronamiento), desconociendo el papel no solo del
funcionario público sino el trabajo que realizan los brigadistas internacionales
en el acompañamiento a la defensa de los derechos humanos que realiza la Ascna.
Por otro lado la
comunidad que participó en la audiencia manifestó la problemática de
incomunicación que viven, ya que prácticamente en todo el territorial rural-
no
existe cubrimiento de telefonía fija ni móvil, y en muchas veredas donde
anteriormente había cobertura de esta última, por razones desconocidas dejo de
funcionar,
siendo esto un aspecto que demora la denuncia de violaciones a los
derechos humanos del que son objeto la población y la negación del derecho a la
comunicación.
