Por camilo Raigozo
La Corte Constitucional ordenó mediante el auto 173 de 2012, tomar medidas cautelares urgentes para la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas Jiw y Nukak Makú, en Meta y Guaviare.
Las fuerzas militares desplazaron por la fuerza a las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales para instalar abusivamente en ellos sus guarniciones, tal como ha sucedido en Cauca y otras regiones del país.
Los ejércitos de ocupación, en este caso la Infantería de Marina, tendrán seis meses para iniciar la desocupación de las zonas arrebatadas y devolverlas a las comunidades indígenas que fueron desplazadas.
La devolución de los territorios debe estar acompañada por la Defensoría del Pueblo, Pastoral Social y la oficial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para refugiados.