Condenados 19 militares por asesinatos a sangre fría
Por Camilo Raigozo
19 criminales pertenecientes al Batallón Boyacá del Ejército Nacional, con sede en Pasto, negociaron con la Fiscalía la reducción de penas por los asesinatos a sangre fría de al menos 15 personas.
Los bandidos estatales presentaron a sus víctimas como pertenecientes a la guerrilla o de paramilitares denominados estratégicamente por el régimen como “bandas criminales”.
Según la Fiscalía los crímenes tuvieron lugar entre el 2007 y 2008. La pesquisa se inició tras la denuncia de la familia del indígena ecuatoriano José Antonio Otávalo, quién vendía ropa en la frontera.
Pruebas como las facturas de las prendas que comercializaba, halladas con el cadáver, así como la ausencia de impactos de bala en el uniforme que vestía y de casquillos de fusil en el lugar de los hechos, hicieron sospechar a los detectives que se trataba de un asesinato a sangre fría y no de un combate como lo habían sostenido los “héroes de la patria”.
El primero en confesar ese crimen fue el cabo Javier López, quien manifestó que recogieron al indígena en una carretera y que el armamento con el que fue presentado estaba listo desde la víspera.
El soldado Willer Cañizales, otro de los terroristas que negoció con la Fiscalía, contó que el teniente Sanmiguel, le prometió permisos, condecoraciones y viajes al Sinaí, a cambio de ocultar el crimen.
Entre las víctimas de los terroristas hay campesinos, indigentes y vendedores de fruta de Nariño, Cauca y Bogotá, quienes fueron llevados a la “zonas de operaciones”.
Otras víctimas fueron capturadas en retenes que los militares hacían y llevadas a los sitios donde las asesinaron.
"Yo lo llevé al sitio planeado. Caicedo lo bajó del camión y lo dio de baja sobre la carretera. Después empecé a dictarles el informe y a decirles cómo hacer el croquis", confesó uno de bandidos con el grado de sargento.
“El cabo Alen Jaimes Pasuy dijo a los fiscales que sus superiores les recomendaban "buscar víctimas que no fueran de la ciudad, que tuvieran un nivel social bajo y preferiblemente indocumentadas. De hecho, al menos ocho víctimas de esa unidad no han podido ser identificadas", informo El Tiempo.
Francisco Javier Troya, una de las víctimas, sufría de anquilosis en los brazos, lo cual le hacía imposible manipular armas de fuego.
Sin embargo los uniformados lo asesinaron y lo presentaron como un peligroso extorsionista de una banda criminal.
El soldado Juan Carlos Ramírez confesó que, luego de dispararle en la cabeza, le pusieron una pistola en la mano y con el dedo de la víctima hicieron dos disparos.
La Fiscalía encontró en el batallón un mueble con doble fondo en donde los bandidos escondían las armas y otros elementos usados para perpetrar los crímenes.
Según la fuente, los homicidas cumplirán las penas en instalaciones militares, lo cual es sinónimo de impunidad.
La Fiscalía adelanta una segunda fase en las pesquisas y tiene en la mira a varios oficiales que habrían participado en los crímenes o sabían de estos y los permitieron.
Aseguran a soldado profesional por asesinato a sangre fría
Por otro lado, el Juzgado 12 Penal Municipal de Medellín, dictó medida de aseguramiento contra el soldado profesional Óscar Darío Jiménez, por el homicidio agravado de Walter Yair Gómez Durango.
El crimen fue cometido el 21 de marzo de 2006 en el barrio Castilla de la capital antioqueña.
Según el informe presentado por los bandidos pertenecientes a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, “Gómez Durango fue abatido miembros de las Fuerzas Especiales Urbanas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, cuando se enfrentó a las tropas con un arma de corto alcance”.
Sin embargo, testigos presenciales dijeron a la Fiscalía que la víctima se escondió debajo de un vehículo y de allí fue sacado y ultimado por personal militar.
Jiménez fue asegurado por el delito de homicidio agravado, punible por el que tiene otra investigación. El procesado está “confinado” en el batallón Pedro Nel Ospina del Ejército, lo cual es una burla a la justicia y a los familiares de la víctima.
Actualmente el gobierno del presidente Santos, el ministro de Defensa, altos mandos militares, congresistas inescrupulosos y la extrema derecha, entre otros,-
impulsan una reforma al fuero militar, con lo cual los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de la fuerza pública quedan en la impunidad.
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