Piedad Córdoba responde al ataque de la jauría del
régimen
La activista por la paz y los derechos humanos, Piedad
Córdoba, respondió en una carta abierta a la jauría del régimen en cabeza del
procurador Ordoñez,-
alias “Monseñor absolvedor de la Yidispolítica y la
parapolítica”, el ministro de Defensa Pinzón, quién mira para otro lado frente
a los crímenes que cometen sus hombres,-
la dictadura mediática y Simón Gaviria,
director del Partido Liberal y cómplice del esperpento de “reforma a la justicia”.
A última hora el ministro Juan Carlos Pinzón, quién mira para
otro lado frente a los crímenes que cometen miembros de las Fuerzas Militares,-
desconociendo el Estado social de derecho y la Constitución, señaló que las declaraciones
de Piedad Córdoba sobre la legitimidad de su discurso en el Cauca "rayan
en el cinismo".
Si bien es cierto que la activista por la paz no podrá ser judicializada por expresar sus opiniones, como derecho constitucional, estos ataques de la jauría podrían ser órdenes veladas-
para que los sicarios del régimen, denominados paramilitares o "bacrim" u otros escuadrones clandestinos de la muerte, atenten contra su vida. Bajo esta demencial estrategia ya fueron amenazados los líderes indígenas.
Cualquier cosa que les pueda ocurrir a Piedad Córdoba y a los líderes de las comunidades del Cauca, es responsabilidad del Gobierno y de sus agentes.
A continuación la misiva
pública de la exsenadora Piedad Córdoba a los colombianos:
Carta Abierta a
las Ciudadanas y Ciudadanos del Partido Liberal Colombiano y a la Opinión
Pública Nacional e Internacional
Hace un mes, en mi calidad de dirigente política y
social, expresé en el municipio de Miranda, Cauca, mis puntos de vista acerca
de los derechos de la población.
Hoy, me he enterado de la polémica que dicha visita
generó, debido a unas imágenes editadas y publicadas por algunos medios de
información que las recibieron de fuentes oficiales.
Conociendo las reacciones del presidente del Partido, Sr.
Simón Gaviria, en las que se refiere a mis palabras como alejadas de los
postulados ideológicos del Partido Liberal, y las del procurador Alejandro
Ordóñez,-
que junto con algunos otros altos funcionarios piden se me procese por
diferentes delitos, deseo manifestar que estoy dispuesta a aclarar mi
responsabilidad jurídica y política, y ante todo mi responsabilidad moral con
Colombia.
En tal sentido, es irónico que quienes han promovido de
una u otra forma decisiones políticas a espaldas de los intereses del país,
indiferentes a las injusticias,
exclusiones, discriminaciones-
que
viven cientos de comunidades indígenas, campesinas, afro descendientes,
sectores urbanos empobrecidos, sectores medios, mujeres, y personas con
diversas opciones sexuales,-
y en general amplios sectores sumidos en la
desigualdad, se asuman como jueces, desbordando nuevamente sus competencias o
pretendiendo ganar legitimidades para sus intereses.
Me acusan de “instigar al delito”, "asonada",
"concierto para delinquir" e "incitar a la violencia" por
referirme básicamente al retiro de las bases militares que ponen en peligro-
a
la población y por sumarme al llamado que pide la revocatoria del Congreso y
que algunos sectores plantearon al mandato del Presidente.
Mis declaraciones son legítimas, justificadas y precisas,
y acuden al supremo recurso del pensamiento y la libertad de opinión que
convoca la acción civilista y pacífica,-
como lo vengo sustentando sin dobleces
hace muchos años, siempre en el marco de los principios de un Estado
democrático moderno...
Parte de ese
legado histórico del derecho y del humanismo se encuentra en obras y
valores incluso anteriores a la Revolución Francesa de 1789, en Tomás de
Aquino, Tomas Moro, Pedro Claver.
O en nuestra historia, basta detenerse en pasajes de la
vida de José Antonio Galán, asesinado en 1782, hace 230 años, o en el
pensamiento de Gaitán, Uribe Uribe, López Pumarejo.
O en una mirada universal al repasar la obra de Henry
David Thoreau sobre la desobediencia civil, o a autores como Mahatma Gandhi o
Martin Luther King.
Porque evidentemente en la modernidad, en un Estado de
Derecho se comprende con nitidez la diferencia entre los delitos que desean se
me imputen instigación y la legitimidad de la actuación en libertades, en
conciencia y en Derecho...
Lo que he hecho, en relación con la situación que padece
el norte del Cauca, y también, otras regiones, es recordar que hay al menos dos
derechos de primer rango a los que la población no puede ni debe renunciar:
1. El derecho
humanitario, que prohíbe que las partes contendientes, sean militares o
guerrillas, se instalen entre la población civil para convertirla en escudo,
protegiéndose indebidamente, exponiéndola o haciéndola objetivo de acciones
bélicas.
El derecho internacional es claro en este aspecto, por lo
tanto invito a un debate público, pluralista y respetuoso de las diferentes
posturas jurídicas y políticas sobre esta materia.
Colombia necesita un cambio en la política, cuyo primer
objetivo debe ser no acrecentar más la militarización y el saqueo, sino abrir
la puerta para un diálogo de todo el país, de todos los sectores, de todas las
regiones porque son necesarias la paz y el logro de la justicia social.
2. El derecho a la protesta, a la opinión, a la
desobediencia civil y a la objeción de conciencia, respaldado en el pensamiento
humanista liberal y social.
Se expresa, en este caso, de dos maneras: en primer lugar
llamando a la defensa pacífica por y desde la población civil atacada, velando
por su protección, su libertad,-
derechos y recursos, desde su propia
cosmovisión, a favor del territorio que está siendo militarizado y cruzados por
dos modelos de desarrollo de la guerra.
En segundo lugar, adhiriéndome al torrente que muchas
ciudadanas y ciudadanos han desatado, de
la necesidad de revocar el mandato de poderes que no están salvaguardando
intereses sociales o públicos sino amparando solamente los intereses privados.
En el transcurso de mi quehacer político siempre he
acompañado las justas reclamaciones en derecho
de comunidades indígenas, de campesinos, de mujeres, de afro
descendientes; así como otras
expresiones para que los derechos de los colombianos sean una realidad
Mi presencia en Miranda, respondió al acompañamiento
solidario, humanitario y humanista que durante años he realizado a procesos
políticos y sociales y mi compromiso con la búsqueda de la paz y la justicia
social.
Es claro, y es un menosprecio a su memoria ancestral, su
creatividad y valentía, que las comunidades indígenas, quienes padecen, como
otros sectores, el conflicto armado claman por la humanización y la paz,-
que
sus movilizaciones, que han
desarrollado por sí mismos hace muchos años, sin mis expresiones de solidaridad
y de preocupación, en el Cauca y decenas de regiones del país,-
son una prueba
de esa firme voluntad colectiva que busca hacer realidad el sagrado Derecho a
la Paz, que consagra el artículo 22 de la Constitución Nacional.
Estas manifestaciones, al igual que las campesinas y
afrodescendientes, y de otros sectores
de la sociedad, indican la necesidad de dialogar, ante los costos en
vidas y daños irreparables para los-
civiles, para los combatientes de los
bandos enfrentados, para la economía del país, por los efectos sociales y
ambientales que hacen inviable una sociedad reconciliada en una democracia
profunda.
Los momentos que vivimos de crisis en diversos planos son
una invitación al país, los colombianas y colombianos sin distinción, en decidir por la búsqueda de la paz-
en una
democracia política, social, ambiental o
una guerra prolongada, o la esperanza o un aniquilamiento lento, doloroso,
inhumano, destructivo.
Piedad Córdoba Ruiz
28 de julio de 2012