Seguridad narcocrática/“Ejército Nacional no tiene funciones de policía judicial”
Por Fensuagro
La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro-CUT y el Comité Permanente por la Defensa de los
Derechos Humanos, Cpdh, informaron que:
El 25 de agosto de 2011, cuando miembros del ejército de la compañía BACO se hallaban en
operaciones de registro y control en la vereda Santa Helena, municipio de Mesetas, Meta, luego de atravesar un campamento abandonado-
que
presuntamente pertenecía a las FARC, encontraron
una vivienda donde le solicitaron agua a Bibiana Patricia Mena, quien es una
campesina, afrocolombiana y madre
lactante que reside en área rural del
departamento del Meta.
En ese instante hablaron con Leonardo Ortega, esposo de Bibiana
y le comentaron que por el sector había campamentos de la guerrilla, ingresando
de manera inmediata a inspeccionar su casa, sin mediar autorización alguna.
La compañía BACO del Ejército Nacional, procedió a hacer
el registro desconociendo que no estaban
autorizados para efectuar dicho procedimiento judicial vulnerando el artículo
28 en su inciso 1° que dice que “Toda persona es libre.
Nadie puede ser
molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido,
ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad
judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente
definido en la ley.”
Como respuesta a esta acción encontraron entre otros una
supuesta granada de mano, objetos que
hasta el momento se desconoce su origen y como aparecieron en aquel
lugar.
Inmediatamente procedieron a la captura de Bibiana Patricia Mena y su hijo Jonathan
Mosquera, campesino, residente en la vereda Santa Helena, municipio de Mesetas,
Meta.
Seguidamente, ante las denuncias realizadas por Bibiana
Patricia Mena ante el Cpdh, las unidades
militares procedieron a presionar
la firma un documento en el cual,
se admitía el registro judicial de la
vivienda.
El 26 de agosto de 2011 se realizaron las audiencias de
legalización de captura y allanamiento,
imputación y medida de aseguramiento, por parte del fiscal 29 seccional de turno de Granada y ante el Juez 1 Promiscuo Municipal en función
de Control de Garantías del municipio de Granada,-
Meta, desconociendo que el Ejército Nacional
no tiene funciones de policía judicial, y que en dicho allanamiento se
vulneraron derechos fundamentales y
garantías constitucionales, según
lo estipulado en la Carta Política y
ratificado en las Sentencia 1024 de 2002.
Como respuesta
esta audiencia se ordena medida
de aseguramiento para estos campesinos sin tener en cuenta que el
Ejército Nacional carece en su totalidad de las funciones de policía judicial
teniendo en cuenta que vulnera la dependencia judicial con el fiscal; que se
ha ratificado en la sentencia
C251 de 2002.
El 25 de Abril de 2012, el Cpdh, en cabeza del abogado
defensor Aldemar Bustos, solicitó la nulidad de los elementos materiales
probatorios, basándose en que la Fuerza Pública no tiene funciones-
de policía judicial y no puede realizar registros y allanamientos
sin una previa orden judicial expedida por un juez de la república,
entendiendo, que dichos elementos no se pueden tener en cuenta en el desarrollo
del proceso, según Sentencia C-024 de 1994-
de la Corte Constitucional donde manifiesta que para el allanamiento y
registro de domicilio en materia punitiva, la orden debe provenir en forma
exclusiva de una autoridad judicial y la intervención del funcionario de
policía es de cooperación para su ejecución.
A lo que después de 8 meses de estar en prisión
domiciliaria BibianaIPatricia Mrna y su hijo Jonatham Mosquera, el Juez Primero Penal del Circuito
Especializado con Funciones de Conocimiento de Villavicencio,-
Meta, concede la
libertad provisional de estas personas, declarando nulo todo lo actuado a
partir de la audiencia de formulación de
imputación y ordena excluir por ilegales los elementos encontrados en el
registro de la finca de la familia de Bibiana.
Este tipo de abusos judiciales, afecta sistemáticamente a
ciudadanos colombianos que habitan zonas rurales en conflicto, en especial las conocidas “zonas de
consolidación”, tal como ocurre en esta región con el conocido-
“Plan de Consolidación
Integral de la Región de la Macarena”, convirtiéndose en una modalidad de la
política de tierra arrasada, la cual
estigmatiza y expulsa del territorio a campesinos humildes a través de las
“detenciones arbitrarias” y los “montajes judiciales”.
