Seguridad narcocrática/Por Camilo Raigozo
En la reanudación del juicio contra el oficial del
Ejército, Raúl Muñoz Linares, presunto violador y asesino de menores en Arauca, la jueza
Marta Artunduaga, le llamó la atención a la defensa por “no entregar
testimonios ajustados al objeto de la diligencia”.
En lo que parece ser otra coartada de la defensa del
presunto criminal, esta presentó como “testigo clave” al desmovilizado de las
FARC, Eleiner Pañares, quién tendría el papel de convencer a la justicia de que
los brutales crímenes contra dos niñas y dos niños fueron cometidos por las
FARC y no por el Ejército.
En la diligencia adelantada este lunes 30 de abril en el juzgado 27 de conocimiento de Bogotá, la Fiscalía señaló que ante las respuestas presentadas por el testigo Pañares, “se creó un ambiente de duda en el cual se podría inferir a una manipulación de su declaración”.
Aunque Medicina Legal comprobó que el semen del “héroe de
la patria” se encontró en al menos los cuerpos de dos de los menores violados y
asesinados, la defensa sigue sosteniendo con la presunta manipulación de
testigos que los demenciales crímenes son obra de la insurgencia y no de las
fuerzas militares.
La reanudación de la audiencia quedó programada
nuevamente para el 2 de mayo y se espera que ese día rinda declaración el flamante
testigo clave, el exguerrillero Eleiner Piñares.
“Sí estas dilaciones, montajes y burlas, se presentan
ante la justicia ordinaria, ¿Qué se podría esperar si el juicio y las investigaciones
estuvieran en manos de la Justicia Penal Militar?”, Le dijo con asombro un
ciudadano a Notimundo.
En la actualidad el Gobierno, el ministro
de Defensa Juan Carlos Pinzón, altos mandos castrenses, congresistas y
dirigentes políticos inescrupulosos, así como la extrema derecha del país,-
insisten en que el fuero militar sea ampliado, con lo cual los crímenes, violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidos por militares quedarán en la impunidad.
insisten en que el fuero militar sea ampliado, con lo cual los crímenes, violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidos por militares quedarán en la impunidad.
