Seguridad narcocrática/Por Camilo Raigozo
La Fiscalía informó que 6 militares del Ejército Nacional fueron condenados a cinco años y 37 días de cárcel por el ocultamiento a la justicia durante más de 16 años-
la verdad sobre los asesinatos de Geniberto Tapias Ahumada y Evelio Antonio Bolaño Castro, negociadores de la Corriente de Renovación Socialista, CRS, cometidas el 23 de septiembre de 1993.
La condena fue impuesta por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Turbo (Antioquia), luego de que los implicados aceptaron su responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento.
Según el ente investigador los crímenes fueron llevados a cabo en el corregimiento Blanquicet, municipio de Turbo, donde militares adscritos al Batallón Voltígeros asesinaron en estado de indefensión a Bolaño Castro y Tapias Ahumada, quienes estaban en esa zona coordinando la desmovilización de integrantes de la CRS, grupo insurgente en proceso de paz con el Gobierno Nacional.
En un principio estos sujetos estuvieron acusados por homicidio agravado homogéneo y sucesivo. Sin embargo, a finales de mayo de 2010 Luis Eduardo García, suboficial en aquellas fechas, comenzó a explicar la verdad de lo ocurrido con los voceros.
Posteriormente otros implicados, quienes estaban respondiendo por el doble homicidio agravado, también manifestaron su decisión de acogerse a sentencia anticipada por el delito de encubrimiento por favorecimiento.
De esta manera, los sentenciados de manera anticipada son: Luis Eduardo García, sargento segundo; Edgar Fabián Tovar Flórez, Albeiro Bernardo Jiménez Jiménez, Carlos Augusto Martínez Roja, Jorge de Jesús Restrepo Díaz, y Manuel Oyola de los Reyes, soldados voluntarios, a quienes el juzgador rebajó una octava parte de la pena tasada en 70 meses para el mencionado punible.
En su providencia el Juez ordenó el cumplimiento de la pena en centro carcelario y afirmó que esas personas con su silencio impidieron la eficaz y recta administración de justicia.
Finalmente, en ese despacho judicial prosigue la vista pública en contra de Néstor Raúl Vargas Morales, capitán; José Miguel Velandia Mora, teniente; y Manuel del Cristo Chiquillo, soldado voluntario, a quienes las pruebas recaudadas por la Fiscalía comprometen en el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo.
En la actualidad el Gobierno, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, altos mandos castrenses, congresistas y dirigentes políticos inescrupulosos, así como la extrema derecha del país, insisten en-
que el fuero militar sea ampliado, con lo cual las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidos por los militares quedarían en la impunidad.
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