Seguridad narcocrática/Por: Notimundo
Un fiscal de Derechos Humanos y DIH profirió resolución de acusación contra ocho integrantes del Ejército Nacional, como presuntos responsables del delito de homicidio en persona protegida.
Según la información de la Fiscalía, esta pudo establecer que el campesino Denis Orley Palacio Zapata fue asesinado a sangre fría por una patrulla militar el 31 de octubre de 2004 en zona rural del municipio de Yarumal, Antioquia.
Según la información de la Fiscalía, esta pudo establecer que el campesino Denis Orley Palacio Zapata fue asesinado a sangre fría por una patrulla militar el 31 de octubre de 2004 en zona rural del municipio de Yarumal, Antioquia.
Los presuntos criminales en su coartada adujeron, según el ente investigador, que la muerte del labriego se había producido en un enfrentamiento con insurgentes de los que este formaba parte, encontrándole una pistola.
Sin embargo las pruebas acumuladas por la Fiscalía demuestran que no hubo tal combate y que la víctima no pertenecía a ningún grupo armado al margen de la ley.
Los presuntos criminales son: Fabio de Jesús Infante Albarracín, soldado profesional; Jesus Guillermo Lara Caviedes, suboficial; Everardo Caro Zuleta, suboficial; José René Jiménez Pushaina, retirado; Juan David Jerez Blanco, retirado; Pedro Alfonso Lara Garnica, retirado; Ferney Largo Galeano, suboficial; y Elvis Andrés Isaza Gutiérrez, retirado.
El pasado 18 de febrero el presidente Santos expresó que el artículo sobre la ampliación del fuero penal militar incluido en la reforma a la justicia que se tramita en el Congreso sería retirado.
Dicho artículo consistía en garantizar impunidad a los crímenes y atrocidades cometidos por miembros de la fuerza pública.
Sin embargo el Gobierno y las fuerzas militares no cejan en su empeño de buscar la manera de arropar con impunidad estos delitos y para eso buscan legitimar otro esperpento peor que el anterior.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, confirmó que el Gobierno Nacional presentará al Congreso de la República un proyecto de acto legislativo para reformar la Justicia Penal Militar.
En este, desde ya se conoce, busca que al menos las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidos por las fuerzas militares, sean materia exclusiva de la Justicia Penal Militar, la cual es sinónimo de impunidad.
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