El Ministerio de Relaciones Exteriores en cabeza de María Ángela Holguín entorpece mandatos de la Cidh
Ante las múltiples violaciones a los Derechos Humanos y las continuas transgresiones al Derecho Internacional Humanitario entre 2010 y 2011, la CIDH, ha otorgado Medidas Cautelares (MC) a cuatro grupos vulnerables del Suroccidente del País.
27 mujeres afrocolombianas y sus familias han sido beneficiarias de MC ante la multiplicidad de derechos vulnerados como consecuencia del desplazamiento forzado desde el Charco Nariño a Cali desde 2007 y ante la desproporción de la pobreza e inseguridad padecidos por ellos y que el Estado no ha conjurado;-
179 Familias campesinas de Caloto Cauca, donde con mayor intensidad y virulencia se vive el conflicto armado, siguen aún padeciendo la violación de sus derechos;-
Defensores de Derechos Humanos que en razón a su labor han sido y siguen siendo hostigados y amenazados, presuntamente por agentes del Estado;-
Además unas MC otorgadas por la múltiple violación sexual por parte de efectivos del ejército Nacional en contra de una mujer indígena del Cauca.
Ante la insistencia, por las situaciones de urgencia en la vulneración de los derechos de los tres primeros grupos de beneficiarios, se concertó con la Cancillería para el 23 de febrero de 2012 la celebración de Reunión de Seguimiento y Concertación de lo mandado por la CIDH en cuanto a garantía y respeto de los derechos de la Convención Americana a favor de los beneficiarios.
No obstante lo anterior, a esta hora, desconociendo lo dispuesto por la CIDH y con el más rampante irrespeto, la Cancillería de Colombia no facilitó –estando obligada a ello- las condiciones para que los beneficiarios se dirigieran a Bogotá y participaran de la reunión. Dejamos constancia que la cancelación de la reunión es por causa atribuible a la Cancillería.
Observamos con preocupación el tratamiento desdeñoso con que la Cancillería de Colombia trata no solo las decisiones de la CIDH sino el desprecio con que trata a las humildes personas beneficiarias que ven el Órgano de Derechos Humanos de la OEA, una esperanza de garantía y respeto de sus derechos.
Es importante resaltar que la Cancillería es la llamada a coordinar y operativizar el cumplimiento de las medidas cautelares, La Corte Constitucional en sentencia T-367 de 2010 ha manifestado:
“La Cancillería tiene la obligación de buscar, por todos los medios disponibles, que en el mundo de lo fáctico la medida cautelar despliegue todos sus efectos, lo cual no significa nada distinto a asumir el asunto como propio (… ).
El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene obligaciones concretas de carácter material respecto de medidas y decisiones de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos.”
La política del Estado de Colombia se ha orientado a deslegitimar las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos, a obstaculizar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por los mismo y ha imposibilitar el restablecimiento de los derechos fundamentales de las víctimas.
El ministerio de Relaciones Exteriores ha jugado un papel importante en esta estrategia, mintiendo hacia afuera en relación con el cumplimiento del derecho internacional de los dd.hh y obstruyendo hacia adentro la posibilidad de evitar nuevas violaciones a los dd.hh y de hacer efectivos los más elementales derechos de la población beneficiaria de medidas cautelares.
Solicitamos a la fiscalía y a la procuraduría que se investigue la conducta temeraria de los funcionarios públicos que están impidiendo la concertación de las cuatro medidas cautelares.
Volver a la página principal
Volver a la página principal
