¿Una política sobre violencia sexual en Colombia? Se abrió el debateA lo largo de la mañana de hoy, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, se escucharon las voces de juristas, representantes de los poderes públicos, académicos y feministas abordaron desde diferentes perspectivas la necesidad de generar en Colombia una política criminal en violencia sexual.
La ponencia central del Foro estuvo a cargo del Juez español Baltasar Garzón Real, quien en su intervención hizo un recuento amplio de la tardía inclusión de los delitos de violencia sexual en las legislaciones internacionales,-
y destacó uno a uno los procesos adelantados en los Tribunales de Rwanda, Bosnia y Sierra Leona (todos en los 90s) como la vanguardia para la introducción del concepto de las violencias sexuales como delitos de lesa humanidad.
El Juez Garzón también reseñó para la audiencia los principales pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los cuales se ha sancionado a los países por no actuar diligentemente en casos de violencia sexual.
Hablando del caso colombiano, Garzón, quien se desempeña como asesor de MAPP-OEA para los temas de justicia transicional en Colombia, concluyó:
"Que no exista una sola condena por violencia sexual en Justicia y Paz no tiene justificación alguna" y ratificó la importancia de que el Estado colombiano dirija sus esfuerzos a la formulación de una política criminal para los delitos de género.
Linda Cabrera Cifuentes, investigadora de Sisma Mujer, ratificó en su intervención cómo el marco jurídico de justicia transicional en Colombia no ha impedido que los victimarios desconozcan la ocurrencia de delitos sexuales, imposibilitando avances que rompan con la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres.
“Justicia y Paz no es una ruta jurídica deseable para hacer justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto” dijo, ratificando así las palabras del Juez Garzón.
Durante la apertura del Foro ¿Para qué una política criminal en violencia sexual en Colombia? que fue convocado por la Corporación Sisma Mujer, había tomado la palabra la Alta Consejera para la Equidad, Cristina Plazas Michelsen,-
quien recalcó que la violencia sexual en medio del conflicto armado es una práctica común, que cometen todos los actores armados del país. “Para el gobierno nacional es una vergüenza que miembros de las Fuerzas Armadas ensucien con delitos sexuales el nombre de la institución”, recalcó.
El Vice Ministro para la Política Criminal Jorge Fernando Perdomo recalcó la necesidad de que el diseño de una política en este sentido incluya tanto los aspectos punitivos como la labor de prevención de la criminalidad.
Y la Senadora Alexandra Moreno Piraquive, presidenta de la Comisión Legal de Equidad para la Mujer del Congreso, narró las vicisitudes de la Ley 1257, o Ley contra la Violencia contra las mujeres, expedida en 2008.
De acuerdo con la Senadora Piraquive, no se ha logrado que las demás ramas del Estado hagan una reglamentación adecuada de la Ley y, además, algunos aspectos claves de ésta como la consideración de no querellables de los delitos sexuales, fue “tumbada” en la redacción de la ley de seguridad ciudadana.
“Ahora estamos radicando un nuevo proyecto de ley, para volver a la redacción completa de la Ley 1257”, caso que sirve como ejemplo para demostrar las incoherencias del legislativo, que justifican la necesidad de formular una política criminal para la violencia sexual.
En el último bloque participaron en una Mesa Redonda moderada por la directora de Sisma Mujer Claudia Mejía, las juristas Isabel Agathón y Julissa Mantilla; la investigadora Francoise Roth; la Fiscal de Derechos Humanos especialista en violencia contra las mujeres Stella Aguilar;-
y el ex magistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Uprimny, en su condición de miembro de la Comisión Asesora para la Política Criminal en Colombia, un grupo de 11 académicos delegados por el gobierno nacional para adelantar un estudio y dar recomendaciones en la materia en un documento que será entregado en marzo del 2012.
Bajo su perspectiva, en realidad no existe una política criminal general en Colombia, lo cual explica las incoherencias, contradicciones, ineficiencia e inoperancia de la justicia en el país.
Partiendo del reconocimiento de la discriminación de género, de la mayor vulnerabilidad y el alto número en que se cometen delitos de violencia sexual, se preguntó si no será necesario remover-
factores estructurales dentro de una política criminal general, antes que promover una política general exclusivamente relacionada con los aspectos de violencia sexual. El debate quedó abierto.
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