martes, noviembre 01, 2011

Seguridad narcocrática/
Imputan cargos por masacre de Puerto Alvira, Meta
Por Camilo Raigozo

Ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá la Fiscalía imputó cargos a 15 paramilitares postulados a la Ley de Impunidad mal llamada Ley de Justicia y Paz por la masacre perpetrada el 3 de mayo de 1998 en Puerto Alvira, Meta, donde las hordas criminales del régimen asesinaron con la complicidad del Ejército y la Policía al menos 20 personas entre ellas una niña de 6 años.

Tan sólo habían transcurrido 10 meses de barbarie perpetrada por los ‘paras’ y la fuerza pública en Mapiripán (Meta), entre el 15 y 20 de julio de 1997, donde asesinaron o desaparecieron a 49 personas.

Al caserío de Puerto Alvira llegaron 200 criminales de la estrategia paramilitar del régimen y con lista en mano sacaron a los habitantes de sus casas y en total estado de indefensión asesinaron a 20 personas.

Según las investigaciones algunas de las víctimas fueron degolladas por los ‘paras’. A otras les pasaron carros por encima y, aún agonizantes, derramaron combustible sobre sus cuerpos y les prendieron fuego.

Un fiscal de derechos humanos determinó que el demencial hecho fue dirigido por Manuel de Jesús Pirabán, alias “Jorge Pirata”, ex comandante del bloque Centauros. Pirata reconoció que recibió órdenes de los hermanos Carlos y Vicente Castaño.

Homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, desplazamiento forzado, destrucción y apropiación de bienes protegidos, terrorismo, daño de nave o aeronave, concierto para delinquir y secuestro, fueron los cargos imputados por el ente investigador.

Las víctimas en esta masacre fueron identificadas como: Uriel Cardona Salazar, Virgilio Bernal, Wilson Bernal Ortiz, José Tomás Ladino, Floriberto Marín García, Pedro José Rico Arévalo, Jorge Eliécer Aguilar Vargas, Jorge Alberto Suárez Melo, Jorge Báez,-

Angie Carolina Ducuara Vieda, Eberth Macairo Asprilla, Porfirio Carabalí, Hernán Fabián Cuéllar Díaz, Edwin Estrada González, Nelson Calderón Moreno, Alejandro Sáenz Cubides, John Jairo Méndez Hernández, Ulises Jiménez Lozada, José Ángel Orjuela Tovar y Oscar Hernández Correa.

Los presuntos criminales son: Manuel de Jesús Pirabán, Dumar Jesús Guerrero Castillo, Julio Enrique Flores Gonzáles, José Antonio Hernández Pérez, Elkin Casarrubia Posada, Humberto Antonio Aguilar, José Efraín Pérez Cardona, Agustín Sánchez Mejía,-

José Baldomero Linares, Francisco José Hernández, Giovanny Soto Blanquicet, William Antonio Páez Fernández, Leonardo Escobar Londoño, Francisco Manuel Jiménez y Luís Miguel Hidalgo, quienes eran miembros de los bloques Calima, Héroes del Llano y Centauros.

“Las masacres de Mapiripán, La Cooperativa, Puerto Alvira, Puerto Príncipe y de otros indígenas, obedecieron a una política de exterminio”, concluyó la Fiscalía.

Todas esas masacres sucedieron sin que el Ejército y la Policía hicieran algo en favor de las víctimas. Por la masacre de Mapiripán fue condenado a 37 años de cárcel el general Jaime Humberto Uscátegui, mientras que el resto de implicados gozan de total impunidad.

Sin embargo para el presidente Santos esos horrorosos crímenes y la impunidad de la que gozan los cómplices de las matanzas no le parecen “aberrantes”. Para Santos lo “aberrante” es que haya defensores de derechos humanos que velen por las víctimas.

El presidente Santos, quien tiene las manos untadas de la sangre de los jóvenes asesinados por el Ejército en los conocidos falsos positivos, muchos de ellos cometidos cuando él era ministro de Defensa, no oculta su odio por las víctimas y sus defensores.

Esa es la razón del feroz ataque de su gobierno contra la ONG defensora de derechos humanos Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, por la defensa de las víctimas de Mapiripán.

Igualmente y por el cinismo del que hace alarde el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, muy seguramente pedirá que los victimarios sean reconocidos como víctimas y viceversa, como lo expresó sin ninguna vergüenza recientemente por la masacre de Mapiripán.

La misma desfachatez se espera del procurador Ordoñez y del ministro de Justicia, para quienes la labor de los defensores de derechos humanos es un acto incómodo y censurable.


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