¿Qué pasó en Mapiripán?Por Comisión Colombiana de Juristas
En julio de 1997 dos aviones transportaron centenares de paramilitares desde Urabá hasta los Llanos orientales. Según la Fiscalía General de la Nación, el Ejército colombiano, y en particular las Brigada VII, facilitó que sobrevolaran zonas de alto control aéreo,-
aterrizaran, se movilizaran por vía terrestre y fluvial pasando por donde se encontraban la Brigada Móvil II y la Infantería de Marina, y llegaran hasta la orilla opuesta al río Guaviare, frente a Mapiripán.
Una vez allí, durante cinco días sacaron personas de sus casas, las torturaron, las asesinaron y luego desaparecieron sus restos, en un acto de barbarie sin precedentes.
La Corte Interamericana, en su sentencia del 2005 sobre la masacre de Mapiripán, precisó que “al momento de efectuar dicho reconocimiento el Estado aceptó expresamente que, a pesar de ser aún indeterminado, fueron aproximadamente 49 las víctimas ejecutadas o desaparecidas”.
De allí que impusiera al Estado colombiano la obligación de “individualizar e identificar, en un plazo razonable, a las víctimas ejecutadas y desaparecidas, así como sus familiares”.
Es claro pues que la obligación de determinar con exactitud quiénes fueron víctimas de esta masacre es del Estado colombiano, y no de las víctimas mismas ni de sus representantes.
¿Qué han hecho la Fiscalía y la Procuraduría en este sentido? ¿Qué han hecho para esclarecer los hechos y determinar a todos los responsables?
La señora Mariela Contreras, reconocida como víctima de la masacre de Mapiripán por parte del Estado, cambió la versión sostenida durante 14 años al afirmar recientemente que no fue víctima de estos hechos, a pesar de haber sido indemnizada por ellos.
Esto se suma a las declaraciones de unos paramilitares actualmente procesados por la ley de justicia y paz, quienes han señalado que la cifra de presuntas víctimas es inferior, contradiciendo lo manifestado anteriormente por Carlos Castaño Gil y otros paramilitares.
Sin que haya avances significativos en las investigaciones por la masacre, la Fiscalía ha señalado que las presuntas víctimas fueron muchas menos.
¿Por qué la Fiscalía, basada solamente en las afirmaciones de estos paramilitares, afirma con tanta seguridad que las víctimas no fueron más de nueve? ¿Pretende cubrir con estas afirmaciones su negligencia de años?
Por otro lado, es muy grave que una persona haya eventualmente engañado al Estado, pero este hecho no deslegitima automáticamente al resto de las víctimas, no reduce su número ni el sufrimiento por el que han pasado, y tampoco da lugar a cuestionar la ocurrencia de la masacre.
En los últimos días se ha hecho una generalización indebida al cuestionar las reclamaciones de todas las víctimas y relativizar lo ocurrido. Por esa vía, se busca poner en duda también las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, su credibilidad y legitimidad.
Ningún tribunal está exento de ser objeto de un fraude, pero cuando este se descubre, se procesa y se sanciona al responsable, pero no tiene por qué acarrear el descrédito del tribunal ni del procedimiento correspondiente, así como tampoco el de las víctimas en general y el de los abogados que han participado en él.
Es inaceptable que altas autoridades colombianas se hayan aprovechado de esta situación para proferir públicamente agresiones difamatorias contra las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos.
Rechazamos el hecho de que se utilice este episodio para acusar al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de haber propiciado esta situación “para lucrarse con los recursos del Estado”[1], llegando a expresar que “lo que no nos imaginamos es que recomendaban que mintieran e hicieran pasar por víctimas a quienes no lo eran.
¿Qué más acto de corrupción que este?"[2]. Del mismo modo, consideramos inadmisible que se comparen las acciones del Colectivo de Abogados con las desarrolladas por las Bandas Criminales[3].
Estos y otros señalamientos, además de revelar una ligereza impropia de la investidura de quienes las han proferido, desdicen del compromiso del Estado colombiano con la protección de los derechos humanos, y del respeto a la actividad de las y los defensores de estos derechos.
Por el contrario, los estigmatizan y los exponen a graves situaciones de riesgo para sus vidas.
Es repudiable que una persona pretenda hacerse pasar por víctima cuando no lo es, por lo que se debe investigar y sancionar a los responsables de esta conducta de manera inmediata. Pero ello no debe dar lugar a perder las proporciones de lo sucedido:
Mapiripán es una de las masacres más terribles en la historia de Colombia; la impunidad frente a lo ocurrido es clara, pues no se ha procesado a la totalidad de los responsables de estos hechos, incluidos algunos miembros de la fuerza pública del más alto nivel;
las verdaderas víctimas de la masacre han pasado por un sufrimiento indescriptible y todavía esperan respuestas por parte del Estado colombiano; para ayudarlas a obtener estas respuestas, y no para enriquecerse, es que las organizaciones de derechos humanos representan a las víctimas ante los sistemas internacionales.
La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos expresa su solidaridad con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y hace un llamado a que no se ahorren esfuerzos para que a quienes luchan por los derechos humanos y contra la impunidad en el país-
se les brinden las garantías necesarias para poder llevar a cabo su labor libres de intimidaciones y agresiones, en particular por parte de aquellos sectores que se verían perjudicados con el avance de los derechos humanos, el esclarecimiento de los crímenes y la reparación de las víctimas.
Mayor información a prensa: José Humberto Torres - Comité Operativo Nacional (Tel : 317 665 52 20)
La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (C.C.E.E.U.) es una coalición de 220 organizaciones colombianas que trabajan por la promoción y defensa de los derechos humanos en el país: http://www.ddhhcolombia.org.co
