La Comisión Colombiana de Juristas desmiente falsas acusaciones del senador Manuel VirgüezBogotá, Agosto 31 de 2011. De acuerdo con diferentes notas de prensa que aparecieron desde el día de ayer, el senador del partido MIRA, Manuel Virgüez citó a un debate de control político con el propósito de discutir los costos de las indemnizaciones en los procesos que se adelantan contra el Estado colombiano ante el sistema interamericano de derechos humanos.
En sus declaraciones a la prensa el senador realizó una serie de afirmaciones falsas contra el abogado Camilo Mejía Gómez, quien desde julio de 2010 es Coordinador de Litigio Internacional de la Comisión Colombiana de Juristas, y quien hace cinco años dejó su cargo como delegado del Programa Presidencial de Derechos Humanos en el grupo de defensa internacional del Estado, GOI.
El senador Virgüez, al referirse al doctor Mejía señaló que “ellos, como funcionarios del gobierno que fueron, tienen acceso a información privilegiada, la emplean a su favor y en eso radica, en gran medida, la fragilidad de la defensa de Colombia”[1].
Sin embargo, no es cierto que el señor Mejía haya entregado información privilegiada y confidencial, lo cual constituiría no solo una falta ética sino una infracción disciplinaria prevista en el Estatuto del Abogado.
Las afirmaciones del senador son de carácter general, se basan en suposiciones y no presenta ningún ejemplo concreto de empleo de información privilegiada. Cuando él fue contratado por la Comisión Colombiana de Juristas las partes acordaron que no intervendría en los casos que hubiera conocido como funcionario del Estado.
En ocasiones anteriores personas que han trabajado en la Comisión Colombiana de Juristas han pasado a emplearse como funcionarios del Gobierno. Incluso uno de ellos fue Consejero Presidencial para los Derechos Humanos.
Esta organización considera que estos cambios obedecen al desarrollo del libre ejercicio de la profesión y no ha puesto en duda el adecuado manejo de la información que estas personas hayan conocido, pues asume que igual que el doctor Camilo Mejía, estas personas son conscientes de los deberes, las incompatibilidades y las obligaciones de lealtad en el ejercicio de la profesión de abogado, que se desprenden tanto de la ética como de la ley 1123 de 2007 (Código Disciplinario del Abogado).
El senador Virgüez se equivoca gravemente si piensa que se necesita hacer trampa para que el Gobierno colombiano sea condenado por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Colombia. La culpa de las sentencias de la Corte Interamericana no se debe a los defensores sino a las violaciones de derechos humanos.
A prevenir y sancionar estas últimas debería dirigir sus esfuerzos el senador si quiere realmente favorecer al pueblo colombiano y ahorrarle gastos al Estado. Ese es el deseo de la mayoría de los habitantes de nuestro país, que procuran, al igual que la Comisión Colombiana de Juristas, vivir en una sociedad civilizada, donde el respeto a la vida y la dignidad de las personas sea una prioridad central de nuestra convivencia.
