Seguridad narcocrática/Maniobras dilatorias de Defensoría Militar entorpecen procesos de 'falsos positivos': Fiscal
Por Caracol Radio
En un tono vehemente, la fiscal general de la Nación, Viviane Morales Hoyos, envío esta mañana una carta al magistrado Angelino Lizcano Rivera, presidente del Consejo Superior de la Judicatura para que investigue las constantes dilaciones en la investigación contra teniente Raúl Muñoz Linares, implicado en la muerte de tres hermanos menores de edad en octubre de 2010 e igualmente que intervenga para que los jueces den celeridad a este proceso.
Según el fiscal del caso el procesado ha designado siete abogados defensores diferentes en distintas oportunidades procesales, lo cual ha conllevado que los jueces de conocimiento decreten varios aplazamientos.
"Lo preocupante es que esa práctica se ha convertido en costumbre en los procesos en los que interviene la Defensoría Pública Militar (DEMIL) lo cual ha entorpecido y dilatado el juzgamiento de los casos conocidos como “falsos positivos”.
Este es el texto completo de la carta:
El texto de la carta es el siguiente:
Doctor:
ANGELINO LIZCANO RIVERA
Presidente
Consejo Superior de la Judicatura
La ciudad.
Respetado señor Presidente,
La Fiscalía General de la Nación formuló acusación contra el señor Raúl Muñoz Linares, Subteniente adscrito a la Brigada Móvil Nº 5 del Batallón de Combate Terrestre N° 45 Héroes de Majagual perteneciente a la Octava División del Ejército Nacional, a quien se le imputa responsabilidad a título de autor del homicidio de los menores Jimmy Ferney Torres Jaimes (9 años), Jeferson Geovany Torres Jaimes (6 años) y Jenny Narvey Torres Jaimes (14 años).
A pesar de que los hechos ocurrieron en jurisdicción del municipio de Tame, Arauca, actualmente el juzgamiento de esos hechos está radicado en cabeza del Juzgado 27 Penal del Circuito de Bogotá D.C., como consecuencia del cambio de radicación ordenado por la Corte Suprema de Justicia a instancias de la solicitud elevada por el señor Ministro del Interior y de Justicia, después del lamentable asesinato de la doctora Gloria Constanza Gaona Rangel, Juez Penal del Circuito de Saravena que tenía el conocimiento de este caso.
El proceso mencionado se encuentra actualmente pendiente de la reanudación de la audiencia preparatoria, la cual ha sido aplazada en al menos cuatro oportunidades por motivos que son de extremadamente preocupantes, y para cuya solución se requiere la decidida intervención de esa Honorable Corporación.
Según informa el Fiscal que está a cargo de la actuación, en este caso el procesado ha designado siete (7) abogados defensores diferentes en distintas oportunidades procesales, lo cual ha conllevado que los jueces de conocimiento decreten varios aplazamientos, en orden a asegurar que cada nuevo defensor pueda tener el tiempo necesario para estudiar el caso.
Lo preocupante de esta situación es que éste no es el único caso, en que miembros de la fuerza pública vinculados a procesos penales acuden al cambio reiterado y sistemático de defensores para dilatar el procedimiento.
De acuerdo con un informe rendido por la Fiscal Jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, esa práctica se ha convertido en costumbre en los procesos en los que interviene la Defensoría Pública Militar (DEMIL) con sede en Bogotá D.C., lo cual ha venido entorpeciendo y dilatando el juzgamiento de los casos conocidos como “falsos positivos”.
Entre los casos más graves se encuentra el relativo al homicidio ocurrido en el año 2008 en el municipio Soacha, Cundinamarca, del que fueran víctimas varios jóvenes que se reportaron falsamente como N.N. dados de baja en combate por efectivos del Batallón No.15 y del Batallón Santander con sede en Ocaña (Norte de Santander).
En este caso no solamente no se ha podido llevar a cabo la audiencia preparatoria, sino que los militares implicados adquirieron su libertad por causa de dilaciones que a la fecha no han permitido iniciar el juicio oral. Estas dilaciones consisten, al igual que en el caso del homicidio de los menores de Tame, en el cambio sistemático y reiterado de defensores en el curso de las audiencias, justamente al inicio de las mismas, para evitar su realización.
Como consecuencia de este abuso del derecho de defensa, hasta este momento han transcurrido entre 965 y 944 días desde la fecha de reparto al juez de conocimiento, sin que se haya podido concluir la audiencia preparatoria
Adicionalmente es importante señalar, que la dilación injustificada de estos procesos penales tiene serias implicaciones internacionales, como quiera que los organismos encargados de la observación del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario perciben esta situación, como falta de voluntad de las autoridades nacionales para la pronta y cumplida administración de justicia.
Ello más aun cuando se trata, como en este caso, de homicidios cometidos presuntamente por agentes del Estado, entre ellos algunos oficiales de alto rango.
La Fiscalía General de la Nación ha solicitado, como corresponde, las respectivas compulsas de copias al Consejo Superior de la Judicatura, sin que a la fecha se haya producido alguna decisión que permita poner fin a esas prácticas de deslealtad procesal.
Por esta razón concurro a su despacho en esta oportunidad, para solicitarle que dentro del ámbito de sus competencias tome las medidas que sean necesarias y suficientes, para instruir a los jueces penales del país acerca de la importancia de imprimir celeridad a los procesos que se adelantan por violación de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y de hacer uso de las facultades que les confiere la ley para impedir que los procesados logren dilatar el procedimiento mediante la sustitución reiterada y sistemática de defensores.
Cordialmente,
VIVIANE MORALES HOYOS
Fiscal General de la Nación
