Así es la cruzada de miedo de las víctimas de las bandas criminales
En Urabá, 1.600 familias reclaman parcelas que tienen testaferros o empresarios. En Urabá buscan recuperar hectáreas. Meta y Córdoba viven el despojo; en Bajo Cauca, desapariciones.
Por: El Tiempo
Lujosas camionetas blindadas y guardaespaldas pagados por el Ministerio del Interior se encargan de movilizar por el Urabá antioqueño a un puñado de campesinos que lideran la restitución de 27.000 hectáreas, robadas por ex 'paras' y hoy en manos de empresarios.
A pesar de la parafernalia que los acompaña, algunos de esos líderes, por cuyas cabezas la banda criminal 'los Urabeños' ofrece recompensa, no tienen ni siquiera para comer, pagar el arriendo de la sede de su organización o las fotocopias que les exige la justicia como condición para tramitar sus casos.
Fernando León Enamorado es uno de esos escoltados. Duerme en un colchón que le ayuda a cargar un guardaespaldas de Vise (contratista del Estado), se alimenta con parte del dinero de la gasolina del blindado y su único equipaje es la evidencia que guarda en su cabeza sobre 'paras', testaferrato y empresarios.
"Llevo cinco cirugías en la cara después del atentado que sufrí en octubre. Y la Policía dice que están ofreciendo 50 millones para que me maten, como lo hicieron con el finado Benigno Gil, fundador de la organización", dice Enamorado, quien aún tiene los maxilares trabados por un disparo.
Ese movimiento campesino -Víctimas por la Restitución y el Acceso a la Tierra, que se originó en el Urabá, en enero del 2008- representa a 1.600 familias cuyas parcelas están en manos de empresarios de la zona -como Jaime Uribe Castrillón, Felipe Echeverri y José Vicente Cantero- que se declaran terceros de buena fe (ver recuadro).
A unos cuantos kilómetros de allí, los campesinos de Córdoba realizan una cruzada similar, pero con más muertos en su lista. A Teófilo Vidal, líder de la región, 'los Urabeños' le pegaron cuatro balazos a pesar de tener escolta. Y a Jhon Martínez, las 'Águilas Negras' le llegaron a su casa por un sorbo de agua y terminaron quitándole la vida.
En las estadísticas también están Yolanda Izquierdo, madre de cinco niños y representante de 800 víctimas de los Castaño; Antonio Ramos, dueño de un trozo de Santa Fe de Ralito, y Ana Isabel Gómez, quien se enfrentó a los hombres del 'Alemán', ladrones de 148 parcelas.
A pesar de tener un revólver en la nuca, las víctimas de estas bandas en Córdoba han logrado documentar 5.000 casos de despojo (cerca de 50.000 hectáreas), y en Urabá, el movimiento está recogiendo denuncias del Valle, Caldas, Bolívar, Quindío, Sucre...
Extorsión y silencio
Pero en el Bajo Cauca, nadie quiere hablar. Aunque el secretario de Gobierno de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destaca una reducción del 20 por ciento de asesinatos -al pasar de 279 en el 2009 a 224 el año pasado- hay un subregistro de desapariciones.
El párroco de Tarazá, Elkin Pérez, dice que, en lo que va del año, se le han acercado 15 pobladores pidiéndole que incluya en sus oraciones a gente asesinada por tener parientes en uno de los bandos. Y el no pago de 'vacunas' es otra causal de muerte.
José García, dueño del almacén El Progreso, en Caucasia, fue acribillado en octubre del 2009 por no pagar a tiempo 20 millones de pesos. Su caso desató la primera marcha de rechazo en la que pobladores pidieron que cesaran los homicidios, desapariciones, ataques con granadas y extorsiones a comerciantes, transportadores, ganaderos y mineros. Pero la marcha fue en vano.
La intimidación también tiene sitiado el sur del Meta y el Guavire. Activistas de derechos humanos dicen que las denuncias de las víctimas son mínimas porque los victimarios -la Erpac y el bloque Héroes del Llano- están incluso en el perímetro urbano.
Esa nueva ola de miedo y destierro también se está gestando en Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta, Valencia, Montería, Las Córdobas, Puerto Escondido y Lorica, corredores de droga de Córdoba.
En Montelíbano se habla incluso de una mujer, de apellido Paternina, que se encarga de comprar de manera masiva tierras a desplazados.
"Hay más de 10.000 familias reclamando parcelas y no hay blindados para todos", dice uno de los campesinos.
