Crisis humanitaria en Llanos Orientales
Sí hay fosas comunes
Aunque el Gobierno por intermedio del ministro de Defensa las niegue, en solo tres ‘cementerios’ hay más de 1.500 cuerpos de personas desconocidas que pueden ser ‘falsos positivos’ o desaparecidas
Por Camilo Raigozo. Voz
Después de muchas denuncias a través de un largo periodo de tiempo, por parte de familias campesinas de la región del Meta y Guaviare y de organizaciones defensoras de derechos humanos, en las que acusan a la Fuerza Pública y paramilitares de estar cometiendo aberrantes violaciones a los derechos humanos, tales como desapariciones forzadas,-
masacres y ejecuciones extrajudiciales, entre otras, el pasado 22 de julio se realizó en La Macarena, Meta, una audiencia pública, la cual contó con presencia de una importante delegación extranjera y se corroboró lo que se venía denunciando: la existencia de fosas comunes con miles de cuerpos sin identificar, principalmente alimentadas por el Ejército.
Tres días después, el 25 de julio, el entonces presidente Álvaro Uribe, desde la guarnición militar de La Macarena, aledaña al cementerio clandestino hasta entonces, acusó a las ONG y a las familias de las víctimas presentes en la audiencia de ser voceros del terrorismo.
Defendió incondicionalmente el comportamiento de la Fuerza Pública y hasta hizo un llamado para mirar cómo se podían defender los militares implicados en violaciones a los derechos humanos.
La misma actuación tuvo el actual ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, a finales de agosto del mismo año, en su intervención en la Plenaria de la Cámara de Representantes, ante las denuncias hechas por los congresistas Iván Cepeda y Gloria Inés Ramírez.
La realidad es otra
La realidad les está dando la razón a las familias de las víctimas, ONGs, activistas, Cepeda y a Ramírez. Para la fecha de la audiencia en La Macarena la misma Fiscalía había reconocido la existencia de 449 cuerpos enterrados sin identificar, de los cuales ya se tenía comprobado que 10 eran ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército.
El número de denuncias y testimonios indican que la cantidad de posibles víctimas allí enterradas sobrepasa los 2.000. “Hay serios indicios de que los cuerpos son de víctimas que militares hicieron pasar como guerrilleros caídos en combate, y de acuerdo con testimonios se trata de cientos de asesinatos cometidos por el Ejército y paramilitares”, le dijo a VOZ en La Macarena el padre jesuita Javier Giraldo.
Por pedido de los congresistas del Polo, el pasado 16 de diciembre, las autoridades judiciales encontraron los restos de 66 personas sin identificar en el cementerio de Granada, Meta, que sumados a los 412 encontrados previamente, elevó a 478 el número de personas sepultadas sin identificar en ese cementerio.
De los 66 últimos hallazgos, 25 osamentas pertenecen a menores de edad, aclaró la senadora Gloria Inés Ramírez. Esas dantescas cifras son la punta del iceberg por cuanto apenas son el comienzo de las investigaciones. “Aquí los militares trajeron en volquetas los cadáveres. Según la Fiscalía en una misma fosa se encontraron 46 o 47 cuerpos. Otros 25 fueron inhumados en fosas con al menos tres cuerpos en cada una”, aseveró el sacerdote Javier Giraldo.
Caídos en combate no es un argumento válido
Tanto para los congresistas Gloria Inés Ramírez e Iván Cepeda, como para el padre Javier Giraldo, en los cementerios de San José del Guaviare, que no es uno sino muchos, y Vistahermosa, ha ocurrido lo mismo. En el caso de este último la Fiscalía ha advertido que “es muy difícil de investigar porque hay muchas tumbas sin que haya registro de nada”.
El abogado defensor de los derechos humanos Ramiro Orjuela, dijo que “pueden existir algunos casos de personas muertas en combate. Pero esta situación ha sido utilizada por el Ejército para asesinar personas inocentes y hacerlas pasar por guerrilleros.
Además el gobierno aprovecha esos casos excepcionales para desacreditar a los defensores de derechos humanos a quienes persigue, amenaza, asesina o encarcela”.
Iván Cepeda advirtió que “no es válido el argumento de que las personas que están en esos cementerios hayan sido dadas de baja por el Ejército en combate. Pero sí aún eso fuera cierto, que no lo es, de todas maneras se está violando el Derecho Internacional Humanitario.
Estos delitos pueden configurarse como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Muchas personas han denunciado que sus hijos fueron desaparecidos por el Ejército y enterrados en la forma de falsos positivos”.
Una investigación de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía sobre el número de N.N., conocida el 15 de diciembre de 2010, dio cuenta de 11.403 cuerpos sin identificar en 302 de los 1.103 municipios que tiene el país.
Si a esto se le suman las decenas de miles de cuerpos arrojados a los ríos o a los caimanes, los incinerados en hornos crematorios, los enterrados en fosas comunes clandestinas que jamás serán encontradas y las personas desaparecidas para siempre, podremos tener una vaga idea de la demencial “democracia” que padece Colombia.
