Una (in) cultura mafiosa
Por Reinaldo Spitaletta. El Espectador

Desde hace años, en Colombia se impuso la cultura de la mafia, que, entre otros defectos, estableció parámetros del mal gusto y paradigmas de comportamiento chabacano y ordinario, que muchos pobladores, en su alienación, ven como virtudes.

Nada raro es rendirle pleitesía al que dispara (y no sólo al aire), al que escucha en sus camionetas polarizadas música (?) a alto volumen. Al que con su cuatrimoto de vereda hace arrojar a un lado a los viandantes.

Estamos llenos de arribistas y “carangas resucitadas”. En el ejercicio de la política (o politiquería) valen más los corruptos. Son dignos de admiración y respeto. Y de alguna condecoración oficial o nombramiento diplomático.

Mejor dicho, como en un tango, estos tiempos son un “despliegue de maldad insolente”. ¡Cuánto daño nos ha hecho tal cultura! Penetró todos los estamentos sociales y casi se ha vuelto una “política pública”.

Colombia es, en sus esferas de poder, una amalgama de malhechores. Y esa situación detestable parece estar bien vista por el rebaño.

Aquí no pasa nada si un delincuente entra al palacio presidencial, o “Casa de Nari”, y menos aún si está urdiendo un complot contra la Corte Suprema, porque eso es, simplemente, según un asesor presidencial, un “trámite natural de la vida política pública”.

Ese mismo asesor es el que advierte que aquí, en este país que ocupa el segundo puesto mundial en desplazamiento forzado, no hay desplazados sino “migrantes”.

El eufemismo ha sido un modo de la hipocresía. Y de la demagogia. Del enmascaramiento del lenguaje para que el engaño quede como una cualidad.

Recuerdo uno muy usado en otros días: “flexibilización laboral” para referirse, o, mejor dicho, ocultar el conculcamiento de derechos a los trabajadores.

Otro, más reciente, es afirmar que la visita de alias Job, como emisario de la mafia, es el cumplimiento de una cita para conocer la información de los “particulares”.

Aquí todo es muy “particular”. Los paniaguados del poder dicen que la “verdad ha sido la norma de este Gobierno”.

Pero la realidad evidencia lo contrario: hay que esperar que alguna revista publique grabaciones e informes, por ejemplo, sobre la extraña visita de un hampón a la casa presidencial para enterarnos de los “secretos” palaciegos.

O para advertir cómo la mafia penetra las entrañas estatales, compra jefes seccionales de fiscalías, reparte cuatrimotos, se entrevista con ex gobernadores nombrados como embajadores…

La cultura mafiosa permite, por ejemplo, que un fiscal borre las fotografías de un lugarteniente de un capo de un organigrama de delincuentes, o que se compren votos, o que se distribuyan gabelas y coimas para que se pueda reformar un “articulito” de la Constitución.

Y que todo eso se vea como un ejercicio del pragmatismo, como parte normal de la política. Porque se ha impuesto aquello del “todo se vale” a fin de proyectar un espejismo de seguridad y democracia.

En las esferas del poder poco interesan la moral y la ética. Ni la responsabilidad política. Qué importa si un hermano del Ministro del Interior y de Justicia está acusado de participar en asuntos delictivos. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano?, podría decir el dignatario.

En un país civilizado (éste no lo es) un caso como el de los Valencia Cossio ya habría desencadenado la renuncia del titular de la cartera del Interior y de Justicia.

O en el escándalo del “yidisgate” tendrían que haber dimitido personajes como Sabas Pretelt y Diego Palacios, llamados a indagatoria como presuntos coautores del delito de cohecho.

Pero puede más la fuerza del padrino. Y la de los “particulares”, como los enviados de la camorra criolla al palacio imperial. Qué especial país, en el cual no existen, según ciertos comensales del príncipe, ni la parapolítica ni la yidispolítica. ¡Ah!, claro: ni la dignidad.

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