A un acuerdo de 17 añosEl Gobierno responde con balas
Ocho indígenas habían resultado heridos de gravedad por armas de fuego utilizadas por la fuerza pública según denunció el Consejo Regional Indígena del Cauca
Por Camilo Raigozo. Voz
El pasado 21 de mayo, en la hacienda La Emperatriz cerca de 500 indígenas que le reclamaban al gobierno el derecho a su tierra y el cumplimiento de los acuerdos que el Estado colombiano tiene pendientes con las comunidades indígenas del norte del Cauca por la masacre del Nilo, fueron atacados por los escuadrones antidisturbios de la Policía Nacional con bombas explosivas y armas de fuego.
La agresión de la fuerza pública, había dejado hasta la fecha, ocho indígenas heridos de gravedad, entre los que se encontraban Eulogio Dagua Cuetia, Luís Enrique Ramos, Alex Méndez y Luís Eduardo Ramos, comuneros de los resguardos indígenas de Jambaló, San Francisco, Huellas y Toribío.
El día 16 de diciembre de 1991, aproximadamente 80 indígenas paeces del norte del Cauca, acudieron a una cita aparentemente convocada por los nuevos dueños del predio en la parte montañosa de la hacienda El Nilo, en el corregimiento el Palo, municipio de Caloto (Cauca).
A las nueve de la noche llegaron hombres fuertemente armados y obligaron a los indígenas a tirarse al piso y les dispararon indiscriminadamente. La masacre dejó como resultado 20 indígenas asesinados.
Según las pruebas arrojadas por la investigación penal y de la Procuraduría, la acción criminal fue coordinada por el mayor de la policía Jorge Enrique Durán Arguelles, comandante del Segundo Distrito de Policía de Caloto.
El Estado colombiano reconoció su responsabilidad en la masacre del Nilo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 29 de julio de 1998 y adquirió varios compromisos para con las comunidades indígenas, entre los que figuran, justicia y reparación integral individual y colectiva.
Casi a una década después, el Estado no ha cumplido lo pactado a pesar que el 13 de septiembre de 2005, el presidente Uribe se comprometió, a través de otro acuerdo, a dar cumplimiento a sus obligaciones pendientes en un plazo máximo de dos años.
Sin embargo, el gobierno ha dilatado el cumplimiento a través de maniobras administrativas, trámites burocráticos y desinformación mediática.
“ni un sólo centímetro más de tierra para indígenas”
Según lo denuncia la CRIC, el gobierno ha puesto en marcha estrategias para generar conflictos entre las comunidades indígenas, afro colombianas y campesinas, como excusa para evadir sus obligaciones.
Uribe en apoyo a las multinacionales promulgó el Estatuto Rural y ha tomado otras medidas administrativas que invalidan los acuerdos y compromisos adquiridos con la población indígena.
El 15 de Marzo de 2008, en el Consejo Comunitario de Popayán, el primer mandatario ofreció recompensas a informantes que denuncien a quienes defiendan sus derechos y participen de los procesos de liberación de la Madre Tierra.
A pesar de que la Constitución del 91, reconoció la existencia de los pueblos indígenas y ordenó proteger la diversidad étnica en el país, la masacre del Nilo marcó el reinicio de las políticas oficiales de orden discriminatorio y hostil contra los pueblos del Cauca.
A esta le han seguido, la masacre del Naya en abril del 2001con más de 100 personas asesinadas por el paramilitarismo y el desplazamiento de al menos 5.000 indígenas; la masacre de 13 indígenas en la vereda Gualanday, municipio de Corinto, en el año 2001;
la masacre de 7 indígenas en la vereda San Pedro, municipio de Santander de Quilichao en el 2001; tres personas asesinadas por la fuerza pública y se registran múltiples desapariciones forzadas, asesinatos selectivos y afectaciones por enfrentamientos armados.
El actual mandatario estigmatiza a las organizaciones indígenas del Cauca, acusándolas de terroristas aliadas de la guerrilla, como pretexto para efectuar la fase II del Plan Colombia en esos territorios a través de acciones cívico militares cuyo objetivo es facilitar el despojo de las tierras y recursos para entregárselos a las multinacionales.
Para evitar que las tierras pasen a manos de sus verdaderos dueños, los indígenas, amenazan a quienes que decidan venderles tierras o argumentan que los predios están destinados a campesinos, a desplazados y a comunidades negras.
Uno de los principales obstáculos para la recuperación de territorios indígenas han sido los impedimentos insertos en los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial cuyo objetivo expreso es “ni un sólo centímetro más de tierra para indígenas”.
