Colombia es un Estado torturadorPor Camilo Raigozo
El pasado 18 de agosto la Coalición Colombiana Contra la Tortura presentó un informe de seguimiento a las recomendaciones del Comité Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de la ONU.
La Coalición Colombiana Contra la Tortura está conformada por la Asociación de detenidos-desaparecidos, Asfades; Asociación Minga; Colectivo de Abogados José Alvear Restreo, Ccajar; Comisión Colombiana de Juristas, Ccj; Corporación Avre; Corporación Reiniciar; Corporación Vínculos; Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Fcspp y la Organización Mundial Contra la Tortura, Omct.
Según el documento, entre julio de 2001 y junio de 2009, fueron víctimas de tortura al menos 1.834 personas de las cuales fueron asesinadas 1.148, sobrevivieron 422 y fueron torturadas sicológicamente 264 personas.
De los crímenes anteriores el 15 por ciento de las víctimas fueron mujeres. De los 610 casos en que se pudo establecer la edad de las víctimas se encontró que 179 fueron niñas y niños, 179 jóvenes y 10 adultos mayores.
De los 1.350 casos en que la Coalición logró conocer los presuntos autores, el Estado está comprometido en el 90,59 por ciento de ellos. En 566 torturas, el 41,93%, están comprometidos directamente agentes estatales del Ejército, Policía y otros.
Mientras que por omisión, tolerancia o apoyo de agentes del Estado a paramilitares en la comisión del delito de tortura fueron encontrados 657 casos, 48,67%. Por su parte las guerrillas son responsables del 9,41% de estos delitos.
Desplazamiento forzado
El informe señala que en 2009 fueron desplazadas más de 280.000 personas en Colombia, las cuales pasaron a engrosar la suma de más de cinco millones de desplazados ya existentes. La fuente se basa en el seguimiento que en esta materia ha realizado la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes.
La Comisión Colombiana de Juristas tuvo conocimiento de 118 casos de personas desplazadas, víctimas de violaciones al derecho a la vida, entre el 1 de enero de 2007 y el 30 de septiembre de 2009. Al menos ocho de ellas eran personas que reclamaban la restitución de sus tierras.
En los casos en que se conoció el presunto perpetrador de este crimen, se encontró que el Estado es responsable del 90,38% de estos. El 21% por acción directa de militares, policías u otros agentes; y por connivencia de estos con paramilitares el 69,23%. Por su parte las guerrillas son responsables del 9,62% de los desplazamientos.
El propio gobierno reconoció que entre 2007 y el primer semestre de 2010 fueron asesinadas 1.499 personas desplazadas y 354 fueron desaparecidas de manera forzosa.
Violencia sexual
La Comisión Colombiana de Juristas pudo establecer que entre julio de 2001 y junio de 2009 ocurrieron al menos118 casos de violencia sexual. En 111 casos las víctimas fueron mujeres, en 6 hombres y uno no se pudo establecer.
En los 58 caos en que se pudo establecer la edad de las víctimas se encontró que 37 fueron niñas, 10 jóvenes y 11 adultas. Es decir que el 81,03 de las víctimas de violencia sexual son menores de 25 años.
En los 107 casos en que se pudo establecer el autor del crimen de violencia sexual se encontró que los agentes del Estado son responsables del 98,14% de estos. Por perpetración directa de militares, policías u otros agentes, el 66,36%, y por complicidad de estos con paramilitares, el 31,78%. Las guerrillas fueron halladas responsables en dos casos es decir el 1,87%.
Cabe anotar que la gran mayoría de crímes de tortura, violaciones sexuales y tortura sicológica, no son denunciadas, principalmente por amenazas de los victimarios, el dificil acceso a la justicia y por ignorancia de las víctimas a ejercer ese derecho.
El gobierno colombiano se ha negado sistemáticamente a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura, herramienta que obligaría al Estado colombiano a implementar un sistema de visitas regulares a los centros carcelarios y penitenciarios,-
por parte de organizaciones independientes y complementarios a nivel internacional y nacional, que contribuiría en la prevención de hechos de tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a los cuales son sometidos los internos en las cárceles del país.
Sin ningún sonrojo el gobierno se ha opuesto a dicha ratificación argumentando que “no es necesaria, por cuanto existen diferentes mecanismos internos, tales como comités y directivas, en las entidades del gobierno del orden nacional y regional, con el objetivo de prevenir la ocurrencia de hechos de tortura”.
Volver a la página principal
