San José de Apartadó
Campesinos rechazan jornadas cívico-militares y denuncian
abusos del Ejército
Por Camilo Raigozo. Notimundo
El Comité de Derechos
Humanos de esta localidad en representación de las comunidades de esa región
del país rechazó categóricamente la estrategia del régimen y su aparato militar
de implementar las jornadas cívicomilitares en las que se infringe claramente
el Derecho Internacional Humanitario, DIH, al poner en alto riesgo a la población
civil.
Según la denuncia, se tiene conocimiento sobre la intención
de la Brigada 17 de realizar una jornada cívico-militar que va de la mano de la
Unidad de Víctimas de la región.
“Exigimos categóricamente el cumplimiento de las
funciones del Estado en la que subscribe compromisos con las cartas internacionales
como garante de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario,
ya que estas jornadas van en contravía de la prohibición por parte del Comité
Internacional de los Derechos de los niños y porque además violan la ley 1098
del 2006, del Código de Infancia y Adolescencia”, advierte el documento.
Bajo esta perversa estrategia los militares intentan
suplantar las funciones correspondientes únicamente a instituciones civiles
como dicta la Constitución Nacional y las leyes.
“Hacemos un llamado a las instituciones del Estado para
que vigilen los protocolos del manejo, recolección y destinación de la
información que los habitantes de las comunidades suministran a Unidad de
Víctimas, pues en la recolección de estas declaraciones ha sido notoria la
presencia de miembros de inteligencia de la Fuerza Pública”, objetan las
comunidades.
En septiembre anterior el sargento Franco Portilla, “victimario
del Ejército”, hizo parte del grupo de funcionarios de la Unidad de Víctimas y
recibió declaraciones de carácter privado de campesinos sobre abusos de la Fuerza
Pública.
Este sujeto fue denunciado por las comunidades ante la Procuraduría
sin que hasta el momento se haya hecho nada contra la conducta delincuencial de
la inteligencia militar.
“Hacemos un llamado de urgencia a que se prohíban estas
actividades, a que no se siga poniendo en peligro a las personas protegidas y a
que se le ponga freno a muchas otras arbitrariedades, como la militarización de la vida social civil,
la escuelas, las aceras y zonas deportivas, en las cuales los niños y jóvenes son
expuestos al constante peligro por la ocupación de la Fuerza Pública”, expresa
la nota.
El documento recuerda que se han presentado
enfrentamientos entre la insurgencia y el Ejército en los que han quedado en
evidencia las violaciones al DIH y los peligros a los que son avocados los
civiles.
Es el caso del pasado 6 de septiembre cuando en un
enfrentamiento con la guerrilla el Ejército se parapetó violentamente en la
iglesia y las viviendas poniendo en
peligro a los pobladores.
La denuncia afirma también que estas acciones son
constantes y que incluso hay veredas en las que el Ejército acampa en las zonas
civiles protegidas, someten a la población a interrogatorios ilegales y hacen
señalamientos infundados como si tuvieran las funciones judiciales del Estado.
El pasado 10 de octubre en la vereda La Cristalina, la
Fuerza Pública les prohibió a los campesinos realizar labores agrícolas en las
fincas, el pastoreo de animales y los amenazó con atenerse a las consecuencias
si no obedecían las órdenes.
En esa incursión los uniformados retuvieron ilegalmente al labriego Jhon Eider Flórez, a
quién sometieron a manipulaciones y presiones para que se autoincriminara como
desmovilizado.
Flórez fue dejado en libertad el 15 de octubre “porque no
encontraron artimañas suficientes para vincularlo al falso proceso de
desmovilización”.
