Terrorismo de Estado/
“Se está dando una persecución contra la organización”:
víctima de falso positivo judicial
Por: José Antonio Gutiérrez D.
Recientemente hablamos con Guillermo Antonio Cano Borja,
veterano luchador agrario colombiano, coordinador del área de derechos humanos
la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima, Astracatol, miembro de la
junta ejecutiva de Fensuagro, sobreviviente de la Unión Patriótica y
actualmente militante de la Marcha Patriótica.
Nos remitimos al más reciente capítulo en la historia de
vida de este luchador social, desde la formación de Astracatol, marcada por la
persecución y la represión oficial desde su nacimiento, hasta su reciente
captura y el arresto domiciliario que padece.
El 8 de Mayo fue capturado, junto a otros siete
campesinos de Astracatol (Ramiro Bazurdo Gonzalez, Floricel Buitrago Cangrejo,
Norberto García García, Gonzalo Ernesto Pastor Mora, Constantino Mayorga
García, José Guillermo Pacheco Cruz y Edilberto Mayorga García), en un
exagerado operativo militar que fue transmitido por todos los medios de
comunicación.
Ha sido sindicado de supuesto auxiliador y financiador
del Frente 25 de las FARC-EP, acusación plagada de contradicciones.
Por una parte, según el Ejército hace un par de años que
este frente guerrillero había sido desarticulado; por otra parte, la Fiscalía
fue incapaz de presentar a la defensa las pruebas que tienen para sustentar la
acusación, aunque se sabe que su origen serían testimonios de supuestos
desmovilizados a sueldo.
Dicho sea de paso, familiares de los campesinos presos de
La Marina (Chaparral, Tolima), también afiliados a Astracatol, han puesto una
denuncia ante la Unidad de Falsos Testigos de la Fiscalía General de la
República, por la existencia de un “cartel de testigos” utilizado por la
Fiscalía en Tolima para judicializar y perseguir a los campesinos tolimenses
organizados.
Hay que resaltar que Astracatol es una organización sindical
agraria, conformada para avanzar el derecho de los campesinos a la tierra, para
luchar por el bienestar material y moral de las comunidades campesinas.
Sin embargo, la más grande lucha de esta organización ha
sido por su derecho a existir. Por ello el apoyo a cada uno de los presos de
Astracatol es un clamor por la libertad, por el derecho a organizarse, pensar y
luchar, negado cotidianamente al pueblo colombiano.
Entrevista con Guillermo Cano:
¿Cómo fue el
proceso mediante el cual se funda Astracatol?
Bueno esta organización es directamente compuesta por
campesinos… se conforma en Octubre del 2007, más concretamente por una gran
movilización de más de 20.000 campesinos que nos dirigimos a Ibagué, capital
del departamento de Tolima.
Allí estuvimos más de 20.000 campesinos luchando y
reclamando nuestros derechos, la defensa de los derechos humanos violados
constantemente a los campesinos por parte de las fuerzas represivas del Estado.
La organización surge como una necesidad de defender la
vida, el derecho a la vida, la salud, la educación, cosas consagradas en la
Constitución pero que no se respetan.
¿Desde el comienzo
ha habido represión en contra de Astracatol o es un problema reciente?
Precisamente es la constante violación al derecho a la vida
por lo que nos movilizamos cuando nace Astracatol, y después de conformarnos
como organización, y que hemos venido cumpliendo con nuestro deber como
directivos, se ha venido agudizando la represión contra los líderes de
Astracatol en todo el departamento.
Hemos tenido muertos, el más reciente es Héctor Orozco,
vicepresidente de la sección de Chaparral, de La Marina.
En estos momentos está preso Saan Maceto de la directiva
de esta seccional, también de La Marina, y hay otros compañeros de esa
localidad que también están prisioneros. Digamos que se está dando una
persecución contra la organización.
¿Cómo fueron las
circunstancias de su arresto?
Primeramente quiero dejar en claro que yo estoy sufriendo
una persecución política de hace muchos años atrás por mi defensa de los
derechos humanos y de los trabajadores, de la clase popular.
Por eso es que yo vengo sufriendo esa persecución en la
vereda Vegas del Café, del municipio de Dolores, donde resido hace 12 años. Yo
soy miembro directivo de Astracatol y pertenezco también al ejecutivo de
Fensuagro, por eso se me ha venido
amenazando de hace varios años.
Ya a principios de mayo, el día nueve, me aborda la
tropa, el ejército nacional, me invaden el lugar de residencia, me retienen.
Luego llega un helicóptero con la policía judicial y me
hacen el allanamiento… registraron toda mi vivienda y no hallaron ningún
documento que me incriminara, solamente hallaron cosas pertenecientes a la
Marcha Patriótica y Astracatol.
De esos documentos, ninguno de ellos lo retiraron pero si
estudiaron todos los documentos y entonces es cuando proceden a leerme una
orden de captura en mi contra del juzgado de Purificación, donde se me ordena
la captura como sindicado de rebelión.
Me trasladan de ahí a la vereda La Chica, municipio de
Prado, porque ahí hay una base militar de hace unos 10 años.
Ahí es donde nos reúnen a los ocho detenidos antes de
llevarnos hacia la Fiscalía hacia las ocho de la noche, en una buseta,
custodiados por policía judicial y ejército. Nos conducen hacia la inspección
de policía de Purificación y al otro día somos trasladados a la fiscalía, donde
comienza el proceso de legalización de captura.
El fiscal pide medida de aseguramiento carcelaria pero el
veredicto que emite la juez de garantía de aseguramiento domiciliario. Entonces
somos conducidos el viernes 10 a la cárcel de Purificación y luego al otro día
nos hicieron el registro al Inpec y desde este momento tenemos la detención
domiciliaria y dependemos del Inpec.
Incluso para obtener asistencia médica tenemos que acudir
a la dirección del Inpec en Purificación, es una situación muy complicada. El
día 11 de mayo llegamos a nuestras casas por nuestra propia cuenta, porque ahí
sí que no hicieron ese gran operativo para traernos de vuelta a nuestros
hogares.
Es inaudito que en nuestra nación, cuando hablamos de
paz, se haga semejante despliegue de fuerza, que debe haber valido según
calculamos más de cien millones de pesos (39.500 euros) para llevar a enjuiciar
a ocho campesinos.
Es inaudito hacer un despliegue publicitario, con
ejército, helicópteros y toda esa parafernalia, para capturar a ocho campesinos.
Cuando la misma autoridad nos conoce en nuestros lugares de residencia hace
mucho tiempo, y sin embargo hacen semejante despliegue para calificarnos de
delincuentes.
¿Usted una semana
antes había participado en el Foro de Participación Política auspiciado por el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el marco del proceso de paz?
Claro, yo fui delegado de esta región por Astracatol para
participar en el Foro que se realizó en Bogotá los días 28, 29 y 30 de Abril,
que lo hizo la ONU y la Universidad Nacional como parte del pacto que había
acordado el 25 de marzo en La Habana entre el gobierno y delegados de las FARC.
Se realizó ese foro, con la participación de más de 1500
delegados de las diferentes partes del país y todos estuvimos de acuerdo que en
estos momentos la ruta es meterle a la paz. Y ahora nos hacen esto.
¿Cree que su
situación refleja un problema más general como es la falta de garantías para
quienes se comprometen, desde las organizaciones sociales, a participar en la
paz?
Esto es una persecución, porque el gobierno habla de la
paz pero al mismo tiempo está bombardeando, no entendemos cuál es su propuesta.
A medida que la población civil y sus organizaciones
sindicales, campesinas, nos unimos a favor de ese proceso tan importante para
nosotros que en el campo vivimos el rigor del conflicto, ya los servicios de
inteligencia de los militares comienzan a sindicar y perseguir a los líderes
para hacer aparecer al mundo la noticia que el gobierno, según ellos, tiene
voluntad de paz a la vez que combate las estructuras insurgentes.
Esto es todo un montaje, pues nos capturan el 9 de mayo y
apenas ocurrido esto, el 10 de mayo, hace presencia en el departamento de
Tolima un general con el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón.
Vinieron acá mismo a decir que habían desvertebrado
estructuras del movimiento guerrillero. Entonces los servicios de inteligencia,
para dar resultados a sus superiores, crean estos falsos positivos contra los
líderes que defendemos los derechos de la población.
¿Cómo se vive la
militarización en el municipio de Dolores?
Acá continúa totalmente militarizada toda la zona del
municipio de Dolores, también de Prado, Purificación, la parte alta de Cunday,
Icononzo y también el departamento de Huila. Digamos que en toda el área de la
Cordillera Oriental se vive una represión dura, desde hace varios años.
Esto empieza desde el 2003 en adelante, cuando se
empiezan a desarrollar varias detenciones masivas. Acá tuvimos 23 campesinos
detenidos en una redada el 2003; luego se asesinó a dos jóvenes en esta región,
campesinos, unos muchachos nada más, por lo que la población se movilizó contra
el casco urbano de Dolores.
El 2004 hubo otra detención masiva, esa vez yo mismo fui
detenido por 22 días. Desde entonces continúa ese terrorismo de Estado en estas
veredas, en estos municipios. Eo es constante y nosotros constantemente estamos
haciendo denuncias de lo que se está dando en la región. Son varios años, 7 u
8, de persecución permanente contra los campesinos.
¿Cuál es la razón
que se da para justificar esta militarización?
Inicialmente se dice que porque esta es una zona
guerrillera, supuestamente una de las denominadas “zonas rojas”, pero hay otros
objetivos principales.
Como en todas partes del país, aquí hay grandes riquezas
naturales, y ahora que el gobierno viene hablando de locomotoras, están detrás
de yacimientos mineros y otras riquezas que realmente existen en esta región,
que además posee grandes fuentes hídricas.
Nosotros, como organización, atribuimos lo que realmente
está pasando a una política de Estado para generar desplazamiento de campesinos
de las zonas donde están estas riquezas y hacer entrega de los recursos de los
colombianos a transnacionales muy interesadas en las riquezas del sur oriente
de Tolima.
También en el sur, en Ríoblanco, en Chaparral, tenemos la
situación que se están construyendo hidroeléctricas y por eso persiguen a los
campesinos allá.
Más concretamente, en Dolores tenemos yacimientos de
petróleo descubiertos hace poco y nos persiguen porque las comunidades
organizadas hemos hechos resistencia contra la explotación de estos recursos
porque nos afectan como campesinos que producimos alimento. En realidad,
militarizan porque están detrás de las riquezas mineras y de las fuentes
hídricas.
Siguen
justificando la militarización, con el argumento de la presencia de la
insurgencia, pero el mismo Ejército ha dicho hace años que desarticuló al
Frente 25 de las FARC-EP. Incluso, a ustedes los sindican de pertenecer a ese
Frente que según ellos mismos ya no existe ¿La guerrilla entonces existe o
desaparece según su conveniencia?
Precisamente, mire, es claro lo que le acabo de decir:
acá la gran militarización se inicia con esa finalidad de desarticular un
frente guerrillero, pero ese frente según la misma versión de ellos, no de los
campesinos, sino el Estado, ya no existe.
Nos sindican de auxiliadores de ese frente, pero hace
cinco años vienen diciendo que ese frente ha sido desarticulado.
Pero aunque hace cinco años que dicen eso, sin embargo, sigue
la militarización, siguen metiendo más tropa y reprimen a los campesinos,
porque como ya no hay guerrilleros armados, entonces somos los trabajadores los
que tenemos que pagar las consecuencias de esta política corrupta.
El asunto no es, ni antes ni ahora, si ha habido o no
guerrilla, es porque hay grandes recursos en la zona que quieren entregar a las
transnacionales y nosotros les salimos al camino porque nosotros sí que
defendemos la vida y los recursos naturales, y los seguiremos defendiendo aunque
nos repriman y violenten.
Recientemente hubo
una masiva movilización en Ibagué contra la megaminería, representada en el
proyecto de La Colosa, de la AngloGold Ashanti, que pretende hacerse en el
municipio tolimense de Cajamarca.
Hay quienes entonces
hablaron de un paro cívico departamental
incluso. ¿Qué opina usted de esta lucha que es muy semejante a la de ustedes?
Hace dos meses se hizo la Mesa por la Defensa del
Ambiente en Cajamarca, donde está La Colosa… yo participé en esa ocasión como
campesino en la defensa de los recursos que nos quieren robar y dejarnos
solamente destrucción.
Desde todos los rincones de Tolima seguimos movilizados
en contra de esa explotación, porque si este proyecto sigue para adelante,
sería el acabose, acabarían con el 70% de la agricultura del departamento, de
sus recursos hídricos, sería un daño inimaginable.
Eso continúa, esa lucha va para largo, y desde acá
condenamos este proyecto que no considera a los campesinos, a las necesidades
reales del país y de las futuras generaciones, y le hacemos frente para que no
se dé esa explotación.
Vea, hace dos semanas renunció el gerente que tenía la
empresa al frente de esa mina de oro y sigue la controversia, porque
afortunadamente el director de Cortolima y hasta el gobernador se han
manifestado a favor de los campesinos y su protesta.
Hasta las autoridades nos apoyan, no sólo en Cajamarca
sino que en todos los municipios vecinos, así que continuaremos haciendo
resistencia contra esta trasnacional minera, porque ese es un genocidio que se
pretende cometer contra nuestra humanidad tolimense.
Muchas gracias por
su tiempo, ¿tiene alguna última palabra?
Desde este medio y desde todos los medios nacionales e
internacionales, quiero decirle a las organizaciones sociales y defensoras de
los derechos humanos de que hagamos un pronunciamiento real, sincero, en la
defensa de las fuerzas populares que estamos al frente reclamando nuestros
derechos.
Que se oiga ese eco en todos los rincones del mundo y que
ojala nos acompañen en este proceso de paz y en nuestra lucha desde el Tolima
por la vida. Muchas gracias.
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