Una segunda feria de los baldíos es lo que propone Juan
Manuel Santos
Por Wilson Arias Castillo*
Las tierras de los campesinos beneficiarios de reforma
agraria son el objeto principal de la nueva fase del despojo que se está dando
en Colombia.
Un despojo auspiciado por el gobierno actual en nombre de
la competitividad y a favor de los grandes inversionistas, nacionales y
extranjeros.
El proyecto de ley 164 de 2012 Senado, es una propuesta
de regulación de la inversión extranjera hecha a la medida de las exigencias de
las multinacionales agropecuarias, los “nuevos llaneros” y el sector
financiero.
La propuesta es tanto o más regresiva que los artículos
60, 61 y 62 de la Ley 1450 de 2011 (PND 2010-2014), que la Corte Constitucional
declaró inexequibles mediante la Sentencia C-644 de 2012.
En materia de “regulación” el proyecto de Ley es una
“lista de chequeo” para decirle sí a cualquier acaparador de tierra.
El proyecto no pretende poner límites porcentuales o en
número de UAF (Unidades Agrícolas Familiares) a los inversionistas nacionales y
extranjeros, en tierras con antecedentes de baldío o adquiridas por campesinos
mediante subsidio integral de tierras.
El proyecto de Ley también contiene un mico, al sustentar
una “interpretación” del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, estableciendo que
serán legales las acumulaciones de UAF por parte de grandes inversionistas
nacionales y extranjeros en predios titulados antes de 1994.
Es decir, se legalizan las adquisiciones de los
colonizadores de la Altillanura como Sarmiento Angulo, Mónica Semillas,
Riopaila, y otros tantos inversionistas tanto de origen criollo como foráneo.
Así, en nombre de la flexibilización del mercado de
tierras que propone el Banco Mundial, su entrega a los más eficientes, lo que
nos propone es un despojo a los
campesinos y una feria de los baldíos, similar a lo que ocurrió en las épocas
de la post-independencia.
Despojo, concentración de la propiedad rural y miseria
para el campesinado son los temas sobre los cuales legisla el congreso de la
Unidad Nacional. Las organizaciones sociales y campesinas, y la ciudadanía en
general, exigen el retiro del Proyecto de Ley por parte del Gobierno.
*Representante a la Cámara por el Valle del Cauca
