¿Qué se aprobó sobre la ley estatutaria en salud?
Por: Mario Hernández Álvarez
El día de ayer se aprobó en primer debate de las
comisiones primeras conjuntas el proyecto de ley estatutaria en salud.
Los medios han entrevistado, como siempre, al gobierno y
a sus aliados, quienes han presentado el asunto con grandilocuencia como un “avance
fundamental para la garantía del derecho a la salud y la superación de la
pobreza”, como ha dicho el Ministro de Gobierno.
Lamento tener que decir que no es ni será así. Por el
contrario, se trata de una vuelta de tuerca que profundiza el modelo Ley 100 de
1993 por parte de los amigos y beneficiarios de este modelo.
Como se supo, a la sesión conjunta de las comisiones
primeras, en razón al mensaje de urgencia del gobierno, llegaron dos ponencias:
una del Senado y otra de la Cámara de Representantes.
La primera fue liderada por el senador Luis Carlos
Avellaneda, apoyado en iniciativas de la Alianza Nacional por un Nuevo modelo
de Salud (ANSA), y la segunda por el gobierno, en cabeza del ministro Alejandro
Gaviria. Lo que realmente estaba en juego era si el país continuaría o no con
el modelo establecido en la ley 100/93.
La ponencia Avellaneda planteaba la necesidad de superar
la visión estrecha del derecho a la salud que sustenta el negocio que se ha
desarrollado en el sector salud colombiano.
Por esto, proponía definir el contenido del derecho
fundamental a la salud con base en 13 componentes para desarrollar la autonomía
de las personas, la participación vinculante, las condiciones para una vida
saludable, como el agua potable, el ambiente sano, la vivienda saludable, el
trabajo digno, así como la atención integral a la salud según la necesidad.
En el aspecto sobre la atención según necesidad, se
hablaba de un derecho de ciudadanía, por tanto no ligado a la demostración de
la capacidad de pago, esto es, sin regímenes y sin plan de beneficios.
Se aceptaba que existieran tres “límites”, que no un plan
de beneficios. Los límites se expresaron así: cuando los bienes o servicios
fueran cosméticos o suntuarios, en fase de experimentación o prestados en el
exterior cuando se podrían prestar en el país.
En segundo lugar, la ponencia establecía los criterios
generales del sistema de servicios de salud, para superar la intermediación
financiera y laboral que desarrolló el modelo ley 100 en el manejo de los
recursos públicos en salud con las famosas EPS.
Por esto proponía que la administración de los recursos
se hiciera por entidades “exclusivamente de naturaleza pública”, sin lucro
alguno, con amplia participación social y vigilancia, en territorios de salud
que integraran la atención individual con la salud pública y que desarrollaran
un régimen laboral estable y digno para todos los trabajadores y profesionales
de la salud.
Esto implicaba el rescate de lo público y de las
funciones indelegables del Estado, para superar el enriquecimiento ilícito y la
corrupción, tanto de los políticos como de los negociantes, que hoy son casi
los mismos gracias al modelo Ley 100, como se puso en evidencia en la discusión
de los impedimentos de los parlamentarios que tienen intereses en este sector.
La ponencia del gobierno pretendía mantener a toda costa
el modelo ley 100/93, según el cual, debe existir un “articulador” entre el
fondo público y los prestadores, el cual no debe ser exclusivamente público,
porque el Estado es incapaz y corrupto por naturaleza.
Para establecer con claridad el pago y los “incentivos”
para los “privados o mixtos” que participen en esta labor, se requiere definir
el contenido del plan de beneficios que pagará el fondo público a los nuevos
“articuladores”.
Al comienzo se decía que fuera un plan con contenidos
explícitos. Finalmente, tomando la idea de los “límites”, se expresó como
“exclusiones”. Además de lo cosmético, se habla de “que no exista evidencia
técnica o científica sobre su seguridad, eficacia [y] efectividad clínica”.
Esto lo definirá el Ministerio de Salud y Protección
Social, con base en lo que le indique el Instituto de Evaluación Tecnológica en
Salud (IETS), con “amplia participación”. Una cosa es que estén “en fase de
experimentación” y otra que “no tengan evidencia técnica o científica”.
Los primeros damnificados de este criterio serán todas
las llamadas “medicinas alternativas” y las prácticas de salud de las
comunidades indígenas o afrodescendientes. Pero también, los médicos sabemos
que muchos bienes y servicios no han demostrado evidencia técnica o científica,
aunque son necesarios.
Frente a este nuevo listado de exclusiones sólo cabe un
recurso de reposición frente al mismo Ministerio que deberá responder en 20
días. En caso negativo, cabe una acción de nulidad ante el Consejo de Estado
que será respondido en 60 días.
En estas condiciones, no cabe la acción de tutela. Sólo
para lo que esté incluido, o mejor, no explícitamente excluido.
Cabría preguntarse si la Corte Constitucional aceptará
que este tipo de criterio puede aplicarse cuando está en riesgo la vida de una
persona, para cumplir con el bloque de constitucionalidad que obliga al Estado
colombiano a garantizar el derecho fundamental al “acceso a bienes y servicios
de salud que se requieran con necesidad”, como dice la Sentencia T-760/08.
Esta última posición ganó ayer por mayoría en las
comisiones primeras conjuntas. Pero, cabe preguntarse, cuáles son sus
problemas:
1. La limitación en la práctica de la acción de tutela
para todo lo excluido, porque ningún juez podrá aplicarla una vez establecido
este criterio en la ley estatutaria.
2. La limitación a los profesionales de la salud, pues
tendrán que prescribir atados al listado de exclusiones definido por un acto
administrativo sustentado en una ley estatutaria, a pesar de la supuesta
protección de su autonomía que aparece en la misma ley.
3. La limitación del derecho a la salud a una visión
reducida de la atención de la enfermedad.
4. El sostenimiento de un sistema basado en el negocio
“regulado” de la administración de los recursos públicos para la salud.
5. La persistencia del “incentivo” para los gestores que
terminan generando el aplazamiento o la negación de los servicios a los
pacientes.
Se supone que con el modelo de un fondo público pagador
-llamado Salud Mía en el proyecto de ley ordinaria del gobierno- que le vaya
girando a los “gestores” –las nuevas EPS- los recursos de las UPCs
correspondientes al número de sus afiliados, se tienen los “incentivos”
correctos para que no nieguen servicios.
Pero si las utilidades de estas sociedades anónimas,
completamente privadas y con ánimo de lucro, o sociedades anónimas
simplificadas (SAS), como la nueva EPS mixta de Antioquia (Savia Salud), que en
todo caso debe dar rendimientos a los socios, dependen de que no se gaste su
cuenta de UPCs, tenderán a negar o a aplazar su ejecución, exigiendo, por
ejemplo, que no esté excluido por el Ministerio. La carga de la prueba siempre
recaerá en los pacientes y las familias.
6. La continuación de una separación absoluta entre la
atención individual y las acciones colectivas, pues las primeras estarán a
cargo de los “gestores” y las segundas “contratadas por los entes
territoriales”.
Y se supone que se pondrán de acuerdo para realizar el
plan decenal de salud pública. Quienes hemos tenido la experiencia de un cargo
de dirección territorial en salud sabemos que esto no es posible, porque las
EPS actuales y los gestores futuros no reconocen como autoridad sanitaria a los
entes territoriales.
7. La separación odiosa de regímenes, pues se continuará entrando
al sistema si se paga (régimen contributivo), o si se demuestra ser pobre
(régimen subsidiado), o se mantiene por fuera si se paga más (medicina
prepagada).
Esto no hace más que profundizar la visión
individualista, egoísta y mercantil de que por la atención en salud se paga y
se obtiene, o se pide una limosna para el pobre y se trata de conservar la
condición de pobre.
Esto tampoco dialoga con el bloque de constitucionalidad
en materia de derecho ciudadano, fundamental y universal a la salud, al que
está obligado el Estado colombiano.
Con seguridad, las plenarias de Senado y Cámara aprobarán
la iniciativa aprobada en primer debate. Muchos políticos tendrán la duda de
cómo les irá en el nuevo negocio, pero ya estarán haciendo cuentas con sus IPS,
sus EPS y, sobre todo, con el nuevo Salud Mía, donde habrá muchos puestos qué
gestionar para sus pupilos.
¿Será que éste es el estado de cosas que nos merecemos
los colombianos y colombianos? Es, eso sí, el que deciden los padres de la
patria y el gobierno que “elegimos”, con una abstención de más del 60%.
