Terrorismo de EstadoPor: Camilo Raigozo
Al menos 15 personas del norte de Antioquia han recobrado
paulatinamente la libertad, que nunca debieron haber perdido a manos del
régimen terrorista, quien valiéndose de montajes judiciales basados en
declaraciones de testigos comprados y otros ardides, las había puesto tras las
rejas siendo inocentes.
La Asociación Campesina del Norte de Antioquia, Ascna, dijo
en un comunicado que celebraba la libertad de 15 campesinas y campesinos detenidos
entre el 2011 y 2012 en los diferentes municipios del Uraba, Norte y Nordeste
Antioqueños.
La organización campesina sostuvo que con la libertad de
estos líderes campesinos y campesinas el sistema judicial en Colombia pone en
evidencia la persecución y la victimización de quienes se organizan como
población civil para defender sus derechos constitucionales, que les son violados todos los días por los grupos al
margen de la ley, las instituciones del Estado y la Fuerza Pública.
El campesinado y sus organizaciones sociales han
denunciado públicamente las arbitrariedades del régimen cada vez que alguno o
varios de sus miembros son detenidos y encarcelados injustamente, víctimas de
montajes judiciales en los que se les acusa de colaborar o pertenecer a la
guerrilla.
“Una vez más se demuestra lo que vivimos como campesinos
y campesinas, en medio de un conflicto social y armado que lleva más de
cincuenta años; en nuestro territorio somos constantemente el blanco de
criminalización por parte de los actores armados legales e ilegales y de las
instituciones del estado”, dice el documento.
Ascna se queja de que además de lo anterior el
campesinado tiene otros problemas como la vulneración del derecho al territorio por parte de mega proyectos,
multinacionales y proyectos del mismo Estado.
Igualmente la asociación campesina sostiene que las
comunidades tienen una economía agrícola precaria e inestable que los tiene al
borde del desplazamiento, por cuanto las fumigaciones con glifosato ordenadas
por el gobierno no viene acompañadas de propuestas económicas alternativas y
sin inversión social en vías de comunicación, educación y salud.
Las comunidades exigen la libertad inmediata de todos los
campesinos y campesinas que continúan detenidos injustamente, entre ellas, Ana
Francisca Pérez, presidenta de la Ascna, Yolanda Restrepo, socia de la Ascna,
encarceladas por el régimen por el delito de defender los derechos de los
campesinos.
Así mismo le exigen al gobierno de Juan Manuel Santos comprometerse
no solo con la clase empresarial nacional y extranjera, sino también con las
necesidades de la población más vulnerable.
Instaron a las administraciones municipales y personeros,
mayor compromiso con las comunidades campesinas y sus líderes quienes están
generando propuestas económicas solidarias, educativas, culturales, entre
otras, y que por ello están siendo criminalizados y detenidos arbitrariamente.
Exigieron que se desagravie públicamente a todas las
personas detenidas injustamente, mancillado su buen nombre y afectado su
entorno familiar, económico y comunitario.
