Norte de SantanderLas comunidades también acusan a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría de respaldar las arbitrariedades de la gobernación y darles la espalda a las víctimas
Por: Fundación Nacional de Víctimas de la Violencia, Fundavi
El pasado lunes 17 de diciembre se reunió el Comité Departamental
de Justicia Transicional, con el fin de aprobar el Plan de Acción Territorial (PAT)
que debe contener la política pública de atención,-
ayuda humanitaria,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Norte
de Santander. Dicho plan tendrá vigencia durante el periodo de la actual
administración departamental.
La Gobernación en cabeza del doctor Edgar Díaz Contraras (primer plano en la foto) y su
Secretario de Víctimas Ronald Mauricio Contreras, decidieron elaborar dicho
plan y aprobarlo sin realizar el procedimiento de socialización con la Mesa
Departamental de Participación de las de la política pública correspondiente,
con lo cual se ha violado el derecho de participación efectiva Víctimas que es
el espacio a través del cual podemos participar en la formulación de las
victimas contemplado en la ley 1448 de 2011 y su decreto reglamentario 4800 de
2011,
al igual que viene siendo establecido en el proyecto de protocolo de
participación que está siendo socializado por la Unidad de Víctimas.
Más grave aún es el hecho que para desconocer el derecho
de las víctimas a conocer, estudiar y realizar observaciones y aportes al
proyecto, en el marco de la Mesa Departamental de Participación de las Víctimas,-
el señor Secretario de Víctimas del Departamento Ronald Mauricio Contreras,
declaró en la sesión que ni la ley ni el protocolo establecían que el plan
debía ser socializado con las victimas antes de su aprobación
y pidió a las
instituciones presentes que lo aprobaran, independientemente de la posición de
los representantes de las víctimas que pedíamos se socializara primero con la Mesa
Departamental de Participación de las Víctimas y luego sí se sometiera a
aprobación.
Esa posición arbitraria de la Gobernación fue secundada
por las demás instituciones que integran el SNARIV, incluida (para nuestro
infortunio), la señora Defensora del Pueblo, doctora Carmen Ligia Galvis,-
quien
ejerce la secretaría técnica de la Mesa Departamental de Participación de las Víctimas
y no se preocupó por convocar este espacio para que hubiese una verdadera
participación de los destinatarios de esta política, que curiosamente es para
las víctimas y se aprueba contra la voluntad nuestra.
Plan que entre otras
cosas, no consulta ni contempla las verdaderas necesidades de las víctimas del
departamento.
Queremos manifestar a la
opinión pública, que mediante consenso de los lideres delegados ante el Comité
Departamental de Justicia Transicional, decidimos no aprobar dicho plan de
acción territorial y levantarnos de la mesa ante la falta de garantías y condiciones,
no solo para la participación efectiva de las víctimas, sino también para la
prevención y protección de estas y sus líderes, quienes venimos sufriendo
persecuciones,
seguimientos y amenazas contra nuestras vidas y las de nuestras
familias, sin que las autoridades de los Municipios, el Departamento y la
Nación hayan dado respuesta alguna a esta grave situación.
Finalmente, manifestamos nuestra preocupación por la
actitud pasiva asumida por el Ministerio Publico en cabeza del Procurador
Regional Nelson Florez, quien ha declarado públicamente su incompetencia para
actuar en defensa de nuestros derechos y ejercer el control disciplinario;-
tendremos entonces que actuar ante otras instancias nacionales e
internacionales ante el desamparo de las víctimas en el departamento por parte
de las instituciones del Estado obligadas por la Constitución y la Ley a
garantizar los derecho de las víctimas.
