Seguridad narcocrática/Por: Camilo Raigozo
Dos suboficiales y seis soldados profesionales fueron
cobijados con medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva sin
beneficio de excarcelación, por su presunta responsabilidad en
el asesinato a sangre fría de un civil, informo la Fiscalía.
Según el ente investigador el crimen fue perpetrado el 1
de julio de 2005 cuando los presuntos criminales pertenecientes a la Agrupación
de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, Afeur, del Ejército Nacional
dieron muerte a sangre fría a Edgar Antonio Carrasquilla Hernández.
Los hechos tuvieron lugar en el barrio Belén de los Alpes
de Medellín. Luego del crimen los presuntos terroristas del régimen presentaron
a la víctima como abatida en un combate inexistente.
La Fiscalía pudo establecer que en el intento de “legalizar”
el crimen, los bandidos adujeron que Carrasquilla portaba un ‘changón’ con el que
le disparó a los uniformados cuando estos se identificaron como miembros del
Ejército.
Los presuntos terroristas del régimen fueron
identificados como: Jorge Eliécer Valle y Jesús María Pineda Castaño, sargentos
segundos; y los soldados profesionales Danilo Hernández Rodríguez Osorio, Sande
Mauricio Amariles Maldonado, Edison de Jesús Villada Castañeda, Fredy Alberto
Zapata, Luis Eduardo Ramírez Godoy y Hernando García García.
Por otro lado el soldado profesional Andrés de Jesús
Jiménez Rico, fue asegurado con detención preventiva por el presunto asesinato
a sangre fría de un indígena Wayúu.
El crimen fue perpetrado el 12 de septiembre de 2002, en
la ranchería Pasajera, cuando el presunto terrorista perteneciente al Batallón de Infantería Mecanizada
No. 6 asesinó a sangre fría a Laureano Bonivento Uriana.
El bandido argumentó que mató al indígena porque este
pretendió atacarlo con una escopeta, versión que fue desmentida en la investigación de la Fiscalía.
El fiscal del caso se abstuvo de imponerles medida de
aseguramiento a otros cuatro militares procesados por el delito de
favorecimiento.
Actualmente el gobierno del presidente Santos, el
ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, altos mandos castrenses, congresistas
inescrupulosos y la derecha fascista del país,-
impulsan una reforma a la Constitución
para ampliar el fuero penal militar, con lo cual los crímenes cometidos por
agentes de las Fuerzas militares y de la Policía quedarán en la impunidad.
