Terrorismo de Estado/Por Oficina de prensa Conap
La gobernadora del Huila Cielo González Villa, conocía de
la llegada de más de 16.000 mil campesinos y campesinas-
a la capital del
departamento del Huila y sin embargo decidió darle la espalda al pueblo
soberano e irse de la ciudad con su secretario de gobierno.
El 11 de Octubre la Comisión Política de la Semana de la
Indignación, conformada por delegados de municipios del Huila y el
Caquetá, tuvieron una primera reunión de
concertación con el gobernador encargado, Carlos Eduardo Trujillo González,-
en la que este asumió el compromiso de servir
de puente para concretar una comisión de garantes, así como convocar a los ministros de los ramas pertinentes para
iniciar el proceso de concertación, compromisos que fueron incumplidos.Para el 12 de octubre de 2012 y en concertación con el gobernador encargado, fue citada una reunión con 20 delegados de los distintos municipios,-
pero a la entrada de la gobernación los asistentes fueron sometidos a empadronamientos y dilaciones, pudiendo ingresar a la gobernación sólo a las 3 y 30 de la tarde,-
luego de ser interrogados y reseñados por el capitán de la
policía Amaury Aguilera, la intendente Margot Hernández y el agente Luis
Vargas.
El gobernador encargado dilató de manera injustificada la
toma de decisiones en dicha reunión, mientras
la fuerza pública iniciaba una brutal arremetida-
contra los cerca de
siete mil ciudadanos campesinos y estudiantes que estaban apostados en la vía
que de Neiva conduce a la ciudad de Bogotá.
En el lugar de los hechos hicieron presencia miembros del
ejército nacional quienes portaban armas largas, fusiles Galil, haciendo uso
además de armas no convencionales como material explosivo, gas pimienta,-
bombas
de aturdimiento que impactaron directamente a los manifestantes, las balas de
goma fueron disparadas a corta distancia, con la evidente intención de generar
contusiones y daños graves en los presentes.
Algunos policías se dirigieron a los cambuches apostados
en el barrio Villa Constanza y los incineraron, regaron y pisotearon las
comidas que habían en los calderos,-
destruyeron las remesas, intimidaron a
jóvenes, mujeres y hombres que estaban ejerciendo el legítimo derecho a la
protesta.
Para los campesinos estos lugares donde tenían sus sitios
de aprovisionamiento y de dormida, eran su hogar por lo que la actuación de la
fuerza pública puede considerarse-
como allanamiento de morada, pudiendo estar
los miembros de la misma y el comandante de la policía departamento Huila
Coronel Peláez incursos en una investigación penal y disciplinaria.
En este momento tenemos la cifra de 34 heridos, con diferentes contusiones por el
uso de armas no convencionales por parte del escuadrón móvil antidisturbios, de
la policía y del ejército quienes acordonan la zona.
Las comunidades campesinas indígenas, estudiantes y
ciudadanos indignados, seguiremos ejerciendo nuestro libre derecho a la
protesta,-
hasta tanto no se construya una agenda departamental y nacional de
paz, en la que se reconozcan y garanticen nuestros derechos fundamentales.
