Acotaciones a una lectura de Víctor G. Ricardo
En torno a la naturaleza del régimen y la solución política
Por: Pablo Catatumbo. Integrante del Secretariado Nacional de las FARC-EP
En torno a la naturaleza del régimen y la solución política
Por: Pablo Catatumbo. Integrante del Secretariado Nacional de las FARC-EP
Por estas breñas llegan libros. Algunas veces aporreados
y humedecidos por el largo camino, otras veces a destiempo, cuando resultan ya
caducos.
Esta vez nos llega uno cuya lectura nos interesa a quienes
combatimos por la paz. De su contenido podemos divergir, pero no dejar de
resaltar su aporte al debate público en torno a la solución definitiva al
conflicto.
Se trata del escrito El libro de la paz sigue abierto y
sólo se cerrará el día que la alcancemos: Apuntes sobre el proceso de paz del
Presidente Andrés Pastrana Arango (1998-2002), de quien fuera el Comisionado de
Paz del Gobierno Pastrana, Víctor G. Ricardo.
Desde estas montañas saludamos el espíritu abierto y
desprejuiciado del autor, testigo de primera mano del esfuerzo titánico que las
FARC-EP dispusimos en el Caguán para el logro de la paz que Colombia anhela.
Como la lucha por ella sigue vigente, valoramos altamente
la preocupación de Ricardo por dedicarle un tiempo a esta reflexión.
Debemos partir
del hecho de que Ricardo se presenta a sí mismo como representante de la
llamada “ala progresista del Partido Conservador” (el llamado
ospino-pastranismo),-
la cual en sus palabras, ha sido siempre “amiga del
desarrollo industrial y la convivencia pacífica en Colombia”, recogiendo el
legado republicano de Carlos E. Restrepo.
En nuestra opinión, todas las voces y todos los matices
ideológicos son bienvenidos al debate nacional sobre la paz en Colombia. Es
obvio que el aporte conservador resulta de gran valía.
Me parece de vital importancia resaltar dos apartes
específicos de dicha publicación: El primero, de carácter histórico. Ricardo
sostiene, que: “en el caso de nuestro país, el fracaso de la paz, es el fracaso
de la “reforma agraria parcelaria”.
Ricardo critica fuertemente la ley 135 de 1961, la
pretendida “ley de reforma agraria” del gobierno de Lleras Camargo como ajena a
nuestra realidad, derivada del auge de las reformas agrarias surgidas de las
revoluciones mexicana y cubana.
Y lo hace el autor defendiendo la economía cafetera, que
en su opinión hacía completamente innecesaria una redistribución de la
propiedad de la tierra. Este asunto requiere un tratamiento a profundidad.
En primer lugar, porque no puede olvidarse que la
propuesta legislativa de Lleras, resultó de la convergencia de la propuesta
contrainsurgente de la “Alianza para el Progreso” del gobierno norteamericano,
con las tímidas expectativas reformistas de un sector del liberalismo.
Como consecuencia, no fue más allá de una simple reforma
marginal, orientada a la ampliación de la frontera agrícola, la legalización de
ocupaciones ya existentes-
y un asomo de introducción plena de las relaciones
capitalistas en el campo, al tiempo que actuaba como cortina de humo del Plan
LASO aplicado contra las resistencias campesinas.
Vale decir que los efectos redistributivos de esta
reforma fueron tan nimios, que treinta años más tarde,por medio de la ley 160
de 1994,-
el Banco Mundial forzó, sin mayores resultados, la introducción de
mecanismos que agilizaran los mercados de tierras,a fin de reducir los efectos
de su monopolio en las exportaciones agrícolas.
En segundo lugar, porque de las pretendidas bondades
democratizadoras de la economía cafetera se ha escrito ya bastante y desde
varias orillas ideológicas,-
develando su carácter excluyente, acumulador y
monopolista, como lo demuestra el actual estado de las cosas en las regiones
cafeteras de nuestro país.
Relievamos este tema, pues la reforma agraria ha sido una
de las banderas históricas de nuestro Movimiento. Por esto mismo, consideramos
que es preciso ahondar sobre el debate frente a ésta.
De nuestra parte, al reivindicarla no buscamos un
sencillo calco y copia de experiencias previas de otros pueblos, indudablemente
valiosas, sino que apelamos al caudal creativo de nuestros-
campesinos,
indígenas y afro descendientes, quienes han sido los directos afectados por el
latifundio, la violencia estatal – paramilitar – mafioso terrateniente yla
hacienda improductiva.
Para las FARC-EP la reforma agraria no es una simple
repartición matemática de tierras, sino la consecución de un hecho de equidad y
justicia social, del anhelado buen vivir para todos los-
habitantes del campo,
el retorno a los valores de la colectividad y la comunidad, y, consecuente con
todo esto, el logro de una verdadera producción nacional y de la soberanía
alimentaria de nuestro pueblo.
La cuestión de la tierra ha sido, sin lugar a dudas, el
asunto determinante de los conflictos sociales en la historia colombiana.
No es capricho atribuirle este lugar transversal, pues su
presencia es rastreable hasta en los propios momentos de la lucha
independentista y en los primeros años de vida republicana.
Las tensiones por la tierra han enfrentado durante
décadas a los que la poseen en demasía y la utilizan para beneficio particular,
y los que no tienen acceso a ella y exigen una función social para beneficio de
toda la Nación.
En momentos en que el gobierno Santos abre las puertas a
la agroindustria expoliadora de los nuevos llaneros, y en que la extranjerización
de la propiedad de la tierra se convierte un secreto a gritos, la cuestión
agraria ocupa nuevamente el centro del debate nacional.
El segundo aspecto que pretendemos comentar es la
hipótesis central del libro de Ricardo: “El fracaso político de Colombia no es
resultado de un fracaso económico.
Nuestro conflicto no puede ser explicado por la extensa
mancha de pobreza; pero sin ella tampoco puede ser entendido”.
“Tampoco puede ser explicado por la permanencia de la
deuda histórica de exclusión y de cerrazón política que tuvo su mayor momento
el 9 de abril de 1948 con el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán”.
“Pero esa deuda existe y fue presentada en términos
sencillos y profundos por el comandante de las FARC Manuel Marulanda en su carta
a la comunidad internacional, conocida como la Carta de la Silla Vacía…”
A partir de allí concluye: “el origen de la guerra no es
otro que la inmovilidad de régimen político, la cerrazón frente al opositor, el
temor ante los cambios”.
Y más adelante agrega: “Nuestra hipótesis es simple: la
incapacidad del establecimiento y sus élites para garantizar una participación
electoral limpia y transparente de las fuerzas revolucionarias, ha frustrado la
salida pacífica de los conflictos”.
“Muchos, muchísimos de esos conflictos han sido
originados por los abusos y excesos de la expresión política y militar de las
élites y por la feroz defensa-
de sus intereses económicos y privilegios
sociales, que han conducido a la inequidad, la concentración del ingreso y la defensa
a sangre y fuego del statu quo”.
“Parapetada en una ideología basa en la consigna “Nacimos
para mandar”, la élite colombiana se caracteriza por ser una de las élites más
resistentes a los cambios y progresos de la política a nivel mundial…”
“Si la élite se hubiera mostrado más abierta a abrir los
rizomas (canales) de participación electoral de la oposición, aún de la
oposición armada, el proceso colombiano habría economizado centenares de vidas
humanas, de daño físico y biológico,-
de destrucción de la riqueza y de terror”
Hemos de resaltar que esta hipótesis no proviene de la pluma de un comandante
guerrillero, ni de un militante de izquierda, ni mucho menos de un dirigente
sindical.
Quien sostiene esto es un declarado conservador y ex
funcionario de un gobierno de centro derecha.
El autor, en muestra de su apertura al debate, señala que
dicha hipótesis es perfectamente discutible, invitación que aceptamos.
Desde los Acuerdos de La Uribe en 1984 hemos insistido en
que éste ha de ser el factor a discutir en los escenarios de diálogo Estado –
Insurgencia: qué régimen requiere nuestra Nación.
Una discusión que no tiene nada de extremista ni de ultra
revolucionaria, pero que ha sido sistemáticamente ocultada por los medios
masivos de comunicación, demostrando cuánto le duele a la oligarquía criolla
este debate,-
y lo aferrados que están al aparato estatal como mecanismo garante
de la acumulación y la reproducción de sus condiciones de existencia. Colombia
sufre las consecuencias de su no ingreso a la modernidad política.
En nuestro país no se ha dado la apertura democrática por
la que han transitado la mayoría de los países de la región.
Por ello, el régimen imperante es lo que es:
antidemocrático, burocrático, reaccionario, oligárquico, mafioso, corrupto. Es el
régimen del manzanillismo, la componenda y el serrucho.
Por eso falla el presidente de las locomotoras, Juan
Manuel Santos, cuando espera, inocente o pérfidamente, que el crecimiento de la
Nación se dará por la simple instauración de una discursiva oficial
desarrollista y presuntamente democrática.
Sabemos que no somos los únicos que insistimos en el
cambio de régimen en Colombia. Sabemos que este es un anhelo de nuestro pueblo,
de los trabajadores y campesinos, de las comunidades étnicas, de las organizaciones
democráticas y progresistas.
Pero no sólo es una reivindicación del campo popular, es
una necesidad de los sectores productivos, de los gremios.
Se trata de una profunda pretensión patriótica sin la que
nuestra Nación no podrá desarrollarse ni caminar la senda que trazaron Bolívar
y los padres de la Patria.
La relación entre conflicto y régimen imperante es
constante en nuestra historia. Magnicidios de demócratas y patriotas como
Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliecer Gaitán,-
Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo
o Carlos Pizarro demuestran los estrechos márgenes de lo que los áulicos de la
oligarquía denominan la democracia más antigua de América Latina.
Por eso recobra toda importancia la videoconferencia que
el camarada Alfonso Cano enviara a la Universidad Santiago de Cali en tiempos
del Caguán. Con el nombre:
¿Qué Estado necesita Colombia?, se condensan en ella
muchas de las reflexiones que nuestro comandante derivó de su experiencia
militante y que son hoy guía de la actividad fariana.
Remarca nuestro camarada que el Nuevo Gobierno,
representativo de las mayorías de la Nación, habrá de edificarse “en base a la
concepción y práctica de la democracia directa como columna vertebral de la
conducción política de la nación.
Porque como dijo El Libertador Simón Bolívar ‘La
soberanía del pueblo es la única autoridad legítima de las naciones’.
Se trata de eliminar las corruptas interferencias
gamonalistas que se le han atravesado al pueblo para el ejercicio pleno de su
soberanía, priorizando y generalizando mecanismos como los plebiscitos,
referendos, cabildos, asambleas populares, consultas y controles directos”.
Enmarcados en lo anterior podemos abordar la discusión
que el mismo Víctor G. Ricardo plantea en su citado documento: el problema de
cómo llegar a la paz, de cómo se logra una solución política.
He allí otro punto candente sobre el que usualmente se
habla mucho, pero con poca profundidad. La solución política es el primer punto
de la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia,-
y en su eficaz logro se cifran
los esfuerzos de todos y cada uno de los frentes, columnas y bloques de
nuestras FARC-EP en toda la geografía nacional.
Por ello mismo, la extrema
derecha, sus medios y el militarismo han iniciado una intensa campaña de
desprestigio en contra de la solución política.
Campaña que demuestra el carácter fascista de estos
sectores que no vacilan en recurrir métodos propios de los nazis para denostar
nuestro esfuerzo.
Frente a la bandera de la solución política es necesario
dejar puntos claros, que son insumos para escritos y debates aún más amplios,
pero que es preciso empezar a proponer a la opinión pública.
Primero nos referiremosal extendido mito fabricado en las
mentes de los más fanáticos integrantes de la extrema derecha: se trata de la
afirmación de que para la guerrilla la solución política es la transición
directa al socialismo.
Al recurrir a viejas consejas, propias del macartismo y
los más trasnochados laureanistas,se pretende instaurar el temor al Ogro Rojo
que viene a socializar los medios de producción y a prohibir la compra de
bienes de consumo personal.
La verdad es muy distinta. La solución política se
enmarca para nosotros en la real apertura democrática, la generación de
espacios de verdadera inclusión política para una sociedad fragmentada que
viene de cruentos años de confrontación militar.
El escenario posible que se abre con la solución política
es el de una democracia avanzada, pluralista y popular. En segundo lugar, cabe
poner en su lugar otra extendida aseveración.
Según ella, la solución política es una propuesta irreal
y utópica: la guerrilla sólo hablaría de ella cuando en Colombia se erradique
el último pobre y se alfabetice el último iletrado.
Esta reducción cantinflesca, que parece inocente pero
responde a cruentos intereses soterrados, sólo busca generar un manto de duda
sobre las propuestas que los farianos hemos puesto en el debate público para el
logro de la paz.
Quienes defienden esta tesis son, indudablemente, los
verdaderos enemigos de la paz. Finalmente conviene desmontar aquello de que la
solución política no pasa de ser un acuerdo o contrato suscrito exclusivamente
entre el Estado y la guerrilla.
Nosotros somos los primeros en oponernos de modo radical
a esta concepción. Somos plenamente conscientes de que no podemos hablar de paz
duradera y de un nuevo país democrático partiendo de un simple pacto en las
alturas.
La paz y la Nueva Colombia la construiremos entre todos
los ciudadanos de nuestra Nación. Sólo con la participación activa y el
concurso consciente de los gremios, los sindicatos,-
las juntas de acción
comunal, las federaciones de profesionales, las asociaciones de productores,
los cabildos indígenas, los consejos comunitarios, de afro descendientes, la
comunidad LGBT,-
los deportistas, los trabajadores de la cultura, los colectivos
estudiantiles, las organizaciones femeninas, los barristas del fútbol y todas y
cada una de las expresiones de los diversos matices de nuestra Patria,-
podrá
ser posible la realización de esta meta en la que llevamos empeñados desde hace
ya muchos años. Por ello quisiéramos llamar la atención sobre nuestra
Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia.
Se trata de una propuesta para todos los colombianos, una
propuesta en construcción que sometemos a la discusión abierta y franca de
todos los interesados, como nosotros, en encontrar el camino expedito hacia la
solución política.