Pueblos indígenas exigen al gobierno respetar sus derechos y desmontar la organización ficticia OPIC
Los miembros de la Mesa Permanente de Concertación de los
pueblos y organizaciones indígenas, la comisión nacional de territorios
indígenas, la comisión nacional de derechos humanos, la comisión-
nacional de
trabajo de concertación de la educación para los pueblos indígenas (Contcepi),
la comisión técnica nacional de salud para pueblos indígenas, las autoridades y
líderes indígenas,-
preocupados por los últimos acontecimientos sucedidos en
diferentes regiones del país y en particular en los territorios indígenas,
manifestamos ante la opinión pública nacional e internacional, lo siguiente:
1. Desde el reinicio de los diálogos con el Gobierno
Nacional en el mes de octubre del año 2010, cuando el entonces ministro del
Interior, German Vargas Lleras, convocó a las organizaciones indígenas-
para el
restablecimiento de los espacios de discusión y concertación con nuestros
pueblos, manifestamos nuestra disposición y voluntad política para sentarnos a
emprender caminos de entendimiento.
2. Posteriormente, con el correr de los días y, después
de acordar temas y rutas metodológicas en algunos casos, se han presentado toda
clase de incumplimientos por parte del Gobierno Nacional, los cuales-
se
expresan en que de los 96 acuerdos suscritos en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo, a la fecha, ninguno ha sido cumplido a cabalidad y en relación con
la Ley de Victimas, los pueblos indígenas y comunidades no hemos recibido
beneficio alguno.
3. Por otro lado, los pueblos indígenas del Cauca
representados en la ACIN, el CRIC y autoridades tradicionales de base, cansados
de la guerra que se desarrolla en medio-
de sus campos y pueblos, decidieron
decir no más guerra en sus territorios ancesytrales y literalmente, sacaron de
sus resguardos al Ejército Nacional y a las FARC.
4. Así mismo, los pueblos indígenas del Putumayo
realizaron una movilización pacífica exigiendo el respeto y cumplimiento a sus
derechos fundamentales, en especial a sus territorios ancestrales,-
toda vez que
están padeciendo la falta de tierras que garanticen su pervivencia étnica y
cultural al no tener reconocimiento legal de sus territorios ancestrales,
presentándose por parte del Incoder-
demoras injustificadas para la
constitución, saneamiento y ampliación de resguardos, con comunidades que
llevan cinco o más años esperando la legalización de sus territorios con
trámites estancados en los anaqueles de esa institución.
5. Y el 25 de julio del presente año, la Corte
Constitucional expidió el Auto 173 conminando al Ministerio de Defensa a “la
devolución del área del resguardo JIW-
de Barrancón-Guaviare, que actualmente
ocupa la Escuela de Fuerzas Especiales e infantería de Marina, en un período no
mayor a seis (6) meses.”
Ante este cuadro crítico de la situación de derechos
humanos de nuestros pueblos, que al decir de la Corte Constitucional nos
encontramos en un estado de cosas inconstitucional que tiene en alto-
riesgo de
desaparición física y cultural a gran parte de nuestros pueblos indígenas, el
Gobierno Nacional ha emprendido una campaña de desprestigio y xenofobia
generalizada, a través de los medios de comunicación,-
invirtiendo la concepción
de víctimas y posicionando en su lugar a uno de los actores armados, aspecto
que no se compadece con la cruda realidad que día a día viven nuestros hermanos
indígenas en todo el país.
Queremos dejar claro que no tenemos nada en contra de los
soldados de la Patria, sabemos que son campesinos e indígenas que han sido
reclutados por el Ejército Nacional y reiteramos que nuestra inconformidad-
es con las políticas
públicas que el Gobierno Colombiano pretende implementar desconociendo nuestro
legítimo derecho a existir como pueblos diferenciados y con autonomía
territorial en el marco de la República unitaria consagrada en la Constitución.
Cuestionamos igualmente que el Estado Colombiano amparado
en la “organización” de la OPIC, creada por el Gobierno anterior, genera y promueve
en la opinión pública-
un sentimiento xenófobo, que en nada contribuye a la
construcción de paz que desde nuestros territorios propendemos y promulgamos.
Precisamente, el día de hoy, en horas de la mañana,
mientras un grupo de integrantes de la OPIC adelantan una manifestación en las
calles de Popayán, un helicóptero del Ejército Nacional-
realiza sobrevuelos por
la sede del CRIC pidiendo por altavoces a los guerrilleros que se desmovilicen
y se entreguen, en una clara provocación al movimiento indígena y sus
autoridades.
Reiteramos que es importante hacer claridad sobre lo
sucedido por cuanto las informaciones y el sesgo que el Gobierno nacional y los
medios de comunicación le han imprimido
a las noticias originadas en el Cauca,
Putumayo, Nariño, Sierra Nevada de Santa Marta y Chocó, entre otros, pretenden
mostrar a nuestros hermanos indígenas como los causantes de todos los-
males que
padecen estas regiones, cuando la causa se encuentra en la clase política
tradicional y en el accionar del Estado en nuestros territorios que solo se
hace-
a través de intervenciones militares, las cuales reflejan una política
clara de desprestigio y desprecio por la suerte que puedan correr nuestros
hermanos indígenas en estos territorios.
Frente a la OPIC, Exigimos al Gobierno Nacional que por
ser una organización paralela creada por el Gobierno del expresidente Uribe
para dividir y deslegitimar las justas luchas de nuestros pueblos,-
se revoque
la Resolución N° 0073 de 3 de septiembre de 2009 a través de la cual la
Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior le dio personería
jurídica.
Es necesario que el Gobierno Nacional y la fuerza pública
reconozcan y respeten el ejercicio jurisdiccional de nuestros pueblos en todo
el país y que en el caso del departamento del Cauca se-
manifiesta entre otros
aspectos, en la Guardia Indígena, creada por las autoridades tradicionales de
base para el control territorial y la gobernabilidad de los territorios
ancestrales.
Conminamos al Gobierno Nacional a que suspenda todo
señalamiento, estigmatización y victimización de nuestras autoridades
indígenas, líderes y pueblos, por cuanto no es posible que-
nuestras
organizaciones sigan dialogando con un Gobierno que insta a la sociedad a tener
comportamientos xenófobos y discriminatorios contra nuestras autoridades,
líderes, pueblos y culturas.
Finalmente, exigimos al Gobierno Nacional que las
consultas previa se lleven a cabo de conformidad con los postulados
constitucionales y legales reconocidos-
en los instrumentos internacionales y a
su vez Exigimos el cumplimiento de todos los acuerdos pactados, tanto con la
Mesa Permanente de Concertación como con los diferentes pueblos en todo el
país.
