Conflicto social y armadoPor camilo Raigozo
No solo la muerte en combate a manos de las FARC de los 11 militares el pasado sábado 17 de marzo en la vereda Tres Cruces, municipio de Arauquita, Arauca, se hubieran podido evitar, sino también las anteriores y las que vendrán, tanto de soldados y policías, como de guerrilleros y civiles, sí no fuera porque el presidente Santos insiste en negarse a usar la llave de la paz que dice tener en el bolsillo.
Otras 11 familias, humildes desde luego, quedaron embargadas por el dolor y el luto, víctimas del conflicto social y armado impuesto al pueblo colombiano por las oligarquía violenta y criminal que ha mantenido el poder en el país en la era republicana.
Paradójicamente los uniformados no murieron defendiendo los intereses del pueblo colombiano, como hábilmente le hacen creer al país el gobierno y la dictadura mediática.
Los 11 militares murieron defendiendo los intereses de las transnacionales, quienes con la complicidad del régimen saquean a manos llenas los recursos naturales.
Según declaraciones que Ariel Ávila de la Corporación Arco Iris le dio a El Tiempo, “Los militares estaban cuidando infraestructura petrolera, labor a la cual se dedica el 82 por ciento de las tropas del Ejército en esta zona”.
Es un milagro que no se hubieran presentado muertes, ni lesiones de civiles, ya que los militares habían infringido normas del Derecho Internacional Humanitario, poniendo en alto riesgo la vida y la integridad de los campesinos del lugar.
“El Ejército conoció que el suboficial a cargo de la unidad informaba por radio su posición y no se movía del lugar reportado, y que después del programa con el comandante del batallón, el suboficial dormía en una casa de campesinos con algunos de los soldados”, informó Noticias Uno.
¿A caso tenían a los campesinos de la vivienda y a los vecinos como escudos humanos, como ocurre en casi todas las zonas de conflicto, según denuncias de comunidades y ONGs?
Jóvenes sin oportunidades
"Mi hijo no estaba listo para ir a la guerra, a mí sí me parece un error garrafal enviar a estos jóvenes a una zona tan peligrosa como la de Arauquita y Saravena", le dijo a El Tiempo el padre (foto) del soldado Nayid Hernán Bonilla Castillo, de 21 años.
Por su parte Floralba Ayala, madre del soldado Juan Ovidio Ortiz Ayala, de 18 años, le dijo a El Tiempo que, "Mi hijo era un campesino enamorado de los cultivos de café, pero se presentó al Ejército con el objetivo de tener la libreta militar para después trabajar y salir adelante".
Juan José Rodríguez le dijo al mismo medio que su hijo Mauricio Alejandro Rodríguez no estaba en condiciones de prestar el servicio militar. "Él era mecánico de motos, de guerra no sabía absolutamente nada, pero así se lo llevaron para Arauca la zona más difícil del país".
Estigmatizaciones
Estigmatizaciones
"La guerrilla tiene muchos milicianos y colaboradores en esta región. De hecho, a la escuadra ya le tenían detectados todos los movimientos, y esto fue aprovechado", le dijo un alto oficial a los medios.
Señalizaciones y estigmatizaciones como la anterior, tienen a las comunidades temerosas por las represalias que se puedan desatar contra ellas por tener que vivir en una zona de conflicto.
Algunas cifras recientes
El pasado 10 de octubre, tras un ataque de las FARC en Caloto, Cauca, murieron 7 uniformados en la zona de El Palo. 11 días después, 10 militares murieron y otros 6 quedaron heridos en ataque de las FARC en Tumaco (Nariño).
El 22 de octubre anterior, en el corregimiento de Caño Verde, en Fortul, Arauca, 10 militares murieron y tres resultaron heridos en un ataque de las FARC. A principios de febrero pasado, en Tumaco, Nariño y Villa Rica, Cauca, murieron por ataque de las FARC 9 policías y 6 civiles.
Según informaciones de prensa, el pasado 18 de marzo 9 guerrilleros de las FARC, fueron muertos en enfrentamientos con el ejército y otros seis capturados (cuatro de ellos heridos) en zona rural del corregimiento Las Lomas, municipio de Puerto Asís, Putumayo.
Un informe de la Corporación Nuevo Arco Iris conocido el 8 de febrero pasado titulado, “Las cuentas no son tan alegres”, advierte que en los últimos tres años la fuerza pública tuvo 6.400 bajas a manos de la guerrilla, 2.235 de ellas el año pasado.
Si a esa escalofriante cifra se suma el número de guerrilleros y civiles muertos o heridos, los desplazamientos y el despilfarro diario en el conflicto de cerca de 60 mil millones de pesos, el resultado no es otro que un costosísimo desangre del pueblo colombiano, impuesto demenciamente por quienes detentan el poder.
¿Cuánta sangre más tiene que correr para que el presidente Santos, la oligarquía nacional y extranjera que él representa y la ultraderecha guerrerista del país, entiendan que la solución del conflicto social y armado es por la vía política y no militar? Foto El Tiempo.
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