Seguridad narcocrática/Por Camilo Raigozo. Notimundo
Por petición de la Fiscalía, el Juzgado 30 Penal Municipal de Cali, con funciones de control de garantías, profirió medida de aseguramiento intramuro en contra del miembro de las fuerzas militares, Alfonso Javier Erazo Rosero, como presunto responsable de los asesinatos a sangre fría de tres indigentes.
Según pudo establecer el ente investigador los crímenes fueron perpetrados en la vereda Claretes, zona rural de Popayán, Cauca, el 25 de agosto de 2007, cuando tropas del Batallón José Hilario López asesinaron a tres indigentes que luego presentaron como “guerrilleros dados de baja en combate".
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía los criminales contactaron a los indigentes: Eder Obando Mestizo, Luis Carlos López Hurtado y Carlos Alberto Satizábal Porras, en Cali, donde les suministraron dinero, ropa, y les ofrecieron trabajo en Popayán.
Miembros del CTI capturaron al militar Erazo Rosero (de quién la Fiscalía no informó el rango), luego de que un juez de control de garantías librara la respectiva orden por solicitud de la Fiscalía.
En la audiencia de imputación el fiscal del caso le endilgó cargos por el delito de homicidio en persona protegida y solicitó la imposición de medida de aseguramiento.
El juez determinó que el presunto criminal cumpla la medida “privativa de la libertad” en la Tercera Brigada del Ejército con sede en Cali (Valle del Cauca), guarnición en la que otros cinco militares están “privados de la libertad” por los mismos crímenes.
En la deforma a la justicia, mal llamada “reforma a la justicia”, que se tramita en el Congreso, de mayoría oficialista, se contempla ampliar el fuero militar, que no es otra cosa que otorgarle a los miembros de la fuerza pública licencia para secuestrar, desaparecer, torturar o matar, con garantía de impunidad. Foto Daniel Gómez.
