Este lunes se define la situación de las once familias desalojadas brutalmente
Es necesario el acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos
Por Carolina Torres
Con expectativa las once familias que el pasado jueves fueron desalojadas del edificio del ICBF que por vía hecho ocupaban desde el 2008, esperan la llegada de los funcionarios del Estado y de Secretaría de Gobierno, para dar inicio a una ronda de negociaciones que brinde soluciones integrales a su grave situación de vulnerabilidad y pobreza.
En la reunión realizada el viernes pasado en la UAO de Puente Aranda, a la que asistieron funcionarios de Acción Social, Personería, Secretaría de Gobierno y voceros de los desplazados, se propuso la entrega ese mismo día de 300 mil pesos por núcleo familiar y que cada cual buscará con ese dinero un sitio donde vivir.
Esta propuesta, además de no representar solución alguna a su dramática situación, es arbitraria, desconoce la jurisprudencia sobre la atención y los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado, no es fácilmente ejecutable, y tampoco fue cumplida.
No es sencillo imaginar un sitio en el que pueda alojarse durante un mes un hogar integrado por dos adultos y 12 menores, entre ellos dos niños de un mes de nacidos. Tampoco es claro el futuro que les aguardara pasado este tiempo, y si en efecto podrán sobrevivir con 300 mil pesos en Bogotá teniendo que pagar arriendo, transportes y alimentación.
Desde las 5 de la mañana del viernes pasado, las familias permanecen en el Hotel Bogotá, donde aparte de techo, han recibido desayunos y nada más. Con una deficiente alimentación, producto del rebusque y la escasa generosidad de los ciudadanos, han logrado mantenerse y menguar el hambre de los 30 niños que en promedio viven allí, aún bastante alterados como efecto de la acción de violento despojo ejecutada por la fuerza pública.
Mañana lunes se espera contar con acompañamiento de diversas organizaciones sociales, la buena voluntad y el apego a la Ley de los funcionarios públicos para lograr un acuerdo definitivo.
La posición de las familias y sus futuras actuaciones se desarrollaran en dos direcciones. Por un lado esperan presentar un pliego de peticiones a la mesa de negociación, en el que demandarán no sólo asistencia humanitaria durante un año a partir de la fecha, mientras logran una estabilidad económica y productiva, sino que además exigirán reparación integral como víctimas del despojo y la violencia.
Propondrán la creación o financiación de un proyecto productivo viable en el que se asignen recursos económicos inmediatos para aquellos que ya cuentan con la debida capacitación y una propuesta clara, y cursos de formación en diversas áreas para quienes aún no saben cómo lograr una autonomía económica.
También exigirán vivienda digna donde puedan habitar todas las familias manteniendo de este modo la comunidad que lograron forjar desde hace dos años y medio. Están dispuestos a ocupar un inmueble de manera transitoria, que aun cuando no esté en óptimas condiciones, tenga por lo menos servicios públicos y espacios de ocupación claramente delimitados.
Con su trabajo y organización podrían mejorar las condiciones del lugar y adecuarlo a sus necesidades mientras se resuelve su problema de vivienda de manera definitiva.
Igualmente en el pliego que presentarán mañana exigirán el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional y acceso a salud y educación.
De otra parte, frente a la brutal acción de la policía durante el operativo de desalojo, interpondrán las debidas acciones a fin de denunciar abuso de autoridad, maltrato sicológico a menores, agresión y lesiones personales contra personas desarmadas y en estado de indefensión, uso de gases en un edificio ocupado por varios menores de edad, incluidos dos recién nacidos, una madre lactante y una mujer en estado de embarazo, entre otras.
Según la sentencia T 068 de la Corte Constitucional, el desalojo forzoso es una violación a los derechos humanos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (Pidesc) de Naciones Unidas, tales como el derecho a la vida, a la seguridad personal, a la no injerencia en la intimidad familiar, entre otros.
Así mismo, la Corte establece que cuando se “desaloja a una familia, no se la puede literalmente dejar en la calle, al arbitrio de las circunstancias, sino que se debe tener disponible un lugar adecuado donde ubicarla”
Ello no se cumplió en el desalojo del jueves 10 de marzo. Las familias fueron arrojadas a la calle y fue entonces la Secretaría de Gobierno, el organismo que atendió la emergencia enviándolos al Hotel Bogotá, en el que podrán permanecer hasta mañana.
No está de más recordar que el organismo responsable de dar cumplimiento a las sentencias y garantizar los derechos de la población desplazada es la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.
Acción Social se define como la entidad creada mediante el decreto 2467 de 2005 por el Gobierno Nacional con el fin de canalizar los recursos nacionales e internacionales para ejecutar todos los programas sociales que dependen de la Presidencia de la República y que atienden a poblaciones vulnerables afectadas por la pobreza, el narcotráfico y la violencia. […]
También asume los programas de la Red de Solidaridad Social (RSS)-Atención a Víctimas de la Violencia, Apoyo Integral a la Población Desplazada y Red de Seguridad Alimentaria, entre otros. Como tal, es igualmente la encargada de coordinar el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, Snaipd
Es fundamental que organizaciones nacionales e internacionales acompañen este proceso y mañana hagan presencia en el Hotel Bogotá. Hasta el momento se ha confirmado la asistencia de la organización social “Lazos de Dignidad” y del Comité Permanente por Los Derechos Humanos, pese a que dos de sus miembros fueron agredidos por la fuerza pública durante la acción de desalojo. Foto El Espectador.
