Informe de Human Rights Watch
Rajado otra vez el gobierno de Uribe en derechos humanos
Desplazamientos, víctimas amenazadas, ejecuciones extrajudiciales, hostigamientos a la justicia y recrudecimiento del paramilitarismo entre otros, se presentaron en 2009
Por Camilo Raigozo. Voz

No ha habido un solo año del gobierno del presidente Uribe que haya tenido una calificación favorable por parte de las prestigiosas ONG defensoras de los derechos humanos y de la comunidad internacional en cuanto al respeto a los derechos humanos de los colombianos.

Así lo confirma el informe para el 2009 de Human Rights Watch conocido la semana pasada, en el que vuelve a criticar duramente el comportamiento de la administración de Uribe en esta materia.

“Mientras los asesores del presidente Álvaro Uribe promueven una segunda reforma constitucional para convocar a un referéndum que le permita presentarse a un tercer mandato, su gobierno se ha visto sacudido por escándalos sobre interceptaciones y-

seguimientos ilegales de defensores de derechos humanos, periodistas, políticos de la oposición y jueces de la Corte Suprema de Justicia por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)”, advierte HRW.

El documento confirma que los paramilitares continúan narco traficando, reclutando jóvenes y cometiendo numerosos crímenes, como masacres, asesinatos, violaciones sexuales, amenazas y desplazamientos forzados.

“La extradición de la mayoría de los líderes paramilitares a Estados Unidos, ordenada por el Presidente Uribe en mayo de 2008, interrumpió las confesiones de estos líderes en el marco del proceso de Justicia y Paz”, dice.

Lentitud de la Fiscalía

HRW elogia a la Corte Suprema de Justicia por los avances sin precedentes en la investigación de denuncias de colaboración congresistas con los paramilitares y a su vez dice que “en el llamado escándalo de la "parapolítica", más de 80 congresistas y senadores-casi todos de la coalición del presidente Uribe- están siendo investigados o han sido condenados.

“Sin embargo, el gobierno de Uribe en varias oportunidades ha tomado medidas que podrían frustrar las investigaciones, como atacar públicamente a los miembros de la Corte Suprema a título personal”.

A su vez la ONG critica la lentitud de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía sobre militares de alto rango y empresarios que habrían sido cómplices de los paramilitares.

“En los últimos años se ha registrado un incremento significativo de la cantidad de ejecuciones extrajudiciales de civiles atribuidas al Ejército colombiano. Los miembros del Ejército, ante la presión por demostrar resultados, asesinan a civiles y luego informan que se trata de combatientes muertos en enfrentamientos.

“Estas supuestas ejecuciones se han producido en todo el país e involucran a diversas brigadas. La Fiscalía está investigando diversos casos que involucran a más de 2.000 víctimas, aunque las investigaciones avanzan lentamente”,-

afirma entre otras cosas el informe que a su vez acusa a la Justicia Penal Militar de agravar el problema al impedir que los casos de derechos humanos sean remitidos al sistema de justicia ordinaria.

Al respecto HRW advierte que “durante años, el presidente Uribe negó públicamente la existencia del problema, y acusó a los grupos de derechos humanos que denunciaban las ejecuciones de formar parte de una campaña promovida por las guerrillas que estaba destinada a desacreditar a las fuerzas militares.

Luego de un resonante escándalo mediático desatado en septiembre de 2008 en relación con la ejecución de varios jóvenes oriundos de Soacha, Uribe destituyó a 27 miembros de las fuerzas militares. Durante 2009 se han producido nuevas destituciones. Sin embargo, el Presidente Uribe ha continuado afirmando que las ejecuciones no son más que casos aislados”.

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