AraucaDetención arbitraria de 25 campesinos
Con informaciones fraudulentas de inteligencia militar estas personas son señaladas de ser guerrilleros del ELN violándosele los más fundamentales derechos humanos
Por Camilo Raigozo. Voz
Miles de personas inocentes han sido víctimas de detenciones masivas arbitrarias. Foto El Tiempo.
Con informaciones fraudulentas de inteligencia militar estas personas son señaladas de ser guerrilleros del ELN violándosele los más fundamentales derechos humanos
Por Camilo Raigozo. Voz
Miles de personas inocentes han sido víctimas de detenciones masivas arbitrarias. Foto El Tiempo.
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El pasado 29 de marzo, en un operativo realizado por miembros del Gaula, dirección antisecuestro y extorsión de la Policía Nacional y Ejercito Nacional fueron detenidos arbitrariamente 25 campesinos de los municipios de Socorro, Simacota, Chima y El Hato, departamento de Santander.
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Los labriegos fueron acusados por los entes del Estado de pertenecer al frente Capitán Parmenio del Ejército de Liberación Nacional.
La captura de los 25 trabajadores del campo fue realizada de forma simultánea por la fuerza pública y de seguridad del Estado. Las viviendas de los campesinos fueron allanadas a primeras horas del pasado domingo 29 de marzo.
Según denunciaron los familiares de las nuevas víctimas del terrorismo de Estado y otros testigos, en el operativo participaron varios civiles encapuchados que para la ocasión vestían prendas militares. Estos eran los que iban señalando, que campesinos debían ser detenidos.
Uno de los encapuchados fue identificado por los labriegos como Pedro Gutiérrez, quien hace unos tres años, regresó a las veredas del municipio de El Hato solicitando trabajo como jornalero y aduciendo que supuestamente había desertado de la guerrilla.
“Esta persona está siendo usada de forma ilegal por el Gaula como informante y guía del operativo de captura”, señalaron los pobladores de estas veredas.
Sin presunción de inocencia
Al día siguiente, la Policía de Santander, en rueda de prensa, mostró a los campesinos ante los medios de comunicación como miembros de la guerrilla capturados en el marco de la Operación Comuneros, vulnerándole el derecho a las víctimas de su presunción de inocencia consagrado en la Constitución Nacional.
El coronel Omar González Aguilar, comandante de la Policía de Santander, en aberrante irrespeto a los derechos fundamentales y garantías procesales de los campesinos ilegalmente detenidos, señaló sin sonrojarse que “con estas capturas logramos darle un golpe a la estructura de apoyo de este frente guerrillero. Ha sido un trabajo de inteligencia que nos permite neutralizar el accionar del ELN en el sur del departamento”.
Al cierre de esta edición, los labriegos se encontraban detenidos en las instalaciones del Gaula de la Policía Nacional y en las instalaciones del CTI de Bucaramanga a la espera de aclarar su situación.
Sus familiares, de muy escasos recursos económicos, tuvieron que hacer grandes esfuerzos para desplazarse desde las remotas veredas hasta Bucaramanga para acompañarlos en esta dura situación en que los ha colocado el régimen narco-paramilitar de Uribe Vélez y su política de “seguridad democrática”.
Justicia secreta o montaje secreto
Las propias autoridades sostuvieron ante los medios que este proceso se viene adelantando desde hace años, lo que confirma que la Fiscalía continúa realizando investigaciones secretas, a espaldas de las personas afectados, violando abiertamente y de manera constante el fallo de la Corte Constitucional que obliga informar a los investigados, de las imputaciones que pesan en su contra, dándoles a conocer todas las pruebas existentes para que puedan ejercer de manera libre y efectiva su derecho a la defensa y pueda ser cobijado a un debido proceso.
Recientemente, el Padre Jesuita Javier Giraldo, defensor de derechos humanos, perseguido por la Justicia colombiana debido a las constantes denuncias que ha realizado ante las cortes internacionales sobre las aberrantes violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario por parte de agentes del régimen que padece Colombia, se negó a acudir ante la Fiscalía alegando objeción de conciencia, debido a la parcialidad, corrupción, arbitrariedad, injusticia e inmoralidad de los poderes y agentes encargados de impartir justicia.
El poder Judicial es un poder de bolsillo subyugado al Ejecutivo, que no vacila en utilizarlo para deshacerse de los críticos y opositores a su política de “seguridad democrática”.
La captura de los 25 trabajadores del campo fue realizada de forma simultánea por la fuerza pública y de seguridad del Estado. Las viviendas de los campesinos fueron allanadas a primeras horas del pasado domingo 29 de marzo.
Según denunciaron los familiares de las nuevas víctimas del terrorismo de Estado y otros testigos, en el operativo participaron varios civiles encapuchados que para la ocasión vestían prendas militares. Estos eran los que iban señalando, que campesinos debían ser detenidos.
Uno de los encapuchados fue identificado por los labriegos como Pedro Gutiérrez, quien hace unos tres años, regresó a las veredas del municipio de El Hato solicitando trabajo como jornalero y aduciendo que supuestamente había desertado de la guerrilla.
“Esta persona está siendo usada de forma ilegal por el Gaula como informante y guía del operativo de captura”, señalaron los pobladores de estas veredas.
Sin presunción de inocencia
Al día siguiente, la Policía de Santander, en rueda de prensa, mostró a los campesinos ante los medios de comunicación como miembros de la guerrilla capturados en el marco de la Operación Comuneros, vulnerándole el derecho a las víctimas de su presunción de inocencia consagrado en la Constitución Nacional.
El coronel Omar González Aguilar, comandante de la Policía de Santander, en aberrante irrespeto a los derechos fundamentales y garantías procesales de los campesinos ilegalmente detenidos, señaló sin sonrojarse que “con estas capturas logramos darle un golpe a la estructura de apoyo de este frente guerrillero. Ha sido un trabajo de inteligencia que nos permite neutralizar el accionar del ELN en el sur del departamento”.
Al cierre de esta edición, los labriegos se encontraban detenidos en las instalaciones del Gaula de la Policía Nacional y en las instalaciones del CTI de Bucaramanga a la espera de aclarar su situación.
Sus familiares, de muy escasos recursos económicos, tuvieron que hacer grandes esfuerzos para desplazarse desde las remotas veredas hasta Bucaramanga para acompañarlos en esta dura situación en que los ha colocado el régimen narco-paramilitar de Uribe Vélez y su política de “seguridad democrática”.
Justicia secreta o montaje secreto
Las propias autoridades sostuvieron ante los medios que este proceso se viene adelantando desde hace años, lo que confirma que la Fiscalía continúa realizando investigaciones secretas, a espaldas de las personas afectados, violando abiertamente y de manera constante el fallo de la Corte Constitucional que obliga informar a los investigados, de las imputaciones que pesan en su contra, dándoles a conocer todas las pruebas existentes para que puedan ejercer de manera libre y efectiva su derecho a la defensa y pueda ser cobijado a un debido proceso.
Recientemente, el Padre Jesuita Javier Giraldo, defensor de derechos humanos, perseguido por la Justicia colombiana debido a las constantes denuncias que ha realizado ante las cortes internacionales sobre las aberrantes violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario por parte de agentes del régimen que padece Colombia, se negó a acudir ante la Fiscalía alegando objeción de conciencia, debido a la parcialidad, corrupción, arbitrariedad, injusticia e inmoralidad de los poderes y agentes encargados de impartir justicia.
El poder Judicial es un poder de bolsillo subyugado al Ejecutivo, que no vacila en utilizarlo para deshacerse de los críticos y opositores a su política de “seguridad democrática”.
