Profesor Miguel Ángel Beltrán, víctima del régi men terrorista colombiano. |
Terrorismo de Estado
Carta de prisionero político deja al desnudo la
incompetencia de los directores del Inpec y de la cárcel La Picota
Por Camilo Raigozo. Fensuagro
El profesor universitario Miguel Ángel Beltrán, víctima
de la persecución del régimen terrorista que padece Colombia, le escribió desde
el sitio de su reclusión una carta pública al general Jorge Luis Ramírez,
director del Instituto General Carcelario y Penitenciario, Inpec y a Cesar
Augusto Ceballos, director del Complejo Carcelario y Penitenciario
Metropolitano de Bogotá Comeb-Picota, en la que deja al desnudo la
incompetencia de estos dos personajes al frente de sus cargos.
La negligencia de Ramírez y de Ceballos ha causado varias
muertes de reclusos, graves violaciones a los derechos humanos fundamentales de
las personas privadas de la libertad y alto grado de corrupción en las
entidades que dirigen.
A continuación transcribimos apartes de la misiva del
profesor Baltran:
Carta pública de un preso político al director general
del Inpec y al director del Comeb-Picota
General
Jorge Luis Ramírez
Director general del instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (Inpec)
Doctor
César Augusto Ceballos
Director del Complejo Carcelario y Penitenciario
Metropolitano de Bogotá COMEB-Picota
Atento saludo.
El pasado sábado 31 de Octubre recibimos con dolor y
sorpresa la noticia de la muerte cerebral del interno Pablo Javier Gómez
Sánchez, un preso social con quien compartíamos reclusión en el patio 14 del
Complejo Metropolitano de Bogotá que usted dirige.
Pablo Javier – quien falleció días después- estaba
condenado a 37 años de cárcel y era padre de tres hijos que hoy tristemente lo
ven retornar a la libertad, a costa de sacrificar el valor más alto que tiene
el ser humano: la vida.
A través de sus compañeros de celda pudimos corroborar lo
que muchos de nosotros ya presentíamos, esto es, que hubo negligencia en la
atención brindada al interno por el Inpec-Caprecom, pese a la pronta reacción
de los pabelloneros situación que precipitó el fatal desenlace.
Para empezar, el médico de turno tardó cerca de media
hora en atender la emergencia, dejando en claro que el Establecimiento
Reclusorio de Orden Nacional (Eron) no garantiza la atención de urgencias las
24 horas del día.
Los presos mueren por falta de atención médica adecuada |
No se requiere de gran imaginación para comprender las dificultades
que supuso desplazar el cuerpo ya casi inerte del interno, en medio de
convulsiones y ensopado en agua - sangre; y menos aún cuesta entender una
situación que hemos venido denunciando por años y es la falta de
infraestructura sanitaria y de personal idóneo para una atención médica
adecuada y oportuna, porque:
¿A qué mente lúcida se le ocurre instalar el área de
sanidad en un séptimo piso? sin contar con los medios apropiados para trasladar
pacientes en delicado estado de salud hasta ese lugar
A estas limitaciones habría que sumar los múltiples
obstáculos interpuestos por el personal de guardia y custodia para atender la
urgencia con la celeridad que lo requería, así como la ausencia de una
ambulancia para la remisión del interno al Centro Hospitalario del Tunal, con
el fatídico desenlace que es del conocimiento de ustedes.
La normatividad vigente establece que las personas
privadas de la libertad debemos gozar de una atención médica integral que
supone el cuidado, la prevención, la conservación y la recuperación de la
salud, y es el Estado quien debe garantizar este derecho, más todavía por las
condiciones de sometimiento que tenemos frente al mismo los presos.
No obstante lo anterior, el denominador común de las
cárceles y penitenciarias colombianas es la sistemática violación de este
derecho expresada en la insuficiencia de personal médico general y
especializado, la carencia de medicamentos, la falta de sistematización de las
historias clínicas, las irregularidades en la asignación de citas, entre muchas
otras.
Suelen ustedes excusar estas falencias, aduciendo que la
crisis en la atención médica es un problema de orden nacional que competen a
Caprecom desconociendo las responsabilidades que les corresponde como
superiores jerárquicos de la guardia penitenciaria y funcionarios competentes
encargados de ejecutar el cumplimiento de las medidas de aseguramiento y
concomitante a ello el garantizar el derecho a la salud de las personas
privadas de la libertad.
De conformidad con el Artículo 52 y los artículos 104 y
siguientes de la ley 65 de 1993 y sus desarrollos jurisprudenciales.
Seamos sinceros, General Ramírez, en el Inpec no existe
una cultura de respeto a los derechos humanos sino una infame política
penitenciaria basada en el cobro de venganza contra quienes – en el contexto
del conflicto armado y social que padece el país – han sido sus adversarios
tanto en el campo político como en el militar.
Por eso no sorprende que las cárceles colombianas los
presos seamos tratados como “enemigos internos” máxime cuando osamos reclamar
nuestros derechos o ¿Cómo explica general, que mientras el Inpec manifiesta de
manera farisea que no cuenta con presupuesto para remisión de internos-
a centros de atención especializada o para que se les
practique exámenes diagnósticos y cirugías, al mismo tiempo, adelanta costosos
operativos de seguridad para el traslado de esos internos a otros centros
penitenciarios, como castigo por exigir atención médica?
De lo anterior puede dar fe el prisionero de guerra de
las FARC – EP, Orlando Albeiro Traslaviña quien padece una grave afectación
visual.
Ante las reiteradas negativas del Inpec para su remisión
a citas de control (esgrimiendo, el falaz argumento que no había trasporte ni
personal para adelantar la diligencia) inició una huelga de hambre que se
prolongó 14 días, hasta que finalmente las directivas del Inpec se
comprometieron a dar solución a su problema.
No obstante, pocos días después entró a su celda un grupo
del GRI (Grupo de reacción inmediata) y sin darle tiempo de sacar sus elementos
personales, lo condujo a una unidad de castigo donde se le mantuvo por varios
días hasta que se ordenó su traslado a otro centro penitenciario.
Actualmente Traslaviña ha perdido el 80% de su visión por
falta de controles médicos, comprometiendo la córnea que le fue trasplantada
gracia a una acción de tutela.
Y es que el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario
(Inpec), como establecimiento público adscrito al Ministerio del Interior y Justicia
se ha convertido en un Gulag para la vulneración de los derechos fundamentales,
donde ni la Corte Interamericana pareciera ya tener injerencia.
No de otra forma se entiende el trato que recibe el
prisionero de guerra José Ángel Parra Bernal, quien pese a contar con medidas
cautelares de este organismo internacional, se le sigue privando del imatinib
hasta por lapsos de un mese, siendo un medicamento que debe ingerir diariamente
para controlar su leucemia mellitus crónica, enfermedad terminal que padece
hace más de diez años.
Pese a la gravedad de los hechos aquí referidos, la salud
no es el único derecho vulnerado en el Eron- Picota de Bogotá, ya que si bien
el código penitenciario señala en su artículo 5 que “en los establecimientos de
reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías
constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos”, lo que
observamos día a día en los centros penitenciarios del país es todo lo
contrario.
De esto da cuenta la estructura física que nos sirve como
lugar de reclusión, y que desafía los estándares mínimos para el tratamiento de
las personas privadas de la libertad, donde la falta de luz natural y
ventilación es la característica predominante, generando espacios no aptos para
la salud y la convivencia,-
si además de ello tenemos en cuenta que apenas disponemos
de un reducido espacio que cumple a un mismo tiempo las veces de comedor,
peluquería, zona de tránsito, área de esparcimiento y practica de deporte,
sitio de estudio, lugar de secado de ropas y hasta la realización del culto
religioso.
En lo que va corrido del año la ESE San Cristóbal a
emitido reiteradamente conceptos sanitarios desfavorables contra este centro
penitenciario por incumplimiento de las condiciones sanitarias las cuales reúne
una serie de factores de riesgo como son las deficiencias en la infraestructura
(baños, pisos, paredes, techos, iluminación, ventilación, temperatura).
Todo ello para no hablar de los racionamientos en el
suministro del agua, líquido vital del cual solo disponemos tres veces al día
para el aseo personal, el lavado de ropa, la limpieza de las celdas y las áreas
de uso común. Contrasta esta severa regulación con el desperdicio generado por
las averías y filtraciones en las tuberías.
Este fue ¡vaya ironía! el modelo de mejoramiento del
sistema penitenciario Colombiano que se diseñó y ejecutó bajo las administraciones
presidenciales de Andrés Pastrana (1998 – 2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002 –
2010) para dar respuesta a la sentencia T-153 (1998) de la Corte
Constitucional, a través de la cual se declaró el “estado de cosas
inconstitucional” en los Centro carcelarios y Penitenciario del país.
Dicho modelo incluyó – cabe anotar- el asesoramiento
técnico y material del Bureau Federal de Prisiones de los Estados unidos.
Pero si estas estructuras de concreto no garantizan un
ambiente digno para las personas privadas de la libertad, menos lo hacen para
familiares y amigos que nos visitan, quienes deben padecer los abusos
sistemáticos cometidos por los guardias de turno, siendo su actitud más
enconada cuando se trata de niños a quienes se les ha obligado a botar la
comida.
De este trato inhumano no escapan las personas de la
tercera edad, quienes permanentemente son objeto de insultos porque no se
someten a los ritmos que imponen estos profesionales de la represión.
¿Y qué ha hecho señor Ceballos para detener los abusos de
sus subordinados contra esta población vulnerable que son los niños y ancianos?
Las numerosas quejas respetuosas que hemos elevado contra
el oficial Julián Chaves, comandante de vigilancia del Eron y principal
propiciador de estos abusos –a decir del mismo cuerpo de custodia y
vigilancia-, ni siquiera han merecido una respuesta suya, lo que nos hace
suponer que la vulneración de los derechos humanos a infantes y adultos mayores
es una política del establecimiento que usted dirige.
Podría enumerar otros atropellos que diariamente cometen
los funcionarios del Inpec en este establecimiento de reclusión, pero ¡Quién lo
creyera?
Las restricciones que imponen la guardia para el ingreso
del papel bom, las libretas de notas, y hasta los lápices me obligan a ser
breve en mis apreciaciones. En la cárcel “todo lo prohibido es negocio” y por
estos artículos debo pagar 2,3 y hasta cuatro veces más de su valor real en el
mercado.
Y ya que hablamos de prohibiciones, resulta un verdadero
adefesio que ustedes invoquen razones de seguridad para prohibir el ingreso de
los libros y publicaciones periódicas. Ni en los peores momentos de la
inquisición medieval se llegó a tales extremos.
Razón tienen una colega al afirmar que en la mente de
muchos funcionarios públicos “existe un procuradorcito Ordoñez”, dispuesto a
censurar, perseguir y eliminar toda aquello que parece como divergente.
Hoy en este centro carcelario donde me encuentro resulta
mucho más fácil conseguir una papeleta de bazuco que una revista Semana e
incluso el Tiempo y el Espectador, cuando un visitante trae consigo algunos de
estos ejemplares la guardia tiene el desfachatez de exigirle que lo depositen
en la basura so pena de bloquear el acceso del visitante al establecimiento
penitenciario.
Ni que decir de la prensa alternativa, la literatura
especialidad y los materiales de estudio. Estos sí que no tienen la más mínima
oportunidad de circulación, perjudicando a muchos presos que hemos hecho de la
lectura un medio privilegiado para nuestra preparación y desarrollo
intelectual.
Por supuesto no les niego que en las encomiendas
semestrales ustedes autorizan el ingreso hasta de tres libros. Por el contario,
tan celosos han sido ustedes en el cumplimiento de esta normativa que cuando
los cuerpos contrainsurgentes del Grupo de Reacción Inmediata, GRI-
o el Cuerpo de Remisiones Especiales, Cores, ingresa a ser requisas en los patios, y
encuentra que un interno cuenta con un número mayor de lo estipulado, le
advierten que solo puede dejar tres libros en su celda, los demás son embalados
en una bolsa negra enviados a un deposito donde tarde o temprano terminaran
alimentando a los roedores.
Sepan ustedes que con esta normativa están vulnerando el
derecho de los reclusos a la información y a la comunicación con el mundo
exterior, máxime cuando en los patios del Eron la correspondencia de los
internos solo es recepcionada una vez a la semana,-
aunque en ocasiones puede transcurrir más de tres semanas
sin que un preso pueda enviar o recibir una carta como sucedió en el mes de
octubre que acaba de concluir. Esto a pesar de encontrarnos la llamada sociedad
de la información.
Y no sigan recurriendo al manido sofisma que los internos
pueden tener un radio de pilas y que disponen de siete teléfonos para su
contacto con el mundo exterior, porque ni los radios ni las pilas las
proporciona el Inpec, ni mucho menos los presos están en condiciones de pagar
un servicio de telefonía cuyo costo es superior al promedio del mercado, esto
sin contar con las deficiente calidad del servicio.
Bien saben ustedes que la gran mayoría de los reclusos
que están privados de la libertad en estos centros de reclusión provienen de
los estratos económicos más pobres (prueba de ello es que los peligrosos
delincuentes de cuello blanco y mente oscura, como los empresarios Nule no
hayan pisado un Eron), y apenas si logran sobrevivir en el día a día.
Dicho sea de paso, el sistema carcelario y penitenciario
no ofrece condiciones para que el interno genere sus propios ingresos bien sea
para él o sus familiares. Esto no obstante contar con un valioso recurso humano
con aptitudes para el trabajo en madera, cuero, fibras, papel y telares.
Desafortunadamente el ingreso de estos materiales cuyos
costos no solo corren por cuenta del preso sino que están restringidos y
sometido a las cadenas de corrupción de los funcionarios del Inpec.
Frente a estas graves situaciones los presos hemos
recurrido a mecanismos legales y constitucionales de Protección de derechos de
las personas privadas de la libertad. No obstante, cada vez son mayores los obstáculos
que interpone el Inpec para limitar e incluso bloquear el acceso a estos
recursos.
Así por ejemplo la dragoneante Sandra Franco adscrita a
la oficina jurídica no admite derechos de petición en los días regulares
desconociendo que este es un derecho que tiene todo ciudadano, consagrado en el
artículo 23 de la Constitución Nacional, y el cual le posibilita elevar
peticiones, quejas, reclamos, consultas y solicitar información.
Pero si los derechos de petición difícilmente son
recepcionados, menos aún podemos esperar respuesta a ellos, por lo que en
muchos casos nos vemos precisados a entablar acciones de tutela, y cuando a
través de ella logramos amparar nuestros derechos fundamentales,-
el Inpec se niega sistemáticamente a cumplir con lo
ordenado por el juez, por lo que se hace indispensable presentar un incidente
de desacato para garantizar su cumplimiento, generando un desgaste en la
administración de justicia.
Este procedimiento ha hecho tanta carrera entre los
funcionarios del Inpec, que algunos guardias a sabiendas que están afectando el
derecho de un interno, en el colmo del cinismo, desafían al preso para que
interponga una tutela que ampare dicho derecho.
Entre tanto lo “marcan” (señalan) con sus colegas, y
automáticamente suspende los beneficios a los demás internos del patio como
mecanismos de presión para que el preso retire la tutela, poniendo incluso en
peligro la integridad personal del denunciante.
En una actitud que nos recuerda los comportamientos de
los SS alemanes en los campos de concentración Nazi.
La experiencia nos muestra, general Ruíz Ramírez, que son
numerosos los recursos que las mismas directivas del Inpec utilizan para
castigar a aquellos presos que se atreven a denunciar las arbitrariedades
cometidas diariamente en los centros de reclusión, las cuales pueden ir desde
el traslado de cárcel –alejando al interno de su núcleo familiar y afectivo-
hasta la realización de falsos positivos dentro de los patios.
Este último mecanismo ha sido empleado contra el preso
político Willington Villarreal, a quién se le involucro en un supuesto plan de
fuga por el hecho de denunciar las agresiones físicas de que fue objeto por
parte del personal de guardia y custodia,-
sancionándole con la pérdida de 120 días de redención y
sometiéndolo a tratos inhumanos y degradantes como el de mantenerlo durante
seis días en una celda de tratamiento especial, sin luz eléctrica ni agua
potable, sin servicio sanitario, teniendo que defecar en una bolsa plástica.
Otro caso digno de recordarles es el del guerrillero del
ELN Isaid Alberto Angulo quién ha librado una titánica batalla jurídica contra
el Inpec, razón por la cual se le ha hostigado y estigmatizado al punto que en
una comunicación que usted, señor Augusto Ceballos, envió a la Defensora del
Pueblo (Regional Bogotá),
lo presenta de manera desobligante y temeraria como un
preso “social” que “desde el momento que llegó viene adoptando una actitud
desafiante, amenazante y de prevención, comportamiento que no ha sido posible
se preste para dialogar”.
¿En qué ha consistido la actitud desafiante y amenazante
de este preso político? ¿Acaso, en los centenares de derechos de petición y
tutelas que ha interpuesto para solicitar el amparo de sus derechos y el de sus
visitas,-
incluyendo una
denuncia por delito sexual ante la Fiscalía a funcionarios de las requisas
femeninas, que se extralimitaron en las mismas, y en la cual lo vinculó a usted
como director del Eron, por ser representante legal y no tomar las más mininas
medidas para contrarrestar el problema?
A raíz de esta serie de denuncias se le ha obstruido su
clasificación en mediana seguridad, recurriendo también a falsos positivos,
porque como le manifestara verbalmente la sargento Sonia del Consejo de
Evaluación y Tratamiento, SET, al mencionado presos que si seguía enviando
“papeles chimbos a la dirección general lo iba a clasificar cuando ella
quisiera.
En mi caso personal no solo he sido objeto de acciones
similares sino que mi calidad del Servidor Público ha sido reconocida para
aplicar medidas sancionatorias en mi contra (como la de inhabilitarme por trece
años para ejercer cargos públicos) mientras dicha condición ha sido desconocida
por ustedes para negarme beneficios como el de estar recluido en un
Establecimiento de Reclusión Especial (Eres).
Peor aún, he sido confinado en una estructura de máxima
seguridad atendiendo no a mi situación jurídica (Absuelto en primera instancia,
condenando por rebelión en segunda instancia y actualmente sujeto sud judise) sino
a los registros calumniosos de los medios oficiales de-
comunicación donde me señalan de ser “alias ´Jaime Cien
Fuegos´ Profesor de Sociología que hace parte de la Comisión Internacional de
las FARC”, como lo reconoce la subdirectora del Comeb, mayor Magnolia Angulo en
su carta de respuesta a una petición impetrada por la Fcspp.
¿Realmente creen ustedes que violando los principios
constitucionales e irrespetando la dignidad humana de las personas privadas de
la libertad podrán contribuir a la construcción de una paz estable y duradera
en el país?
Es hora ya que desde sus puestos de dirección replanteen
sus políticas represivas y las reorienten hacia políticas de contenido
humanista y social, que privilegien la concreción de los derechos humanos sobre
los temas de seguridad y de creación de nuevos centros penitenciarios que
desconocen los principios y buenas prácticas sobre las personas privadas de la
libertad.
General Jorge Luis Ramírez, Dr. Cesar Augusto Ceballos:
Como colombiano, como sociólogo, como preso político,
pero fundamentalmente como ser humano sensible al dolor y a cualquier
injusticia humana, me indigna estos atropellos que se vienen cometiendo en el Eron-Picota
y de más cárceles del país, bajo la mirada cómplice e indiferente de ustedes.
Por esta razón expreso mi decisión publica de sumarme a
la jornada de desobediencia y huelga de hambre indefinida, iniciada por los
prisioneros de guerra de las FARC – EP, que tiene como propósito la liberación
inmediata de los enfermos terminales y lisiados de guerra; al mismo tiempo que
acepto la responsabilidad que me ofrecen de ser uno de los voceros de esta
jornada.
Quisiera terminar esta misiva recordándoles las palabras
del escritor estadounidense y premio nobel de literatura, William Faulkner:
“hay ciertas cosas que no deben nunca consentirse: la injusticia, la afrenta,
la deshora, la ignominia. Ni por la fuerza ni por el dinero; simplemente hay
que negarse a consentirlas”.
Miguel ángel Beltrán Villegas
Preso político colombiano
Cárcel de máxima seguridad Eron-Picota
Bogotá, noviembre 9 del 2015