Terrorismo de Estado
Fallo de la CSJ contra presuntos criminales de la
Policía demuestra que la Justicia Penal Militar es sinónimo de impunidad
Por Camilo Raigozo. Notimundo
El pasado 22 de agosto la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia ordenó reabrir la investigación penal contra los presuntos
criminales Fabio Castañeda y Jorge Enrique Durán, general y mayor de la Policía
respectivamente, por su posible responsabilidad en la masacre de 20 indígenas.
La decisión del alto tribunal anuló la providencia del
Tribunal Superior Militar del 26 de julio de 1999, quien de forma descarada
había prescrito el caso en favor de los posibles delincuentes, lo que demuestra
una vez más que la llamada Justicia Penal Militar es sinónimo de impunidad para
los crímenes cometidos por militares y policías, especialmente de alto rango.
En adelante los dos sujetos deberán ser investigados por
los delitos de homicidio en concurso homogéneo y heterogéneo, homicidio en
grado de tentativa, porte ilegal de armas de uso privativo de la fuerza pública
y daño en bien ajeno.
La masacre fue perpetrada en 1991, luego de que indígenas
paeces trataran de recuperar la hacienda El Nilo, en Caloto, Cauca, empotrada
en sus territorios ancestrales arrebatados de forma violenta por terratenientes.
Los tenedores de la finca atacaron a los indígenas utilizando
paramilitares y policías, quienes quemaron los ranchos, obligaron a los nativos
a tenderse en el piso y los asesinaron con tiros de gracia con armas de uso
privativo de las Fuerzas Armadas.
Según el fallo de la Corte Suprema de Justicia la masacre
fue llevada a cabo con la complicidad de la Policía. Testimonios aseguraron
ante el alto tribunal que Castañeda, comandante de la compañía antinarcóticos con
sede en Caloto para la época y Durán tuvieron responsabilidad en lo hechos
sangrientos.
Tres semanas antes el Consejo de Estado ordenó que los
presuntos bandidos de la Policía paguen el 40 por ciento de la indemnización
que tiene que pagar el Estado a las víctimas, la cual asciende a más de 1.200
millones de pesos.
Actualmente por inciativa del ministro de guerra y
represión, Juan Carlos Pinzón, con la complicidad de congresistas
inescrupulosos adelantan un proyecto de ley para reformar el fuero militar con
el fin de garantizar impunidad a los crímenes de militares y policías,
especialmente de alto rango.
