Dabeiba, Antioquia
Denuncian graves violaciones a los derechos humanos y al
DIH por parte del Ejército
Por Camilo Raigozo. Notimundo
La Comisión de Derechos Humanos de Dabeiba denunció que
un estudio realizado de los últimos 10 años, arrojó como resultado una sistemática
y continua vulneración a los derechos humanos de la población, como también
graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
El informe encontró que si bien algunos índices sobre
violaciones han disminuido, en lo referente a ejecuciones extrajudiciales, torturas,
desapariciones y desplazamiento forzado, siguen presentando índices importantes.
El documento advierte que la alta tasa de impunidad continúa
sin mayores variaciones lo que conduce a que los crímenes se repitan con
frecuencia pues los agentes infractores saben que sus actuaciones delictivas
van a quedar en la impunidad.
“El sistema judicial y los organismos responsables de la
protección a los derechos fundamentales, como son la Personería, Defensoría del
Pueblo y Procuraduría, aún no han presentado un balance sobre la violencia que
se inició en 1997”, afirma la organización defensora de los derechos humanos.
Igualmente indica el texto enviado a Notimundo que los
anteriores organismos de control y vigilancia, incluyendo la Oficina en
Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han
sido inoperantes para defender los derechos humanos de la población, víctima de
los continuos abusos de la Fuerza Pública.
Denuncia el documento que los pobladores de La Balsita,
Camparusia, El Águila, La Mesa y el corregimiento de Urama, sufren
constantemente los atropellos de miembros de la Brigada Móvil 11 del Ejército, quienes
además los acusan de ser guerrilleros y los presiona para que se “desmovilicen”.
Las comunidades se quejan de que hay una práctica
generalizada y sistemática en la violación de los siguientes derechos: principio
de distinción entre combatientes y población civil; derecho al debido proceso y justa defensa, entre otros.
Así mismo denuncian que los labriegos son sometidos a interrogatorios
ilegales ya que no los realizan las autoridades judiciales competes lo que
conduce a la violación al derecho al debido proceso y a la presunción de
inocencia.
“Varios habitantes han sufrido detenciones ilegales
durante sus desplazamientos al casco urbano para aprovisionarse de alimentos y
demás elementos básicos para la supervivencia.
“Con el mismo ofrecimiento para que se desmovilicen, son llevados
a sitios apartados y a la estación de policía por hombres vestidos de civil que
se niegan a identificarse”, denuncia el documento.
Muchas de las detenciones ilegales han corrido bajo la
responsabilidad de un agente de la inteligencia militar llamado Carlos Almario.
Las graves violaciones han sido denunciadas de manera
formal ante la Defensoría del Pueblo y la Personería municipal sin que hasta el
momento exista acción alguna para garantizar los derechos y garantías de la
población.
Las persecuciones y detenciones ilegales han conducido a un
grave confinamiento y restricción de la libre movilidad de la población civil.
De igual manera representan una exposición directa de la
población a la represión por parte de las fuerzas paramilitares que operan en
el casco urbano de Dabeiba y en vías de acceso.
Los campesinos están preocupados porque el sujeto John
Castrillón, alias “Guacharaca”, fue incorporado al programa de desmovilizados
luego de que asesinara al campesino Juan Pablo Velásquez Benítez.
El Ejército utiliza al criminal en operativos por las
veredas donde el sujeto acusa a los campesinos de manera falsa de pertenecer a
las guerrillas.
En estos operativos de militares acompañados de sujetos
de civil a los que presenta como desmovilizados, detuvieron ilegalmente a siete
campesinos inocentes el año pasado, quienes permanecieron por más de ocho meses
privados de la libertad de manera injusta.
Las autoridades judiciales tuvieron que dejarlos en
libertad ya que el juicio estuvo rodeado de irregulares, a tal punto de que el fiscal Amín Mosquera fue removido del cargo
por violaciones a los debidos procesos y otras anomalías en las que incurrió,
según la denuncia.
Así mismo, entre las once de la noche del día 18 y la
mañana del día 19 de marzo de 2014, en la vereda El Jardín, el Ejército bombardeó
y ametralló de forma indiscriminada áreas civiles.
Estos bombardeos se realizaron a poca distancia de cuatro
viviendas civiles en las que se encontraban cuatro personas de avanzada edad,
una mujer embarazada y tres niños.
También salieron afectados cultivos de subsistencia
familiar y tres animales que han tenido que ser asistidos por veterinarios y
cuyos costos han tenido que ser asumidos por los propietarios.
Según la denuncia el bombardeo y los ametrallamientos infringieron
los principios de distinción y proporcionalidad, entre otros, poniendo en alto
riesgo la integridad de los moradores quienes se vieron seriamente afectados
por las ondas explosivas y el pánico.
Como consecuencia de la irresponsabilidad del Ejército en
los operativos fueron desplazados forzadamente tres menores de edad, una mujer embarazada
y su esposo.
