Presupuesto General de la Nación 2014
Por ser lesivo para el pueblo la senadora Gloria Inés Ramírez votó negativamente y dejó constancia de las arbitrariedades
Por Camilo Raigozo. Notimundo
La senadora Gloria Inés Ramírez presentó una Constancia
ante la plenaria del Senado donde anunciaba su voto negativo para la aprobación
del Presupuesto General de la Nación del próximo año, por ser altamente lesivo para el
pueblo debido a la disminución en la inversión social.
La senadora empezó por criticar que de los 203 billones
de pesos del presupuesto, 114,2 billones correspondan a gastos de
funcionamiento, 42,4 billones al servicio de la deuda y 46,3 billones a
inversión.
“Cabe destacar la alta destinación al pago de la
deuda y a seguridad y defensa (27, 7
billones), mientras que los avances en inversión social son mínimos”, expresó
la senadora en la constancia.
A continuación, apartes de la constancia radicada por la
senadora Gloria Inés Ramírez en la plenaria del Senado del 16 de octubre de
2013:
Constancia sobre el Presupuesto General de la Nación para
el año 2014
En relación con la aprobación en la sesión plenaria del
Senado de la República, del Presupuesto General de la Nación para la vigencia
fiscal del año 2014, en mi condición de Senadora de la República elegida por el
Polo Democrático Alternativo, me permito dejar la siguiente Constancia:
Ante la imposibilidad de hacer un examen exhaustivo de la
totalidad del Presupuesto General de la Nación, me limito a señalar algunos
aspectos que considero de especial importancia:
El presupuesto que está para aprobarse para la vigencia
de 2014 asciende a $203 billones de pesos.
De estos, $114,2 billones corresponden a gastos de
funcionamiento, $42,4 billones al servicio de la deuda y $46,3 billones a
inversión. Cabe destacar la alta destinación al pago de la deuda y a seguridad y defensa ($ 27, 7 billones),
mientras que, como lo veremos más adelante, los avances en inversión social son
mínimos.
En efecto, contrario a lo que ha afirmado el Gobierno
Nacional, dicha inversión no representa un aumento para el próximo año, pues la
inversión es mucho menor que el año pasado: en 2013 fue de 6,1%, mientras que
en el 2014 será de 5,3% con respecto del PIB, lo que implica una
desfinanciación de la política social.
Otro aspecto a resaltar, es que la mayor parte de la
inversión social se orienta a la financiación de programas asistencialistas,
entre ellos, familias y jóvenes en acción ($1,8 billones), que son utilizados
por el Gobierno para hacer clientelismo y politiquería con fines electorales.
En cuanto a la educación, el presupuesto total disminuye,
dado que en 2013 correspondió a 15,7% del porcentaje total del presupuesto
mientras que en 2014 representará el 14,9%.
Estas cifras comparativas constatan, una vez más, que las
prioridades del Gobierno Nacional no están en este sector, lo cual es
deplorable en la medida en que Colombia tiene uno de los gastos públicos en
educación más bajos en América Latina y es uno de los países que menos invierte
por estudiante.
Hay una reducción del presupuesto de los programas
denominados servicios complementarios de la educación, que pasan de
representar el 2,5% en 2013 al 1,5% en
2014.
En estos rubros están incluidos elementos indispensables
de la prestación de los servicios educativos, como la financiación de
constancias de estudio, el mantenimiento de equipos, las salidas pedagógicas y
los seguros estudiantiles, entre otros.
Su reducción implica transferirles estos costos a los
padres de familia, en perjuicio de las finanzas familiares.
De igual manera, disminuyen notablemente los recursos
asignados al Sistema General de Participaciones, administrados por el
Ministerio de Hacienda que pasan de $ 771 mil millones en 2013 a $446 mil
millones en 2014,-
lo que repercutirá en la desfinanciación de la educación
básica, media y secundaria en las regiones y
traerá como consecuencia la ampliación de la brecha de las oportunidades
educativas entre los jóvenes de las zonas rurales y urbanas.
En cuanto a las universidades, hay una asignación de
apenas 3,2 billones de pesos para inversión, que significa un aumento ínfimo
con respecto al presupuesto de 2013 y que en términos de PIB representa sólo el
0,3%, que en nada contribuye a saldar la deuda del Estado con la Educación
Superior.
También disminuye la participación porcentual de la
inversión en ciencia y tecnología e innovación, que de 1,1% en 2013 pasa a 1,0%
en 2014, lo que ubica a nuestro país como uno de los de más precaria
destinación de recursos a este sector que es fundamental para nuestro
desarrollo nacional.
El presupuesto destinado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
en 2014 es de 1.430 millones de pesos, que, con respecto al PIB, implica una
inversión de sólo 0,2%, que es la misma de 2013.
En términos generales, hay una disminución del
presupuesto de educación con respecto al PIB, pues en el 2013 representa el
3,1% y en el 2014 será apenas del 3%, cifras que resultan deplorables si se
tiene en cuenta que Colombia tiene uno
de los gastos públicos en educación más bajos de Iberoamérica, en donde el
promedio de destinación es del 5,7%.
De otra parte, el Estado colombiano adoptó la Política de
Equidad de Género para las Mujeres, y en el Conpes Social 161 de 2013 proyectó
un plan de financiación que estableció que en 2014 se requerirán $ 1.026
millones de pesos para cumplir con las metas planteadas.
En el presupuesto de 2014 no existe una clara y precisa
identificación de los recursos que deberán invertirse para la ejecución de los
programas y el cumplimiento de las responsabilidades del Estado en materia de
equidad de género.
En momentos en que se adelanta un proceso de
conversaciones de paz y cobra especial importancia la situación de las
víctimas, el proyecto de presupuesto destina inicialmente $6,8 billones para la
población víctima de la violencia, distribuidos así:
$2,9 billones para asistencia, $1,8 billones para
reparación, $1,5 billones para atención y $584 mil millones para funcionamiento
y fortalecimiento de las instituciones del Sistema Nacional de Atención y
Reparación a las Víctimas.
De estas cifras se desprende que hay una clara tendencia
a privilegiar el asistencialismo mientras se destinan montos precarios para la
atención en salud y educación y para la reparación
a las víctimas.
El presupuesto asignado es mucho menor a los $13.5 billones
de pesos que calculó el Conpes 3712 como necesarios para que pudiera cumplirse
la Ley 1448 de 2011 en materia de indemnización administrativa, subsidio de vivienda
y demás programas.
La Contraloría General de la República, por su lado, ha dicho que los recursos son insuficientes para
cumplir con la reparación integral de
las víctimas del conflicto.
La Comisión de Seguimiento al Desplazamiento Forzado
también ha advertido que los recursos asignados para la reparación y
restitución han sido insuficientes dado que el valor total del daño emergente
representado por los bienes perdidos se estimaba en alrededor de $8,4 billones
en 2008,-
cifra que equivalía al 0,65% del PIB, en tanto que el
lucro cesante de la tierra llegaría a unos $44,6 billones, por lo que, los
escasos recursos contemplados en el presupuesto
para las indemnizaciones no se
compadecen con la magnitud de los daños
sufridos por las víctimas.
Además, las cifras de las víctimas siguen en crecimiento.
Un estudio de CODHES indica que 256.590 personas tuvieron que desplazarse en el
año 2012 para proteger sus vidas. A diciembre de ese año, las víctimas
acumuladas desde 1985 sumaban 5,7 millones de personas.
En lo que respecta a las cárceles, el Presupuesto General
de la Nación asigna solamente $ 200 mil millones de pesos para inversión, suma
que es insignificante frente a las condiciones inhumanas y degradantes a las
que son sometidos más de 120 mil internos y que llevó a las autoridades del
INPEC a declarar la “emergencia carcelaria”,-
sin que
transcurridos varios meses de su implementación haya resultados tangibles para
adoptar medidas como las que han propuesto el Defensor del Pueblo o el
Presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con
el fin de resolverla.
Sobre los anteriores temas me permití presentar a la
Comisión Accidental de Presupuesto varias observaciones y propuestas de
modificación que no fueron tenidas en cuenta porque lo que se impuso fue el
criterio gubernamental.
Además, considero
que el Presupuesto Nacional presentado a la sesión plenaria del Senado de la
República para su aprobación, demuestra una vez más, la evidente contradicción
del gobierno entre las palabras y los hechos,-
pues al tiempo que manifiesta su preocupación por atender
los problemas sociales niega los recursos presupuestales necesarios para que
sea posible resolverlos, por lo que anuncio que votaré negativamente el citado
Presupuesto.
GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS
Senadora de la República por el P.D.A.
Bogotá, D.C., octubre 16 de 2013
