Gloria Inés Ramírez le pide a Santos respetar las protestas sociales,
los acuerdos y los diálogos de La Habana
Por Camilo Raigozo. Notimundo
La senadora Gloria Inés Ramírez en una dura carta al
presidente Santos le pide que respete las protestas sociales, los acuerdos
firmados con quienes protestan y los diálogos con la insurgencia de las FARC EP
que se desarrollan en La Habana.
Igualmente le expresa que las protestas sociales que se
vienen desarrollando en Colombia son justas e indican en alto grado de insatisfacción
popular con sus políticas económicas,
sociales y militares.
“Mientras el Gobierno dice respetar la protesta social,
las movilizaciones sociales son salvajemente reprimidas, por la Fuerza Pública,
especialmente por el Esmad, con saldo de muertos, heridos y detenidos”, dice un
aparte de la misiva.
Del mismo modo Ramírez critica los temerarios
señalamientos y estigmatizaciones por parte del Presidente y altos funcionarios
de su gobierno contra las movilizaciones sociales, la Marcha Patriótica, el Partido
Comunista, sindicalistas y defensores de derechos humanos, entre otros, a los
cuales señala de tener nexos con la insurgencia, lo cual incita a un nuevo
genocidio político, como ocurrió contra la Unión Patriótica.
A continuación transcribimos el texto íntegro de la carta
de la senadora Ramírez al presidente Santos:
Bogotá, D. C. 22de octubre de 2013
Doctor
Juan Manuel Santos Calderón
Casa de Nariño
Bogotá D. C.
Señor Presidente:
Con mi saludo cordial me dirijo a usted para manifestarle
algunas preocupaciones que me embragan respecto a la actitud del gobierno en el
proceso de conversaciones de La Habana y del tratamiento que le viene dando a
los conflictos sociales.
En varias ocasiones lo he escuchado citar enseñanzas del
líder Nelson Mandela, nacidas de las experiencias de negociación que condujeron
a la abolición del apartheid y la instauración de la democracia en Suráfrica.
Mandela tuvo que enfrentar dificultades inmensamente
mayores que las que se han presentado en nuestro caso.
A manera de ejemplo, cito el asesinato en 1993 de Chris
Hani, secretario general del Partido Comunista de Suráfrica, segunda figura en
importancia en el Congreso Nacional Africano y amigo entrañable de Mandela que
puso a pender de un hilo las posibilidades de paz.
En vez de expresar sentimientos de odio o venganza o de
proferir insultos, sus palabras fueron: “Hago un llamamiento, con toda la
autoridad de la que dispongo, a toda nuestra gente para que permanezca en calma
y honre la memoria de Chris Hani comportándose como una fuerza de paz
disciplinada”.
El arzobispo anglicano Desmond Tutu, Premio Nobel de Paz,
dijo sobre este hecho: “Fue uno de los momentos más desoladores, y la ira
popular se podía palpar. Si Nelson no hubiera hablado en televisión y en la
radio, como lo hizo…nuestro país hubiera estallado en llamas”.
Para Mandela, el objetivo supremo de la paz subordinaba
todo lo demás. Fue, justamente, la correspondencia entre las palabras y los
hechos y el respeto irrestricto por los adversarios lo que le dio a Mandela una
inmensa credibilidad no solo entre la población negra, sino en la mayoría de
los blancos.
Sus dirigentes son descalificados con toda clase de
epítetos y se ofrece una tenaz resistencia a una salida negociada a los
conflictos o simplemente se incumplen los acuerdos suscritos, todo lo cual
plantea el interrogante de ¿qué tan real puede ser la voluntad de paz de un
gobierno que responde de manera intransigente y brutal las justas demandas de
la población?
La protesta, señor Presidente, no solo es un derecho
democrático, sino un instrumento que mide el grado de satisfacción de la
sociedad con el régimen establecido.
Donde la gente está satisfecha no hay protestas o son muy
escasas; donde hay insatisfacción, la represión puede impedirlas por algún
tiempo, pero, a la larga, la acumulación de problemas conduce a estallidos
sociales inevitables.
El respeto a la protesta no consiste simplemente en
abstenerse de utilizar la fuerza; es, ante todo, atender los reclamos y
resolver los problemas.
Dialogar no es limitarse a intercambiar opiniones o
puntos de vista con los demás; el diálogo que no se traduce en soluciones es
una farsa.
Como sobreviviente de la Unión Patriótica, militante del
Partido Comunista y militante de la Marcha Patriótica, no puedo pasar
inadvertidos los frecuentes improperios de altos funcionarios del Estado contra
estas organizaciones y las burdas falsificaciones que se hacen de su historia y
de su política.
La aparición de las FARC y otros movimientos guerrilleros
no fue una invención malévola de los comunistas.
Se debió al abandono y a la violencia militarista de que eran
y siguen siendo víctimas los campesinos, a la tremenda injusticia social que aún
persiste y a la instauración del llamado Frente Nacional que impuso el dominio
del bipartidismo y excluyó a las demás fuerzas políticas de las posibilidades
de competir legalmente por el poder.
Desde muy temprano el Partido Comunista definió como su
posición la salida política al conflicto mediante una negociación que atacara
las causas que habían originado la confrontación, y se ha mantenido en ella a
lo largo de muchos años.
La Unión Patriótica fue creada en 1985 como uno de los
resultados de los Acuerdos de la Uribe firmados el año anterior entre el
gobierno de Belisario Betancur y las FARC.
Participó por primera vez en las elecciones de 1986
obteniendo una votación significativa que le permitió elegir 14 congresistas y
un considerable número de diputados y concejales.
El éxito electoral de la UP desató una oleada de
exterminio de sus dirigentes y militantes, que se había iniciado desde tiempo
atrás, pero que ahora se expresaba con toda su furia y que tenía como objetivo
impedir a toda costa impedir el avance de un movimiento que se proyectaba como
auténtica alternativa política para el pueblo colombiano.
Era la repetición de la vieja y criminal táctica de la
ultraderecha de eliminar a los opositores políticos para mantenerse en el
poder, que se reeditó después con la “parapolítica”.
Para tratar de justificar o al menos explicar la matanza,
los ideólogos de la extrema derecha y el militarismo urdieron, entonces, la
teoría de que los autores de los crímenes eran las bandas paramilitares que
habían nacido como reacción de determinados sectores a los desmanes de la
guerrilla.
Según ellos, las FARC tenían un brazo político que era la
Unión Patriótica, para la participación electoral, de manera que practicaban la
“combinación de las formas de lucha”, es decir, la utilización simultánea de las
formas lucha legales e ilegales y ahí radicaba la causa del exterminio.
De esta manera las víctimas quedaron como culpables de su
propia tragedia o, peor aún, fueron convertidas en victimarias, mientras a los
verdaderos responsables los amparaba un espeso manto de impunidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó al
exterminio de la Unión Patriótica como un genocidio político del que hizo
responsable al Estado colombiano.
Sin embargo desde distintos sectores se siguen repitiendo
las mismas falsificaciones de la verdad histórica sin el más mínimo pudor.
He hecho este breve recuento porque desde que apareció la
Marcha Patriótica se emprendió contra ella una campaña similar a la que se hizo
contra la Unión Patriótica.
El ministro de Defensa y otros altos funcionarios
gubernamentales hablan una y otra vez de los nexos de las FARC y la Marcha
Patriótica.
No hay protesta social en la que el Gobierno no vea la mano perversa de los guerrilleros,
en especial de las FARC, y de los hechos vandálicos de Bogotá se acusa a Marcha
Patriótica.
Como ocurrió en el caso de las Unión Patriótica, no se
exhibe ni una sola prueba concreta; simplemente se hacen sindicaciones
dirigidas a ocultar las causas reales de los problemas y manipular a la opinión
pública, situación que es aprovecha por el paramilitarismo para proferir
amenazas de muerte,-
como acaba de ocurrir con el Polo Democrático
Alternativo, la Marcha Patriótica, el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo y
otras organizaciones y personas, entre las cuales me encuentro incluida, que de
nuevo hemos sido declarados “objetivos militares permanentes”, por la banda
paramilitar “los rastrojos”.
Ojalá el gobierno tome en serio estas amenazas que,
además de poner en riesgo la vida de numerosos dirigentes políticos de
oposición, sindicalistas y defensores de derechos humanos, están dirigidas,
igual que en experiencias anteriores, a crear un clima de zozobra que dé al traste con el proceso de paz que se
desarrolla en La Habana.
Por último, señor Presidente, soy de la opinión de que,
por encima de las diferencias ideológicas y políticas, debe observarse un
comportamiento respetuoso entre los interlocutores de la Mesa de Conversaciones,
y a ese propósito en nada contribuye el lenguaje belicista y los frecuentes
insultos y descalificaciones contra la guerrilla, que poco o nada se diferencia
del que utilizan los sectores más extremistas de la derecha.
Lo único que se consigue con esos procederes es ayudarles
a los enemigos de la paz en su tarea de sembrar la confusión y el escepticismo
y socavar el apoyo popular, que es fundamental para que el proceso termine
exitosamente.
La Unión Patriótica, la Marcha Patriótica y el Partido
Comunista Colombiano, lo mismo que muchas organizaciones políticas y sociales y
millones de colombianos respaldamos, respaldamos firmemente las conversaciones
de La Habana, estamos por la paz y no por la guerra.
Demandamos del Gobierno las garantías a que tenemos
derecho para el ejercicio de nuestra actividad política.
Esperamos que haya coherencia entre los propósitos de paz
que se manifiestan de palabra y los hechos y reafirmamos nuestra petición a las
partes en el sentido de que no se levanten de la mesa hasta tanto no logren el
Acuerdo Final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Atentamente
Gloria Inés Ramírez Ríos
Senadora de la República elegida por el PDA
Foto 2 de Mochila Ambulante, joven herido con tiro de fusil disparado por las fuerzas represivas del régimen (Ejército y Policía)
