Gloria Inés Ramírez respalda a la CUT y Anthoc
Por Camilo Raigozo. Notimundo
La central Unitaria de Trabajadores, CUT y la Asociación
Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, Seguridad
Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia Anthoc,-
denunciaron por
diversos métodos, entre ellos un afiche, a varios congresistas de la Comisión
Séptima del Senado, a quienes señalan de legislar, en la reforma a la salud, en
contra del pueblo colombiano.
En las denuncias la CUT y Anthoc le piden a la ciudadanía
no apoyar a estos congresistas con su voto en elecciones venideras.
Algunos de los legisladores mencionados por las dos
agremiaciones se quejaron de los señalamientos y los calificaron de
"panfletos" mentirosos. Así mismo señalaron que el PDA podría estar
detrás de los mismos.
Sin embargo la senadora Gloria Inés Ramírez,
perteneciente a esa célula legislativa respaldó las denuncias de la CUT y de
Anthoc y afirmó que estas son ciertas. Así mismo dejó constancia de sus
afirmaciones en el Congreso de la República.
A continuación el texto de la constancia de la senadora:
Constancia de
respaldo a las denuncias de la CUT y de Anthoc
Teniendo en cuenta que un grupo de congresistas de la
Mesa de Unidad Nacional pertenecientes a la Comisión Séptima de Senado ha
anunciado que dejará una constancia en la sesión plenaria de la Corporación,
rechazando una denuncia pública hecha por la Central Unitaria de Trabajadores
de Colombia CUT y la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores
Públicos de la Salud,-
Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de
Colombia Anthoc, bajo el supuesto de que dicha denuncia falta a la verdad por
cuanto los acusa injustamente de haber votado normas lesivas para los
trabajadores y la población y afecta su buen nombre como congresistas, me
permito dejar la siguiente
Constancia
1. Lo aprobado
en la Ley Estatutaria de la Salud, con el voto afirmativo de ellos, y el
contenido del proyecto de ley ordinaria que cursa en el congreso y que también
cuenta con su respaldo, demuestran que las denuncias de las organizaciones
sindicales son ciertas, para lo cual basta con remitirse a la letra de las
normas aprobadas o proyectadas.
El capítulo VI de la ley ordinaria, que se refiere a los
Gestores de Servicio de Salud, lo que hace es mantener las EPS con otro nombre
para continuar la intermediación financiera, que es ampliamente reconocida como
una de las principales causas de la crisis de la salud y, por lo mismo, es
completamente cierta la afirmación de que la reforma significa “Más negocio
financiero con la salud de los colombianos”.
De acuerdo con el artículo 26 del proyecto de ley
ordinaria, sólo hay un recorte parcial de los copagos y cuotas moderadoras, de
manera que en muchos se mantienen como barreras de acceso a los servicios de
salud.
El artículo 20 del Proyecto de Ley, dice que “Se
establecerá un listado de servicios y tecnologías excluidos de Mi-Plan, de
acuerdo con los criterios definidos en el presente capitulo”, lo que quiere
decir que los denunciantes tienen toda la razón cuando afirman que hay
“Exclusiones expresas en el derecho a la salud”.
La Ley Estatutaria estableció claramente un procedimiento
previo cuyo objetivo no es otro que imposibilitar el acceso a la Acción de
Tutela para proteger el derecho a la salud.
EL capítulo VIII del proyecto de ley les entrega a los
alcaldes y gobernadores la facultad de nombrar al personal de dirección,
conducción y orientación institucional, entre ellos, los directores y gerentes
de los hospitales públicos, lo que dará lugar a las prácticas de clientelismo
suficientemente conocidas en el país.
En el campo laboral, el proyecto de ley incluye una
reforma que crea una nueva clasificación de trabajadores denominada “servidores
de la salud”, que serán contratados a término fijo y sin ninguna garantía de
estabilidad, lo cual conllevará la supresión de los trabajadores oficiales, la
masacre laboral de más de 30 mil y el libre nombramiento y remoción de 250 mil,
con el agravante de que lo que pretende la reforma es legalizar la burla que se
viene haciendo a las sentencias de la Corte Constitucional en esta
materia.
2. Tanto en el
caso de la Ley Estatutaria como en el del proyecto de ley ordinaria, se repite
la vieja práctica de algunos parlamentarios que por fuera de los recintos del
Congreso echan discursos para congraciarse con los trabajadores y la opinión
pública, pero cuando se trata de decidir sobre el contenido de las leyes,
contradicen sus palabras y votan lo que les diga el gobierno.
3. La reforma
aprobada y la que está en trámite, no son más que la reedición de las
fracasadas reformas a la salud y la seguridad social que se iniciaron con la
ley 100 de 1993 y que se han repetido durante 20 años, con el resultado de que
la salud atraviesa hoy una de las más profundas crisis de su historia.
4. Tal como lo
anticipamos respecto de las reformas anteriores, ahora estamos en condiciones
de asegurar que la única solución de fondo al problema de la salud es
rescatarla de las manos de los mercaderes que la han convertido en un negocio,
lo que implica derogar la ley 100 /93 y construir una nueva reforma, mediante
un proceso democrático y participativo que le devuelva el carácter de derecho
humano fundamental.
En consecuencia, no solo respaldamos las denuncias hechas
por la CUT y Anthoc, por cuanto, como lo hemos demostrado, corresponden a la
verdad, sino que llamamos al congreso a tener coherencia entre las palabras y
los hechos y a legislar a favor de los intereses del pueblo y no de los
intereses de los negociantes.
Gloria Inés Ramírez Ríos
Senadora de la República elegida por el PDA
