Las transnacionales Enel, Endes, Emgesa y el Mads, a
juicio por ecocidas
Enel, Endesa y Emgesa, especializadas en
autoproclamarse ejecutoras ejemplares de
los principios de la
"Responsabilidad Social Empresarial", en connivencia con el
Ministerio de Ambiente y-
Desarrollo Sostenible, Mads, son procesados por responsabilidad fiscal por parte de la
Contraloría General de la Nación por detrimento patrimonial que supera los 350
mil millones de pesos (cerca de 200 millones de dólares).
Además, se dio traslado a la Procuraduría General de la
Nación para efectos disciplinarios y la Fiscalía General adelanta investigación
contra los responsables del delito de “Daños Ambientales”.
Los costos de los daños causados (US$ 200 millones) son
superiores a la inversión que Emgesa está obligada a realizar por
compensaciones sociales y ambientales-
y equivalen aproximadamente a la cuarta
parte de la inversión que demanda el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo,
calculada en 830 millones de dólares.
Asoquimbo, mediante estudios de seguimiento y control al
Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo había demostrado la existencia de una crisis
humanitaria-
causada por la destrucción de las cadenas productivas y la
seguridad alimentaria, el desplazamiento estatal, el desempleo, el daño de los
ecosistemas, las afectaciones psicosociales,-
la ruptura de los tejidos
sociales, daños al Patrimonio Arqueológico y la vulneración de todos los
derechos fundamentales de los afectados y el derecho colectivo al medio
ambiente sano.
De acuerdo con la valoración de los hechos y las pruebas,
la Contraloría General precisa los costos por afectación a la “movilidad;
pérdida de la productividad marginal de la tierra;-
vertimientos de material al
río Magdalena; incumplimientos en la realización de revegetalización; retrasos
en la restitución de empleos asociados-
a las zonas productivas y en la
restauración de los servicios ambientales de los bosques; e impacto ambiental
sobre la fauna y la flora”.
Fulvio Conti, director de la Italiana Enel, accionista de
Emgesa, sostuvo en la reciente Junta General de Accionistas realizada en Roma,
el 30 de abril de 2012, que su empresa se caracterizaba por ser-
responsable y
por cumplir estrictamente con lo establecido en la Licencia Ambiental y las
normas, razón por la cual el Gobierno
Colombiano estaba obligado a garantizarle la seguridad jurídica y,-
en
consecuencia, expresó que compartía el desalojo de las personas que se
encontraban, según Conti, “invadiendo predios de las obras del Quimbo”,-
cuando
en realidad eran pescadores que realizan su oficio en su hábitat natural, el
río Magdalena y estaban exigiendo el cumplimiento de la Licencia Ambiental.
Ahora que han sido vinculados a los procesos de
responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal por ecocidas, Enel, Endesa,
Emgesa, y el Mads
¿estarán dispuestos a
reparar el daño suspendiendo definitivamente el proyecto hidroeléctrico y a
indemnizar por las afectaciones a la Nación, al Huila y a las comunidades?
¿Continuarán las obras burlándose de la Constitución y la Ley, acudiendo al
poder del dinero y a la laxitud de altos
funcionarios?
Con la fuerza de los argumentos y la resistencia civil,
Asoquimbo continuará la defensa del Territorio y por una política minero
energética soberana y autónoma.
