Seguridad narcocrática/Por Fundación Comité de Solidaridad con los Presoso Políticos
Los jóvenes Yimmi Alexander Ortiz Tavera y Didier Lasso Delgado, quienes frecuentaban el centro de Bucaramanga, donde eran conocidos por su consumo habitual de sustancias alucinógenas, desparecieron el 10 de febrero de 2005 en horas de la mañana.
El 11 de febrero de 2005 un informe oficial del Ejército Nacional dio cuenta del desarrollo de la operación militar “Furia”, “misión táctica uno”, en la que supuestamente una patrulla contraguerrilla del-
Batallón de Infantería No. 14 Capitán Antonio Ricaurte de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, Segunda División, dio de baja a dos “terroristas de la cuadrilla Manuel Gustavo Chacón de la ONT ELN” en la vereda San Silvestre del municipio de Lebrija.
Los militares consignaron en su informe, que estas a personas le fueron encontrados una pistola 9 mm marca Reyco con nueve cartuchos, una pistola calibre 380 con cartuchos y una granada de mano m-26; ambos cuerpos fueron presentados con prendas militares y botas de caucho.
Desde ese día la madre de una de las víctimas inició su lucha por obtener la verdad de lo ocurrido y exigir del estado Colombiano el castigo de los responsables de la muerte de su hijo.
Inicialmente el proceso penal fue asumido por la Justicia Penal Militar, pero debido a las evidentes inconsistencias y dudas que surgían de la versión de los miembros del Ejército posiblemente implicados, por petición de la parte civil, el caso fue enviado a la justicia ordinaria, donde se continuó con la investigación.
Es así como el 28 de noviembre de 2011, la fiscalía 65 especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y derecho internacional humanitario de Bucaramanga, al momento de definir la situación jurídica, decidió imponer medida-
de aseguramiento consistente en detención preventiva contra los militares Cesar Augusto Hernandez Perez, Fernando Cortés Villamizar, Nelson Enrique Villamil, JonethGelves Galván, Humberto Monsalve y Felio Fernando Adrada Araujo.
Las víctimas eran personas humildes que habitaban las calles de Bucaramanga; Jimmi Alexander tenía 28 años de edad, nació en Floridablanca, Santander; estudió hasta quinto primaria, fue el tercero de tres hermanos, soltero; era vendedor ambulante de tijeras, destornilladores e incienso, vivía con su mamá en Piedecuesta.
La mayor parte del tiempo estaba en la calle, tenía problemas de adicción avanzada a los alucinógenos, estuvo internado en dos centros de rehabilitación; en octubre de 2004 fue detenido y permaneció un año y un mes en la cárcel Modelo de Bucaramanga condenado por delitos consagrados en la ley 30 (tenencia de estupefacientes).
Desde el 19 de noviembre de 2004, cuando recobró su libertad, hasta febrero de 2005 deambuló por las calles de Bucaramanga consumiendo drogas, pidiendo dinero y durmiendo en los andenes. Su lugar de permanencia era principalmente entre la carrera 17 con calle 24, en pleno centro de Bucaramanga, sector en el que era ampliamente conocido.
Didier Lazzo Delgado tenía 25 años de edad, soltero, vendía lapiceros en los buses; vivía con su mamá pero la mayor parte del tiempo la pasaba en la calle, también era consumidor avanzado de alucinógenos. Era amigos de Jimmi Alexander Ortiz Tabera.
Esta importante decisión judicial se adopta en momentos en que el Gobierno de Juan Manuel Santos pretende reforzar el fuero militar a través de la “ley de reforma a la justicia” en la que se “presume” que todos los delitos cometidos por la fuerza pública, incluidos las ejecuciones extrajudiciales,-
guardan “relación con el servicio con las operaciones” militares; lo que en la práctica significa que hechos como estos corren el riesgo de regresar de nuevo a la Justicia penal militar, jurisdicción fuertemente cuestionada por ser una institución que promueve la impunidad en crimines de lesa humanidad.
A la sociedad colombiana, a las víctimas de crímenes atroces como sin duda alguna lo son la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, a la comunidad de defensores de derechos humanos y a la humanidad en general, nos corresponde fortalecer la lucha por la verdad, a la justicia y las garantías de no repetición,-
a la vez que se rechazan todas aquellas prácticas que buscan institucionalizar la impunidad. Por esta razón hacemos un llamado a la unidad, organización y movilización contra la propuesta de gobierno de reformar la constitución para ampliar el fuero militar.
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